Repudio a lo sucedido en la marcha del 8 de marzo.

El legislador Claudio Viña presento en la Legislatura tucumana un proyecto de declaración en repudio a lo sucedido en la marcha del 8 de marzo.

LA SALUD EN TUCUMAN ES UN FRACASO

Renuevan críticas por la emergencia en seguridad
El PE ha fracasado en esa área, dijo un radical. Desde la Legislatura se renuevan las críticas contra la gestión del gobernador, Juan Manzur, por la crisis de inseguridad que, según la oposición, atraviesa la provincia. El legislador Eudoro Aráoz (bloque UCR) le envió una nota ayer al jefe del Poder Ejecutivo (PE) para insistir con el reclamo para que se implemente un plan de emergencia ante la avanzada de los delitos violentos que se registran a diario. “Este estado de situación aparentemente pasa inadvertido para su administración, ya que las medidas tomadas hasta la fecha en la materia no se compadecen con la gravedad de la coyuntura, y tampoco se acercaron a la solución de tamaña problemática”, le indicó Aráoz a Manzur en una nota. El opositor también instó al mandatario a que les pida la renuncia a los funcionarios encargados de esa área. “Resulta evidente que el ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, Regino Amado; el secretario de Seguridad, Paul Hofer; y el jefe de Policía, Dante Bustamante, y el subjefe, Mario Rojas, fallaron en la implementación de una política de seguridad que brinde tranquilidad a nuestros comprovincianos y les permita sentirse protegidos por el Estado”, añadió. Si bien el radical reclamó un programa para combatir el delito, esa tarea está siendo llevada a cabo por la comisión especial de seguimiento a la Ley de Emergencia en Seguridad Pública, en Prevención de Adicciones y en Cárceles y Dependencias Policiales.

Reestatización de EDET

Reestatización de EDET: entre las garantías a trabajadores y usuarios y los 99 años de Alperovich
20 enero, 2017. Esas parecen ser las claves del primer proyecto presentado en la Legislatura por el legislador radical Ariel García. La empresa “Energía de Tucumán Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria” (ET SAPEM), tendría participación accionaria de los trabajadores, a fin de que sea garantizada la estabilidad laboral. Además, otra de las cuestiones, relacionadas con el organismo de control, debe ser analizada para que se pueda realizar un contralor adecuado a favor de los usuarios. En ese sentido, García expresó que “no podemos tener un organismo de contralor que mire para otro lado y menos mientras esperen que el aporte para el pago de sus sueldos venga de la propia empresa que tienen que vigilar. Es como poner al zorro a cuidar las gallinas”. Agregó al respecto: “tenemos que encontrar una solución que vaya de la mano de una mayor autonomía del organismo de control, para que el servicio realmente sea auditado y las mejoras lleguen a los usuarios de toda la provincia” “El Estado no debe estar ausente de la adecuada prestación del servicio eléctrico y es por esa razón que debe asumir un rol de mayor protagonismo, para que los miles de tucumanos que la están pasando mal en este verano con los cortes de energía, no se vean afectados en su salud y en sus bienes”, enfatizó el parlamentario. “Hay que crear las condiciones para que el servicio mejore, con inversiones, control y por sobre todas las cosas, haciendo prevalecer la responsabilidad social de una empresa que brinda uno de los servicios esenciales”, indicó. Cabe señalar que el vencimiento de la concesión del 51% de las acciones operó en 2016, en medio de las presentaciones judiciales contra el llamado “tarifazo” (una de las cuales fue impulsada por el legislador García), por lo que al “no estar dadas las condiciones” para la nueva determinación de la duración de la prestación, se autorizó una prórroga, que vencerá el 5 de junio próximo.
Para Alperovich, 99 años no es nada

