El legislador Brodersen tiene miedo

Brodersen tiene miedo que desaparezcan pruebas
Reiteró el planteo para que se comunique a la Fiscalía Penal de Feria sobre la posible desobediencia judicial de la Legislatura El legislador persevera para que se cuiden los comprobantes de los gastos sociales otorgados en 2015 y en 2016. La única causa sobre los millonarios gastos sociales habilitada para su tramitación durante la feria judicial en los distintos fueros podría permanecer sin novedades procesales hasta el regreso del ritmo habitual en los tribunales. Y según el impulsor de esa demanda, el legislador Luis Brodersen (bloque PRO-A), esa espera podría poner en riesgo documentación clave para la resolución del caso. El macrista insistió con un planteo a través de su abogado, Carlos Correa, para requerir que se adopten dos medidas concretas de manera urgente durante la feria. En primer lugar, Brodersen remarcó que la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo dictó en noviembre pasado una cautelar ordenando al vicegobernador, Osvaldo Jaldo, el resguardo de los comprobantes de los gastos sociales ejecutados entre julio de 2015 y agosto de 2016. El opositor recordó que el oficio con la notificación de esa sentencia interlocutoria fue devuelto -y por lo tanto, rechazado- por las autoridades del Poder Legislativo. Según Brodersen, es clave la protección de esa documentación. “Es urgente que se ordenen las medidas necesarias para hacer efectiva la cautelar dispuesta (...). En lo que resta de la feria judicial, la documentación puede ser cambiada de lugar, como sucedió el año pasado”, señaló.
En segundo lugar, Brodersen destacó que el cuerpo colegiado lleva dos meses sin cumplir con la cautelar. Por ello, insistió para que se remitan copias del expediente a la Fiscalía Penal de Feria por la posible comisión del delito de desobediencia judicial por parte de las autoridades legislativas.
Asistencia en efectivo

UN JUEZ FRENA UN DECRETO AL VICE-GOBERNADOR OSVALDO JALDO

Un juez frena el decreto mediante el cual Jaldo cesanteó a asesores de un legislador opositor Según Ruiz -a cargo de la feria del fuero contencioso-, la decisión del vicegobernador estuvo por fuera de sus potestades reglamentarias Los letrados participan de la demanda que inició el macrista Brodersen para que se defina la legalidad o no de los gastos sociales.La Justicia provincial le dio un revés a la decisión que había tomado el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, de dejar cesantes a asesores del equipo del legislador Luis Brodersen (bloque PRO-A).
Se trata de tres abogados que, además de integrar el staff de colaboradores del dirigente macrista, lo representan en la demanda que inició el año pasado ante la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, con el objetivo de que se determine la legalidad o constitucionalidad -o no- de la entrega de subsidios por parte del Poder Legislativo.
Entre las ayudas económicas cuestionadas por Brodersen están los millonarios gastos sociales, que fueron derogados en agosto pasado (siguen los aportes a personas jurídicas). El 26 de diciembre, el vicegobernador dictó una serie de decretos internos en los que establecía el cese de los contratos temporarios en la Legislatura de los abogados Carlos Correa (secretario del bloque PRO-A), Hernán Correa, Carlos Valls y Rafael Eduardo Rillo Cabanne. En todos los casos se los dio por desvinculados a partir del 1 de enero. La decisión, refrendada por el secretario legislativo, Claudio Antonio Pérez, indicaba que habían “desaparecido las causales” que motivaban la designación de estos asesores de Brodersen.

El Gobierno quiere bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años

Macri convocará a una mesa de especialistas para analizar cambios en el Código Penal. Buscan modificar el régimen penal juvenil por ley. Apuntan a la reinserción de los jóvenes. El crimen de Brian, el adolescente asesinado por otro de 15 años en Flores en la víspera de Nochebuena, reavivó el debate por la baja de la edad de imputabilidad. Y, en el inicio de un año electoral, el Gobierno busca tomar la iniciativa y adelantarse a la oposición en un tema que fue vedette en las últimas campañas. Así, cuando vuelva de sus vacaciones, uno de los primeros decretos que firmará Mauricio Macri será para oficializar la convocatoria a una comisión especial que se encargará de analizar y confeccionar un anteproyecto para reformar el régimen penal juvenil. “Impulsamos la reforma del régimen penal juvenil porque la ley actual es de la época de la dictadura y debe ser modificada. En esa discusión se pondrá sobre la mesa el tema de la edad de imputabilidad pero, principalmente, el tratamiento de los jóvenes en conflicto con la ley penal”, confirmó a Clarín el ministro de Justicia, Germán Garavano.
Esa “mesa”, coordinada por un representante del Poder Ejecutivo, estará integrada por jueces, fiscales, expertos en justicia penal juvenil, educación y salud. Allí se tendrán en cuenta los testimonios que dejaron el año pasado representantes del Poder Judicial y de procuradurías de todas las provincias en diversas jornadas de debate organizadas por la Subsecretaría de Política Criminal, a cargo de Martín Casares.

