Es por los carteles en vía pública en 2014, antes de que lo permita la ley electoral; también pidió información a la ANAC sobre vuelos privados de precandidatos
La campaña electoral anticipada que lanzaron algunos precandidatos con cartelería en la vía pública, que investiga la Justicia, complicó también a un actor secundario pero importante en el proselitismo electoral. Las agencias de publicidad y empresas que poseen licencias de carteles de vía pública fueron intimadas el viernes por la Justicia al advertir que al prestar sus servicios para fines electorales fuera del período legal podrán ser sujetos de acciones judiciales con perjuicios económicos y penales."Debe advertirse que las campañas para las elecciones primarias del próximo 9 de agosto inician legalmente 30 días antes del acto electoral, de modo que sólo serán lícitas desde el 10 de julio", indica el oficio emitido el viernes por la Cámara Nacional Electoral. El documento fue enviado a seis asociaciones que nuclean a más de 500 empresas. El texto, fechado el 13 de marzo, concluye: "Para el caso de infracción a las normas transcriptas, la legislación prevé la instrucción de procesos judiciales que pueden derivar en sanciones de tipo penal y/o económico".
El oficio fue sólo una formalidad. La Cámara Electoral convocó el jueves a las asociaciones que agrupan a los agencias de publicidad y los licenciatarios de carteles en vía pública para advertirles sobre la situación. El fiscal Jorge Di Lello, a cargo de los temas electoral, también participó del encuentro. Fue, incluso, el más contundente a la hora de advertir sobre las consecuencias penales que podrían sufrir por prestar servicios para la campaña anticipada y anticipó abiertamente que impulsará cada caso que reciba con este delito. Ante esta advertencia, las asociaciones pidieron ayuda a las autoridades. ¿El principal problema? Diferenciar entre la publicidad oficial (de actos de gobierno) y el proselitismo electoral, una línea demasiado delgada que incluso a muchos especialistas les cuesta entender. Según pudo saber LA NACION, las autoridades judiciales les pidieron que utilizaran el "sentido común" para detectar casos de campaña anticipada. "Fue una suerte de gentil última advertencia", interpretó un representante de estas empresas que contratan los políticos para mostrarse en la vía pública. Por último, las asociaciones alegaron también que sufren presión por parte de caciques territoriales en distintas zonas del país distantes de la ciudad de Buenos Aires. "No sucede con las empresas más grandes, pero sí con propietarios de carteles que tienen una centena de espacios. La presión es tal que no hay forma de decir que no", reveló otra fuente del sector. Los dueños de los carteles de publicidad en vía pública son los mayores beneficiarios desde que entraron en vigencia los cambios en la normativa de financiamiento electoral realizados en 2009, ya que desde ese momento la publicidad en medios audiovisuales, que era la mayor tentación de los políticos para invertir en publicidad, quedó regulada por el Estado.
El Diario LA NACION publicó el 17 de noviembre de 2014 un detallado informe sobre los carteles proselitistas de distintos candidatos expuestos en la vía pública en las autopistas de acceso a la Capital. Cuando faltaba más de un año para las elecciones, los carteles instalados sobre el anillo de autopistas y avenidas que rodean a Buenos Aires representaban llamativos desembolsos de dinero para financiar campañas provinciales y nacionales. Las gigantografías que exhibían los candidatos costaban, a fines de 2014, hasta $ 150.000 por mes. La Justicia entonces citó a los apoderados de las fuerzas políticas nacionales para advertirles sobre las reglas establecidas por la ley con respecto a los plazos para realizar campaña, que comienzan recién 30 días antes de cada elección. La Cámara Electoral, además, pidió en diciembre información a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) sobre los vuelos privados de campaña, uno de los ítems en el que más dinero gastan los candidatos presidenciales. El organismo todavía no respondió dicha requisitoria.
LA CAUSA. La jueza María Romilda Servini de Cubría no le dio trámite la semana pasada a la causa impulsada por el fiscal Di Lello que sostenía que distintos candidatos habían incurrido en irregularidades al hacer publicidad electoral antes de lo establecido por la ley. El fiscal, que dio impulso a una denuncia realizada por el Partido Socialista, apeló la resolución de la jueza y pidió que se retiren los carteles de los partidos políticos que se exhiben en la vía pública mientras son investigados por la campaña anticipada.
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