La Legislatura no acata una cautelar, según Brodersen

El legislador pide que actúe un fiscal penal.
La decisión del Poder Legislativo de devolver el oficio que ordenaba el cumplimiento de una medida cautelar de custodia de documentación sensible sobre los gastos sociales fue objetada por un legislador opositor en los tribunales. El macrista Luis Brodersen (bloque PRO-A), quien plantea una demanda para que se determine la legalidad o no de los subsidios legislativos, aseguró en un escrito presentado ante la jueza de feria en lo contencioso administrativo, Ebe López Piossek, que la Legislatura “no cumplió con la orden judicial” expresada en la sentencia dictada el 25 de noviembre por la Sala II de ese fuero. Por ello, a través de su abogado, Carlos Correa, Brodersen requirió a López Piossek que remita copias del expediente “a la Fiscalía Penal de Feria para la investigación del delito de desobediencia judicial por parte de las autoridades de la Honorable Legislatura de Tucumán”. Y le aseguró a la magistrada que “permitir este verdadero atropello a la Justicia por parte de las autoridades de uno de los poderes del Estado, implicaría atentar contra la democracia y la división de poderes”. El diario la gaceta  reveló que en 2015 la Legislatura desembolsó $ 615,6 millones para supuestos subsidios. En 2016, el presupuesto para los gastos sociales alcanzó los $ 150 millones, aunque ese régimen fue derogado en agosto de ese año por el vicegobernador, Osvaldo Jaldo. Dos meses después, el testigo Hernán Mitre reveló que autoridades del cuerpo colegiado le habían alquilado de modo informal un local de calle Corrientes 45. El comerciante hizo certificar con escribana las cajas con la leyenda “subsidios 2015-Poder Legislativo” que estaban en su depósito y entregó la documentación y un recibo por el pago del alquiler a la Justicia Federal. A raíz de esto, Brodersen pidió a la Sala II del fuero contencioso, integrada por Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello, que dicte una cautelar para ordenar el resguardo de los comprobantes por las supuestas ayudas sociales, a las que el macrista considera prueba clave en el juicio que tramita.

¿Cuántos legisladores cobraron fortunas sin rendir cuentas de manera correcta?

“Podría ser la mayor estafa”

Un Legislador macrista alertó sobre los posibles recibos firmados en blanco.
Luis Brodersen (PRO-A) alertó sobre la chance de que existan más recibos de gastos sociales con supuestas anomalías, como los que fueron aportados por un informante anónimo a la Justicia Federal en 2016 y que tomaron estado público la semana pasada. “Lo que temo es que en esas cajas que tanto esconden tengan más comprobantes como los que habría firmado en blanco el enfermero Luis Sebastián Made en ATSA. De ser así, estaremos ante la mayor estafa de la que se tenga memoria. ¿Cuántos mandatos legislativos pasaron y manejaron estos gastos sociales? ¿Cuántos legisladores cobraron fortunas sin rendir cuentas de manera correcta?”, expresó el legislador opositor. El dirigente macrista planteó el año pasado una acción declarativa de certezas, con el objetivo de que la Sala II en lo Contencioso Administrativo indique si es legal que los miembros de la Legislatura manejen recursos para supuestos subsidios de forma discrecional, más allá de las rendiciones efectuadas ante el Tribunal de Cuentas. En el marco de ese proceso, Brodersen, a través de sus abogados, requirió a modo de prueba el envío de los comprobantes por la entrega de esas supuestas ayudas. En 2015, esa partida alcanzó $ 615 millones. En 2016 el presupuesto para esos fondos era de $ 150 millones, aunque en agosto de ese año el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, derogó esa partida (siguen los aportes para ONG).

Dejan cesantes a cuatro asesores del opositor Brodersen

Participaban en el caso por los gastos sociales.
El legislador Luis Brodersen (bloque PRO-A), como varios de sus pares, ya está de vacaciones, fuera de la provincia. Pero el macrista recibió una noticia que le dejó un sabor amargo en su descanso estival: la Legislatura, a través de un decreto firmado por el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, dejó cesantes a cuatro de sus asesores.
Se trata de los representantes legales del dirigente opositor en la acción declarativa de certezas que planteó por la legalidad o constitucionalidad de los subsidios legislativos; entre ellos, los ya derogados “gastos sociales” o ayudas sociales a personas. Esta semana, los abogados Carlos Correa (secretario del bloque PRO-A), Hernán Correa, Carlos Valls y Rafael Eduardo Rillo Cabanne, fueron notificados de sus despidos. Si bien el primero de ellos es quien estaba firmando los escritos de la demanda -que tramita la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo-, los restantes asesores del macrista habían sido habilitados para participar en la causa, que ha generado un clima de tensión entre el oficialismo legislativo y un sector de la Justicia.
Los decretos rubricados por el vicegobernador y por el secretario, Claudio Antonio Pérez, señalan que “han desaparecido las causales” que motivaban la designación de los asesores de Brodersen. Por lo tanto, a partir de mañana, 1 de enero, los cuatro quedarán fuera de la planta del personal temporario del Poder Legislativo.