El acusado de matar a Paulina volvió a su casa

Luego de tres años en prisión, los vecinos de San Andrés lo recibieron con carteles de bienvenida y hasta hubo baile en la calle. El padre de la joven asesinada insistió en que el liberado está involucrado en el crimen y en el encubrimiento. Roberto Luis Gómez llegó a las 4 de la madrugada a su casa de San Andrés. Allí se encontró con familiares y vecinos a los que no había visto en los tres años que pasó en la cárcel. Pese a que lo esperaban desde las 22, lo llenaron de abrazos, le dedicaron carteles y hasta hubo música y baile en la calle. Con su salida del penal de Villa Urquiza, ya no queda nadie preso por el homicidio de Paulina Lebbos. Gómez dejó su celda luego de que la Corte Suprema le otorgara el cese de la prisión preventiva con cuatro argumentos: se venció el plazo; no realizó maniobras dilatorias; no hubo oposición del Ministerio Público Fiscal; y aún no se conoce la fecha en que será juzgado por un tribunal. El fallo lleva la firma del presidente Antonio Gandur y de los vocales Antonio Estofán y Daniel Posse. Hace tres años, fue imputado por el fiscal Diego López Ávila luego del informe de una empresa de telefonía, según el cual el acusado puso su chip en el celular de Paulina apenas unas horas después de la desaparición de la joven estudiante, el 26 febrero de 2006. “Ese recibimiento es una prueba elocuente de la inocencia de este chico, que es un electricista que trabajó toda la vida. Nadie que tuviera algo que ver con un crimen hubiese sido recibido así. Lo esperaron durante seis horas y hasta hicieron un baile. Por suerte este chico pudo soportar su encierro al aferrarse a la religión”, aseguró el abogado defensor Juan Carlos Nacul.
Gómez, por su parte, eligió el silencio. Sus familiares dijeron que, por ahora, sólo quería estar en su casa con sus seres queridos sin realizar declaraciones sobre el caso.
Las condiciones

Tras la decisión de la corte de poner fin a la prisión preventiva, el caso volvió al tribunal de la Sala III integrado por los jueces Dante Julio Ibáñez, Carlos Santiago Caramuti y Néstor Rafael Macorito. Estos determinaron que la principal condición para que Gómez abandonara el penal era fijar una caución real de $ 500.000.

Tambien declarará el ex gobernador Julio Miranda

Juicio a los Ale: declarará también el ex gobernador Julio Miranda
Mañana comienza la audiencia en el Tribunal Federal Oral de Tucumán que juzgará al clan por asociación ilícita, lavado de activos, trata de personas y otros delitos más. Quedan poco más de 24 horas para que Tucumán sea escenario del inicio de un juicio histórico. Mañana, a partir de las 14, en la sede del Tribunal Oral Federal, comenzarán las audiencias del llamado “Clan Ale”, el primero en contra de un grupo de personas acusadas de haber integrado una asociación ilícita que habría lavado el dinero generado en diferentes actividades ilegales, según la Justicia. Rubén “La Chancha” Ale, su hermano Ángel “El Mono” Ale y la ex esposa del primero, María Jesús Rivero, están sospechados de liderar una organización que estaba integrada por otras 13 personas que cumplían con diferentes roles. “La causa es larga y compleja”, es la muletilla de todas las partes que formarán parte del proceso. Por ese motivo, se estiman que serán por lo menos 200 los testigos para tratar de dilucidar los hechos.  No fue sencillo conseguir los nombres de las personas que estarán allí. “No se los puede decir para que no sean presionados”, explicó Alejandro Biagosch, defensor de “La Chancha” y de María Florencia Cuño.

