DE QUIEN SON LOS PROSTIBULOS EN TUCUMAN?

En San Miguel de Tucumán existen 32 prostíbulos habilitados por la Municipalidad capitalina y el Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA) bajo la fachada de bares. En algunos hay stripers, por lo cual son catalogados como bares con espectáculos. Según fuentes extraoficiales, la mayoría de los dueños de los prostíbulos son policías, algunos retirados y otros en actividad. Carlos Garmendia, abogado de la Fundación María de los Ángeles declara que “en la actualidad no se aplica la ley 12.331 que prohíbe explícitamente el establecimiento de casas o locales donde se ejerza la prostitución o se incite a ella. Esta ley prevé multas en una primera oportunidad, y en caso de reincidencia las penas llegan a prisión”. Además, existen legislaciones como el artículo 126 del código penal de la Nación que condena a “quien con ánimo de lucro o para satisfacer deseos ajenos promoviere o facilitare la prostitución”. Pero la realidad se presenta de otra manera. “Los prostíbulos en Argentina funcionan en todas partes, a pesar de que están prohibidos por leyes nacionales y por la Convención Contra la Trata y Explotación de la Prostitución Ajena, que fue firmada y ratificada por nuestro país. Producto de las complicidades es muy difícil llegar a los grandes jefes de las redes de prostitución, a los funcionarios, a los empresarios y los comisarios que participan del negocio. Las leyes que se aplican son únicamente aquellas que sirven para reprimir a las mujeres que se encuentran en situación de prostitución, o para proteger de forma velada a los proxenetas” explicó Cecilia, de la agrupación feminista Las Lilith. En Tucumán los prostíbulos están concentrados principalmente en varias zonas. Por un lado, en “El Bajo”, que surgió como “zona roja”, dado que allí se hallaba la ex estación de trenes y más tarde la ex Terminal de ómnibus. Otro foco donde se agrupan muchos prostíbulos es en las calles Marco Avellaneda al 500, 600, Corrientes 1300 y Suipacha al 500. El marco legal con el que funcionan estos sitios es brindado por la Municipalidad y el IPLA. Sólo con una pregunta clara acerca de la habilitación de un establecimiento donde habrá “mujeres de alquiler”, se entregan con naturalidad todos los permisos necesarios. Según denuncian los vecinos de estos “bares”, esos lugares abren y venden bebidas alcohólicas después de las 4 AM. Así, el IPLA no sólo entrega con negligencia permisos, sino que tampoco hace los controles pertinentes. Al ser policías dueños de los negocios, pueden conocer cuando se realizarán los allanamientos, los que les permite desmantelar gran parte de las pruebas de la verdadera actividad que realizan. Además, Garmendia indicó que “la prostitución es una fuente de ingreso para la “caja negra” de la policía, a través de coimas o favores”. En los pocos allanamientos que se ejecutan en los prostíbulos se pone el foco en la búsqueda de menores de edad. Se identifica a las mujeres a través del DNI. “Hoy se reclama que se utilice, además, las huellas dactilares, porque es común en estos casos la falsificación de documentos” agregó el abogado. Las mujeres son llevadas a las comisarías donde se las interroga para saber si ejercen la prostitución por su voluntad. No se tiene el debido cuidado ante la vulnerabilidad de las mujeres en situación de prostitución: el peligro a la que pueden estar expuestas. “Además, no se toma en cuenta que hay un 90% de posibilidades que en esos allanamiento puede encontrase víctimas de trata, ya que en estos lugares es donde se materializa la explotación sexual” aclaró Garmendia. En el mejor de los casos, los burdeles son cerrados por dos días. Y así se pone nuevamente en movimiento el negocio.