Presentan un proyecto para que se declarase la Emergencia Vial en la Provincia

El Legislador Claudio Viña pide que se declare la Emergencia Vial en la Provincia de Tucuman.-
Artículo 1º: Declarase la Emergencia Vial en el ámbito de la provincia, por el término de un (1) año a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, prorrogable por igual periodo en caso de subsistir las causales de la presente emergencia, con miras a garantizar el ejercicio del derecho a la circulación y la libertad de tránsito, en condiciones que aseguren la integridad física de todas las personas que transitan por las rutas y caminos nacionales y provinciales, como así también por las calles de los distintos municipios y comunas de la provincia.
Artículo 2º: Dentro de dicho plazo todos los organismos del Estado Provincial con incumbencias en materia de tránsito y seguridad vial, coordinarán con los municipios y comunas rurales, acciones conjuntas, ordinarias y extraordinarias, tendientes a intensificar las campañas de prevención de los accidentes de tránsito, difundiendo normativas vigentes e información que contribuya a la concientización de la población.
Artículo 3º: A tal efecto los organismos involucrados se encargarán de:
a).- Desarrollar en forma rigurosa todas las acciones positivas ordinarias y extraordinarias que les competan, con miras al cumplimiento estricto de la normativa vigente por parte de la totalidad de la población circulante.
b).- Incrementar la cantidad, intensidad, calidad y efectividad de los controles de la circulación vehicular.

Cuestionan una donación a favor de la Tecnológica

Cuestionan la donación de 17 hectáreas del Parque 9 de Julio a favor de la Tecnológica. Desde la Comisión de Patrimonio aseguraron que no les consultaron antes de sancionar la ley y reclamaron la protección del ambiente. Mercedes Aguirre, directora de Patrimonio provincial, criticó la norma aprobada. Hoy se reúne la comisión.
La donación por ley de una parte del Parque 9 de Julio a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN, sede local) ha reavivado el debate por el uso del espacio público, en especial del espacio verde. “La verdad es que nos desayunamos con la noticia a través del diario. A nosotros nunca se nos consultó nada”, confesó Mercedes Aguirre, directora de Patrimonio de la Provincia, quien remarcó que le sorprende que se sigan tomando decisiones de este tipo sin consultar. No descartó la posibilidad de remitir una nota con documentación al Poder Ejecutivo. “La ley de Patrimonio está viva y vigente”, recordó.
El miércoles pasado, en el paquete de leyes que sancionó la Legislatura en sesión, se aprobó la donación de 17 hectáreas para que la Facultad Regional Tucumán de la UTN construya su campus deportivo y tecnológico. Según el proyecto, solo podrán edificar en un 10% del terreno total que está ubicado sobre avenida Papa Francisco, detrás de la Terminal de ómnibus. Aguirre confirmó que solicitó documentación a la Dirección de Catastro porque ese predio forma parte del parque; por lo tanto -dijo- es una área amparada por la Ley de protección patrimonial (N° 7.500). Según Aguirre el área de Medio Ambiente provincial debería haber intervenido en esta decisión que tomaron los legisladores, ya que tiene “la responsabilidad de proteger el espacio verde de los tucumanos”.
Justamente, hoy por la tarde se reúne la Comisión Provincial de Patrimonio, integrada por ella y por tres representantes de las universidades: Gabriela Lo Giudice (Unsta), Jorge Molina (UTN) y Silvia Rossi (UNT). Aguirre aseguró que este tema ocupará gran parte del debate.