Multan al abogado "que va al frente por CFK" por violar la Ética

La Justicia confirmó la sanción que le impusieron en 2013. Gregorio Dalbón deberá pagar 18 mil pesos. La Justicia sancionó al abogado Gregorio Dalbón, que representa a la ex- presidenta Cristina Fernández en las causas civiles contra periodistas, y lo obligó a pagar 18 mil pesos de multa por violar la ley del ejercicio de abogado y el Código de Ética. La Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la sanción que en octubre de 2013 le impuso a Dalbón el Tribunal de Disciplina del Colegio Público Abogados de la Capital Federal (CPACF). El Colegio le había fijado la multa en 20 mil pesos, pero ahora el tribunal integrado por los jueces Clara María do Pico Rodolfo Eduardo Facio y Carlos Manuel Grecco fijó la sanción en 18 mil que Dalbón deberá pagar al Colegio Público. El expediente se remite a lo sucedido en septiembre de 2009, cuando la jueza de la Sala J de la Cámara Civil Beatriz Verón denunció ante el CPACF que Dalbón se presentó en el tribunal en su despacho para quejarse por el fallo en una causa por daños y perjuicios.

BALCEDA VS.- BRODERSEN

Amplían una denuncia y señalan a un legislador por usura
El ex legislador Balceda redobló las acusaciones contra el macrista Brodersen ante la Justicia Federal por supuestos negocios ilegales. El ex legislador Pedro Balceda (2007-2011), quien se habría sumado a las filas del jaldismo tras apoyar el año pasado al frente opositor Acuerdo para el Bicentenario (ApB), amplió la denuncia que había formulado en la Justicia Federal contra el actual parlamentario macrista Luis Brodersen (bloque PRO-A).Ante el Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, a cargo de Fernando Poviña, Balceda solicitó que Brodersen sea investigado por un supuesto enriquecimiento ilícito a través de presuntas maniobras de usura con la tarjeta de crédito de su propiedad, Premier Card.
“Se vale (de ese servicio financiero) para prestar dinero a altos intereses. Esta tarjeta actúa al margen de la ley de entidades financieras, expolian a los pobres empleados públicos (comunales, municipales y provinciales) cuyos sueldos no les alcanzan o se encuentran en situaciones inesperadas, y caen bajo la órbita de Premier Card”, señaló Balceda.Días atrás, el peronista había denunciado al legislador por presunto contrabando de ropa y otra mercadería, evasión fiscal, trabajo en negro, falsificación de marcas y otros supuestos delitos. Brodersen no tiene dudas de que esta demanda está vinculada a la causa que inició en el fuero contencioso con relación a los “gastos sociales” legislativos. “Queda claro que al oficialismo no le gusta que les digan algunas cosas en la cara; por ejemplo que convirtieron a la Legislatura en un aguantadero de mercenarios políticos como Balceda, un panqueque político capaz de cualquier cosa con tal de seguir viviendo del Estado”, señaló el macrista. Y sostuvo que, en la sesión pasada, sus pares suprimieron las Manifestaciones Generales para evitar que él se expresara sobre esta situación.

Gabriel Alperovich responderá preguntas de la gente

Caso Lebbos: Gabriel Alperovich responderá preguntas de la gente en Facebook
"Me cansé que se hablen mentiras sobre mi persona; hoy a las 22 voy a estar en vivo para contestar las preguntas que quieran", escribió el hijo del ex Gobernador.
Gabriel Alperovich, hijo del ex gobernador José Alperovich, publicó hoy un mensaje en su muro de Facebook convocando a una suerte de conferencia de prensa virtual que realizará esta noche a las 22. Además, aprovechó el espacio para advertir que comenzó a "actuar judicialmente" contra personas y medios de comunicación que lo difamen. "Amigos, ¿cómo están? Les quiero contar que me cansé que se hablen mentiras sobre mi persona y comencé a actuar judicialmente contra los individuos y medios que me difaman. Hoy a las 22.00 voy a estar en vivo desde Facebook para contar lo que muchos medios esquivan. Van a poder preguntar y voy a contestar todas las preguntas que quieran. Los espero", posteó el hijo del ex mandatario provincial. El joven empresario abrió oficialmente su cuenta de Facebook el día que se cumplieron 10 años de la muerte de Paulina Lebbos (fue el 26 de febrero). En aquella oportunidad, algunos aseguraron que lo había hecho para comenzar a posicionarse de cara las elecciones nacionales; otros, en cambio, señalaron que lo había hecho para limpiar su imagen.
Alperovich hijo estuvo implicado en la pista "hijos del poder" junto a Sergio Kaleñuk. Sin embargo, en marzo de este año, el fiscal subrogante ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción, Carlos Sale, emitió un dictamen inapelable respecto del delito de encubrimiento en favor del sobreseimiento de ambos.