Insisten en que Tucumán debe sumarse al corredor bioceánico

En Concepción comenzaron a esperanzarse con la posibilidad de reflotar el proyecto para construir una nueva traza de la ruta 65, que conecte a Tucumán y a Catamarca por la zona montañosa precordillerana. El viernes, con ese propósito, se realizó el segundo foro denominado “Tucumán integrado al Corredor Bioceánico”, que impulsa el legislador radical Raúl Albarracín (foto). “Sólo con la nueva traza de la ruta 65 Tucumán estaría integrado al Corredor Bioceánico y, a través del Paso de San Francisco, lograríamos la salida al Pacífico aprovechando la infraestructura portuaria de Chile y accediendo a los grandes mercados del continente asiático”, precisó el parlamentario. Recordó que desde 2009, Vialidad Nacional incorporó a su plan de obras plurianual este proyecto y que los sucesivos llamados a licitación fueron dejados sin efecto.

Proponen una ley de emergencia en Violencia de Género

Oficialistas y opositores rubricaron diversos proyectos para la lucha y prevención del maltrato físico y psicológico contra las mujeres. El jueves próximo, en lo que sería la última sesión de 2016, la Legislatura podría declarar el estado de Emergencia en Violencia de Género en la provincia, durante un plazo mínimo de dos años, con el objetivo de establecer una serie de medidas desde el Estado contra esa gravísima problemática. En las comisiones legislativas, además, hay una decena de proyectos de ley que también apuntan a la prevención y lucha del maltrato físico y psicológico por esta cuestión. El tratamiento de este y otros asuntos se definirá mañana, en la reunión de la comisión de Labor Parlamentaria. El oficialista Guillermo Gassenbauer, vicepresidente 1° de la Cámara, anticipó que solicitará la inclusión de esa iniciativa, que presentó junto a Claudio Viña (Fuerza Republicana) y Sara Assán (PJ), entre otros pares. “Pienso que significaría un paso adelante”, indicó Gassenbauer. Stella Maris Córdoba, jefa del bloque Peronismo del Bicentenario, había instado también al debate de esta temática antes de cerrar el año. “Por ejemplo, figuran la creación de las Fiscalías y de los Juzgados de Género, entre otras iniciativas que tienden a la prevención y el combate (de este tipo de violencia)”, remarcó Córdoba días atrás.

Gandur (h) desestima un planteo contra López Piossek

El camarista dijo que no es recusable el tribunal de la recusación.
Fracasó la pretensión de la Legislatura de apartar a la camarista Ebe López Piossekdel juicio que inició el legislador opositor Luis Brodersen (PROA) para establecer la constitucionalidad de los gastos sociales legislativos. Mediante una resolución de tres líneas, el camarista Sergio Gandur desestimó la recusación sin causa. El juez, que es hijo de Antonio Gandur, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, citó la disposición del Código Procesal Civil y Comercial que establece que el tribunal que interviene en la recusación no es, a su vez, recusable (inciso 6 del artículo 29). López Piossek y el propio Gandur salieron sorteados para integrar el estrado que ha de resolver el pedido de apartamiento con causa incoado contra Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello, vocales de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Este planteo formulado por la Legislatura y la Provincia aún está pendiente de definición. En el ínterin y como la recusación no suspende el trámite del expediente principal, López Piossek firmó el oficio que notificó al Poder Legislativo de la medida cautelar que había firmado Novillo antes de ser recusado, según consta en el expediente. Ese instrumento, que coloca los recibos de los gastos sociales al cuidado del vicegobernador Osvaldo Jaldo, fue devuelto por la Legislatura con el argumento de que López Piossek sólo puede actuar en el ámbito de la recusación (se informa por separado en esta edición).

La Legislatura cuestionó la actuación de los abogados del Leg.Brodersen

Dicen que todo es nulo por la incompatibilidad de los letrados
La Legislatura cuestionó la actuación de los abogados de Brodersen
El Poder Legislativo exigió la declaración de nulidad de todo el juicio iniciado por el legislador opositor Luis Brodersen (PROA) para determinar la constitucionalidad de los gastos sociales. Los abogados Álvaro del Barco Mugavero y Juan José Francisco Gómez expresaron que los letrados que asisten al demandante están incursos en incompatibilidad porque son empleados de la misma Legislatura. El cuestionamiento alcanza a los profesionales Rafael Rillo Cabane, Carlos Valls, Hernán Correa y Carlos Correa.“Resulta ser que todos los nombrados perciben sueldos del Poder Legislativo. Y que los abogados no pueden demandar en causa ajena a sus empleadores y que el hecho de que presten servicios a las órdenes de Brodersen no faculta a este legislador a encomendarles juicios de naturaleza personal o que estén fuera de su órbita personal”, manifestaron Del Barco Mugavero y Gómez. En respaldo de su planteo, estos letrados citaron la Ley 5.473 (Estatuto para el Personal de la Administración Pública) y la Ley de Ética Pública vigente en el orden nacional, que, según afirmaron, constituye una derivación razonable de la Constitución Nacional, de los principios éticos y del ordenamiento jurídico en general -Tucumán carece de ley propia en materia de ética pública-.
“El vicio denunciado desnaturaliza la personería de Brodersen por no encontrarse patrocinado legalmente por un profesional habilitado”, dijeron los abogados del Poder Legislativo. Y añadieron que esta situación de incompatibilidad era plenamente conocida por el demandante: “no se trata de un particular sorprendido en su buena fe, sino que Brodersen, a sabiendas de la situación, encomendó las tareas incompatibles”.

Las casas de juego ya no podrán abrir las 24 horas del día

Medidas para luchar contra la ludopatía.
La Legislatura aprobó ayer la Ley de Juego Responsable en Tucumán. La iniciativa, que había generado roces con los trabajadores del sector, apunta a la creación de un programa de prevención y lucha contra la ludopatía, e incluye diferentes medidas. La modificación al proyecto original, que permitió destrabar las tensiones con los empleados del rubro, se centró en la cantidad de horas que los locales deberán permanecer cerrados. La iniciativa preveía que ese lapso de inactividad fuera de al menos cinco horas diarias, más allá de que sea día hábil, fin de semana o feriado. Finalmente, se dispuso que fuera de cuatro horas por día. La reglamentación de la norma determinará el momento específico de cierre obligatorio para todos los negocios. “El juego ha proliferado en el país en los últimos tiempos, y la provincia no es la excepción. Al ser una actividad legal tenemos que ser cautelosos, no podemos prohibir porque sí, tenemos que interactuar con lo permitido y salvaguardar a la persona para que un divertimento no pase a ser una adicción por el juego”, alertó el bussista Claudio Viña, uno de los autores del proyecto analizado en el recinto. “La idea es ordenar, no combatir una actividad que ya existe; hay contratos en vigencia y derechos adquiridos. Sólo se busca luchar contra una adicción”, insistió. El representante de Fuerza Republicana recordó que las casas de juegos de azar funcionan actualmente durante las 24 horas del día, los siete días de la semana. “Generalmente dentro de las salas no sólo no hay horario de cierre, tampoco contacto con la realidad. No hay relojes e incluso se expenden bebidas alcohólicas gratuitas o más baratas”, añadió Viña.
La norma sancionada también prohibe la instalación y funcionamiento de cajeros automáticos o cualquier otro tipo de mecanismo de expedición de dinero mediante préstamos, empeño de bienes o cheques en todas las salas de juego habilitadas. También queda vedada “la utilización de tecnologías de transacciones electrónicas, de pago, ya sea por medio de tarjetas de crédito o débito, o bien por transferencia de cuentas a los efectos de la participación en juegos de azar en todas las salas”.

DENUNCIAN AL EX-GOBERNADOR DE TUCUMAN

Un radical denunció a Alperovich
Sería por presuntos delitos de malversación de recursos provenientes del Fondo Solidario Soja (unos $ 60 millones), incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. El legislador radical Eudoro Aráoz (bloque UCR) presentó una denuncia penal en contra del ex gobernador, José Alperovich, y de su ex ministro de Economía, Jorge Jiménez, por los presuntos delitos de malversación de recursos provenientes del Fondo Solidario Soja (unos $ 60 millones), incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. La demanda fue planteada en los tribunales bonaerenses de calle Comodoro Py al 2.000, y recayó en el juzgado federal Daniel Rafecas. Según Aráoz, el 11 de agosto de 2015 se produjo un presunto giro irregular de $ 60 millones desde el PE, entonces a cargo del actual senador Alperovich, a las arcas de la Corte Suprema de Tucumán (CSJT) para obras de ampliación de la sede penal de Tribunales. El radical pidió que se investigue la transferencia ordenada por decreto N° 2.539/3 (SH), dictado por el ex mandatario dos meses y medio antes de terminar su gestión. El opositor señaló que los $ 60 millones habían sido remitidos desde la Nación a la Provincia por el “Fondo Federal Solidario”, lanzado en 2009. Aráoz marcó que el plan nacional preveía partidas específicas, y que no fueron respetadas. Y acusó a Alperovich y su ex ministro de haber malversado los fondos, señalando que podrían haber estado destinados a la edificación de puentes y otras inversiones de interés público.