“Nos duele que se abracen con quienes destrozaron la Justicia”

Lebbos y otras víctimas expusieron sus denuncias al procurador Balbín
Llegaron temprano con sus banderas y carteles para ocupar un lugar ineludible en la explanada del teatro San Martín. La intención de los miembros de la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad era interceptar a Germán Garavano, ministro de Justicia y de Derechos Humanos de la Nación, como ya lo habían hecho antes en otras visitas de este año. Pero Garavano entró y salió por las puertas laterales del coliseo, junto a las máximas autoridades de la Provincia. Y cuando ya estaban por marcharse con las manos vacías, apareció Carlos Balbín, procurador general del Tesoro de la Nación.“Nos duele que ustedes, funcionarios del Gobierno nacional, vengan y se abracen con quienes destrozaron la Justicia de Tucumán”, espetó Alberto Lebbos, líder de la Comisión. El padre de Paulina, joven asesinada en 2006, manifestó al abogado del Gobierno de Cambiemos que todos los casos que representaba el comité tenían como denominador común el hecho de que el poder político había operado para dejarlos impunes. “El clan de (José) Alperovich, (Beatriz) Rojkés y (Juan) Manzur es responsable y cómplice de esta situación. Y aún no explicaron cómo se ‘valijearon’ los millones de los gastos sociales legislativos”, agregó. “No tenemos a dónde ir. Yo he denunciado al ministro público Edmundo Jiménez, pero una de sus subordinadas cerró el caso en días. El Colegio de Abogados luego pidió la destitución, pero él sigue ahí, manejando a los fiscales”, denunció Roxana Teves. Balbín escuchó más reclamos y prometió que iba a comentar la situación a Garavano. Además, se puso a disposición de la Comisión. “Vayan a verme si viajan a Buenos Aires”, expresó el procurador. Algunos metros más allá observaban la escena en silencio el fiscal de Estado, Daniel Leiva, y su número dos, Federico Nazur, quienes esperaban a Balbín para llevarlo a la Casa Histórica. Por la tarde y ya en San Javier, Garavano confirmó a este diario que durante este jueves había hablado por teléfono con Lebbos, con quien dijo estar en contacto por medio de José Cano, jefe del Plan Belgrano. “Tenemos un vínculo institucional con todos los gobiernos y poderes judiciales del país. Nuestro deber es trabajar para la gente y con las autoridades constituidas para que las instituciones funcionen”, afirmó el ministro nacional.

El caso sobre evasión con los gastos sociales

El caso sobre evasión con los gastos sociales llega a la Cámara Federal de Apelaciones.
El juez federal elevó el expediente para que el tribunal resuelva un planteo del fiscal federal.
El caso federal que investiga la posible evasión impositiva mediante la entrega de subsidios de la Legislatura en el 2015 electoral pasó, al menos por el momento, a la Cámara Federal de Apelaciones.
El juez federal Daniel Bejas adoptó la medida a raíz de un recurso de apelación planteado por el fiscal federal Carlos Brito. El representante del Ministerio Público había cuestionado que se le diera participación en la causa al presidente subrogante de la Legislatura, el oficialista Julio Silman, quien se había apersonado el mes pasado en los tribunales para formular objeciones procesales; entre ellas, la remisión de la documentación presentada ante el Tribunal de Cuentas para la rendición de gastos por los millonarios subsidios repartidos en 2015.“No se entiende cuál sería el rol que desempeñaría en esta investigación la Honorable Legislatura, a la cual el juez federal de Instrucción trae al proceso sin haberlo requerido”, había redactado el fiscal federal en un dictamen que rechaza los planteos de Silman. Y había considerado que los cuestionamientos jurídicos del titular subrogante de la Cámara y del ex legislador Iván Llorens Dip (representado por el abogado Nicolás Pedro Brito) tenían un espíritu dilatorio. El juez federal desechó la revocatoria efectuada por el representante del Ministerio Público en cuanto a la aceptación del Poder Legislativo en la causa. “Como custodio del debido proceso por mandato constitucional, me corresponde imperativamente la merituación de cualquier presentación que efectúen los sujetos involucrados en un proceso cuando consideren afectados y/o lesionados sus derechos”, explicó Bejas en la resolución, firmada el lunes pasado. Y afirmó que, “en definitiva, quien otorga intervención en la causa a la Honorable Legislatura es el propio fiscal federal, al solicitarle información” sobre las rendiciones de los subsidios otorgados.