EL LEGISLADOR GARCIA ESTA CONTENTO!!!

Garcia celebró una ley que transfirió 14 hectáreas en localidad de Bella Vista.
El legislador radical Ariel García celebró la sanción de una ley que habilitó al Poder Ejecutivo a transferir 14 hectáreas, propiedad de la Provincia, a la Municipalidad de Bella Vista, que conduce el intendente Sebastián Salazar (afín a García). Los terrenos deberán ser utilizados para la construcción de viviendas.

Propone la creación de una Fiscalía Anticorrupción

Un macrista propone la creación de una Fiscalía Anticorrupción
El legislador Luis Brodersen (PRO-A) presentó un proyecto de ley para la creación de una Fiscalía Anticorrupción, en el ámbito de la Legislatura y bajo propuesta de la oposición. “El fenómeno de la corrupción y su complejidad requiere múltiples esfuerzos en todos los niveles del Estado”, planteó el macrista.

Sin difundir los recursos propios, la Cámara aprobó el Presupuesto

Las áreas del Estado provincial tendrán un aumento promedio del 30% con relación a 2016 El proyecto oficialista fue aprobado por 41 votos contra cinco. En 2017, la Provincia contará con recursos por $ 54.600 millones. Incluyeron partidas para el pago del 82% a jubilados con sentencia firme. Un sector de la UCR y un macrista rechazaron la estimación financiera en términos generales. De 9.100 policías se pasará a 11.100. El oficialismo y un sector mayoritario de la oposición sancionaron ayer a la ley de Presupuesto General de la Provincia para 2017, que prevé recursos y gastos por $ 54.600 millones (un 30% más que el Presupuesto original de 2016). Como sucedió durante el alperovichismo, no se dieron a conocer los cálculos de fondos y erogaciones del propio Poder Legislativo ni de las 93 comunas rurales.  La votación, que finalizó 41 a cinco en términos generales, evidenció posturas disímiles en la oposición. El sector de la Unión Cívica Radical (UCR) alineado a José Cano, integrado por José Canelada, Adela Estofán y Eudoro Aráoz (ayer se les sumó Rubén Chebaia), se expresó por la negativa, al igual que el macrista Luis Brodersen (bloque PRO-A). Los demás radicales, Ariel García, Fernando Valdez, Raúl Albarracín (ayer Luis González votó con ellos); los peronistas disidentes Stella Maris Córdoba, Silvio Bellomío, Alfredo Toscano y Christian Rodríguez; el macrista Alberto Colombres Garmendia (bloque PRO-Cambiemos); el bussista Claudio Viña; y el sindicalista bancario Eduardo Bourlé apoyaron la propuesta del bloque oficialista. Pese a que todos ellos criticaron la iniciativa (e incluso rechazaron los artículos referidos a la delegación de potestades al PE), dieron argumentos por los cuales se inclinaron por la afirmativa en lo general.

Créase en el ámbito de la provincia de Tucumán el Programa de Banco de Leche Materna.

El Legislador Claudio Viña presento un proyecto para la creacion de un Banco de Leche Materna.-
Artículo 1: Créase en el ámbito de la provincia de Tucumán el Programa de Banco de Leche Materna.
Artículo 2: Se entiende por Banco de Leche Materna el espacio hospitalario donde se recibirá o recolectará, evaluará, procesará, almacenará y administrará la leche donada por madres a efectos de atender necesidades de lactantes imposibilitados de recibir leche de su madre.
Artículo 3: Los Bancos de Leche Materna se establecerán en el ámbito de los Hospitales Públicos de la Provincia que tengan salas de Neonatología y en el Instituto de Maternidad y Ginecología.
Artículo 4: Sera Autoridad de Aplicación de la presente Ley el Ministerio de Salud Publica a través del Sistema Provincial de Salud.
Artículo 5: La Autoridad de Aplicación deberá:
1. Establecer las formas y requisitos para la recepción y suministro de leche, y el funcionamiento de los Bancos de Leche Materna, debiendo establecer las condiciones necesarias de asepsia, higiene y salubridad de las donantes y los procedimientos de conservación de la leche depositada.
2. Promover la formación y capacitación de recursos humanos aptos para el desempeño de funciones en los Bancos de Leche Materna.
3. Efectuar campañas periódicas de difusión sobre la importancia de los Bancos de Leche Materna y su finalidad, como así también la necesidad y beneficios del consumo de Leche materna.
4. Promover la investigación científica en las áreas de nutrición, infectología, inmunología y psicología referidas a la Neonatología y la Perinatología.
Artículo 6: La donación voluntaria debe expresarse mediante un formulario que debe ser creado por la Autoridad de Aplicación.
Artículo 7: La donación y la distribución de leche materna serán de carácter gratuito. Su comercialización está prohibida en todo el territorio de la Provincia. Los materiales empleados por el Banco de Leche Materna para la extracción, conservación y distribución son sin costo para donantes y beneficiarios.
Artículo 8: El pedido de suministro de leche materna deberá estar acompañado por el correspondiente pedido médico e historia clínica.
Artículo 9: Facultase al Poder Ejecutivo a efectuar las adecuaciones presupuestarias necesarias para el cumplimiento de la presente.
Artículo 10: El Poder Ejecutivo reglamentara la presente ley dentro de los 90 (noventa) días corridos de su promulgación.
Artículo 11: Comuníquese.-
FUNDAMENTO

Proponen extender la licencia posterior al parto a 150 días, en lugar de los 90 actuales

El legislador Marcelo Caponio formuló un proyecto de ley que prevé la ampliación del régimen de licencia por maternidad en la Administración Pública. El oficialista remarcó que hubo pedidos formales de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) para modificar los permisos vigentes. Hoy, se otorgan 30 días corridos antes de la fecha de posible parto, y 90 días con posterioridad al nacimiento del bebé. El planteo de UPCN, replicado por Caponio, apunta a prorrogar el plazo posterior al parto y llevarlo a 150 días corridos. “Unicef recomienda que la licencia por maternidad sea de por lo menos seis meses, para que las madres afiancen la lactancia del recién nacido”, señala el proyecto, que también lleva las firmas de Norma Reyes Elías y Elena Cortalezzi, entre otros.

Adhiérase la Provincia de Tucumán a la Ley Nacional 27.305

El legislador Claudio Viña presentó un proyecto para adherirse a la ley nacional 27.305 que permitiría la incorporación al programa médico obligatorio (PMO) de la cobertura de leches medicamentosas a pacientes con alergia a la proteína de la leche vacuna (APLV).
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN,
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:Artículo 1: Adhiérase la Provincia de Tucumán a la Ley Nacional 27.305 de incorporación al programa médico obligatorio (PMO) de la cobertura de leches medicamentosas a pacientes con alergia a la proteína de la leche vacuna (APLV).
Artículo2: Crease en el ámbito de la Provincia el Programa de Detección Temprana y Tratamiento Integral de la alergia a la proteína de leche vacuna (APLV).
Artículo 3: Sera Autoridad de Aplicación de la presente ley el Ministerio de Salud Pública a través del Sistema Provincial de Salud.

Artículo 4: Las obras sociales, las empresas de medicina prepaga y el instituto de previsión y seguridad social de Tucumán (Subsidio de Salud), deberán incluir dentro del Programa Medico Obligatorio (PMO) la atención integral de los pacientes con APLV.
Artículo 5: La atención integral establecida en el artículo 4 comprende el tratamiento, medicamentos y la provisión y/o reconocimiento integral de leche medicamentosa, en cantidad y calidad requerida por el médico, sin límite de edad.
Artículo 6: La atención integral será admitida con la emisión de historia clínica y la correspondiente receta o pedido médico.
Artículo 7: La Autoridad de Aplicación deberá realizar campañas periódicas de difusión masiva y capacitación en establecimientos de salud y a través de los medios de comunicación para promover el conocimiento y la detección temprana de la APLV y para lograr un adecuado tratamiento.
Artículo 8: Comuníquese.-
FUNDAMENTO