SABBATELLA DENUNCIADO POR FRAUDE

El Gobierno denunció a Sabbatella por presunto fraude en el AFSCA
Desde el ENACOM se accionó penalmente por supuesta malversación en la entrega del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual en 2015.
El presidente de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, fue denunciado este lunes penalmente por el Gobierno nacional por supuesto fraude a la administración y malversación de fondos públicos, en al menos 10 millones de pesos, cuando era titular de la AFSCA.
Fuentes del Ente Nacional de Comunicaciones informaron aDyN que la denuncia se debió a "irregularidades halladas en los subsidios que debían salir a concurso para proyectos de medios de comunicación comunitarios pero fueron otorgados a dedo a asociaciones civiles".
"Una de esas asociaciones, en la región de Cuyo, destinó los fondos, más de tres millones de pesos, entre otras cosas, a un curso que se tituló '¿Qué significa para nosotros representar el kirchnerismo?'" añadieron los informantes.

Un fiscal le exige a Jaldo recibos de gastos sociales

Brito le giró un oficio al vicegobernador pidiendo los comprobantes de rendición de cuentas por subsidios de junio, julio y agosto de 2015. Investigan fondos ejecutados como subsidios en la gestión de Manzur. El fiscal federal N° 1 de Tucumán, Carlos Alfredo Brito, envió un oficio al vicegobernador, Osvaldo Francisco Jaldo, para solicitar la documentación oficial respaldatoria de los fondos ejecutados por el Poder Legislativo bajo la figura de ayudas sociales a personas durante junio, julio y agosto de 2015. El presidente de la Cámara, que anunció hace dos semanas la eliminación de esos cuestionados subsidios, deberá entregar los comprobantes por $ 207,7 millones, según los datos de la cuenta N° 200 980 43/8 del Banco Tucumán-Grupo Macro, de donde salían los fondos para los “gastos sociales” del cuerpo legislativo. Brito lleva adelante la investigación por presunta evasión impositiva mediante el sistema de ayudas sociales a personas. El autor de la denuncia, el ex candidato a legisladorOscar López, del peronismo disidente, sostiene la hipótesis de que se utilizaba el régimen de subsidios para solventar el pago de “sobresueldos” o de sueldos en negro entre legisladores y funcionarios de la Legislatura. Con el oficio N° 1.107/2016, girado el jueves pasado, el fiscal federal tratará de obtener la documentación que indique el destino dado a ese dinero. Brito le indicó a Jaldo que, según lo informado por el Tribunal de Cuentas (TC), el procedimiento para la rendición de subsidios y subvenciones otorgados por el Estado está regulado por el acuerdo 987/2008, modificado luego por el acuerdo 2.489/2008. El ente de contralor, presidido por Miguel Chaibén Terraf, destacó -según el oficio- que los recibos y demás papeles son analizados en el despacho de la delegación fiscal del TC, ubicada en el edificio legislativo. Una vez que se le estampa el sello de “intervenido”, la documentación es devuelta a las autoridades administrativas de la Cámara.

El Inadi dice que el intendente tafinisto cometió discriminación

La denuncia aún está a foja cero en la Justicia.
El Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo (Inadi) consideró que el intendente tafinisto Jorge Yapura Astorga incurrió en una conducta discriminatoria al llamar “indio sucio” al denuncianteJuan Carlos Yapura durante una supuesta golpiza. El dictamen firmado por el ex interventor Pedro Mouratian a fines del año pasado tiene por acreditada la situación relatada por el vecino en función de las pruebas que él había aportado puesto que el funcionario denunciado omitió defenderse. En un diálogo telefónico, el intendente desconoció la actuación del Inadi y recordó que la Justicia había anulado el pedido de investigación formulado por Jorge Carrasco, fiscal N°2 de Monteros. “No fui notificado de ningún dictamen”, manifestó. El Inadi dispuso comunicar la resolución a la Fiscalía y al Concejo Deliberante de Tafí del Valle con el fin de que arbitre las medidas necesarias para sancionar y evitar conductas discriminatorias. El documento menciona en forma expresa que no crea, modifica ni extingue derechos, y que la competencia del Inadi concluye con la determinación de existencia o inexistencia de actos de discriminación. Los hechos analizados datan de 2014 y habrían ocurrido en la entrada de la Municipalidad. El denunciante dijo que era vecino tafinisto y que había ido a pedir que desagotaran el pozo de su vivienda. “…Al ingresar lo encuentro a él (Yapura Astorga); al verme y escuchar lo que manifiesto, este me responde ‘indio sucio, me venís a jorobar de nuevo por el pozo’ y fue cuando siento que me pega una trompada en el ojo izquierdo, lo que me hace perder el equilibrio para luego caer al piso. Entonces veo que el intendente me pega una patada en la nariz y pierdo el conocimiento”, declaró Juan Carlos Yapura tanto en el Inadi como en los Tribunales de Monteros. Alejandra Bauer, la asesora letrada que instruyó el caso en la órbita que encabezaba Mouratian,

Un fiscal recaba datos sobre el patrimonio de Manzur

Camuña requirió informes bancarios y sobre inmuebles y empresas. El expediente de la nueva investigación por el supuesto enriquecimiento ilícito del gobernador Juan Manzur se engrosa por estos días en la Fiscalía Federal N°2. Desde fines del año pasado, la pesquisa está en manos del titular de esa oficina, Pablo Camuña. “Después de unos pocos meses de investigación, ya contamos con la misma cantidad de prueba que se reunió en la causa precedente, cuyo trámite llevó varios años”,
Según el fiscal, se obtuvo información registral de varias provincias y de empresas, informes bancarios e impositivos, y otra documentación para comparar con las declaraciones juradas.
Camuña explicó que hay dos tipos de declaraciones juradas para analizar: las públicas (que son abiertas y se dan a conocer) y las reservadas (sólo se puede acceder a ellas mediante órdenes judiciales). El fiscal precisó que de las primeras, falta que le remitan las de principios de 2015. Mientras que el juez N°1, Daniel Bejas, debe ordenar la apertura de las que son cerradas. “Una vez que eso ocurra y, en base a los datos que se obtengan, se ordenarán nuevas medidas de prueba. En esa instancia estaré en condiciones de convocar a expertos contables o a especialistas en asuntos patrimoniales para que la analicen”, adelantó.

Cristina Kirchner, Máximo, Lázaro Báez y Cristóbal López imputados

Cristina Kirchner, Máximo, Lázaro Báez y Cristóbal López fueron imputados por "cohecho"
El fiscal federal Carlos Rívolo amplió la imputación en la causa Los Sauces SA, tras una denuncia de Stolbizer por presuntos "sobornos"; elevó la acusación al juez Bonadio. El fiscal federal Carlos Rívolo imputó por supuesto cohecho a la ex presidenta de la Nación, Cristina Kirchner , a su hijo Máximo , al detenido empresario Lázaro Báez y a Cristóbal López en la causa que investiga a la sociedad Los Sauces SA, perteneciente a la familia de la ex mandataria. Así, el fiscal amplió la imputación contra la ex presidenta y su hijo, que ya estaban siendo investigados en esa causa por supuesto enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos. E incluyó a Báez y López como parte de la maniobra de presuntos retornos, dado que ambos empresarios, contratistas de obra pública, alquilaron propiedades de Los Sauces SA. Rívolo, que elevó la acusación al juez federal Claudio Bonadio, quien mantiene el secreto de sumario en el expediente en el marco de búsqueda de información.
La denuncia
La medida de la fiscalía se resolvió a partir de una ampliación de denuncia de Margarita Stolbizer , quien señaló que el retorno de dinero mediante esos alquileres que recibió Cristina Kirchner es un soborno por la obra pública con sobreprecios que le fue adjudicada a Lázaro Báez. "Nos parece necesario que el juez investigue el delito de cohecho, más conocido como soborno. Está muy claro que hay devolución de favores. Ese retorno se hacía por sumas millonarias a través de la sociedad Los Sauces. El Código Penal establece como delito de cohecho la aceptación de dádivas a partir del beneficio que se le otorga a una persona, en este caso, a las empresas de Lázaro Báez", dijo la diputada tras presentar ese escrito. La denuncia se basa en parte en una auditoría de Vialidad Nacional que estableció que las empresas de Báez obtuvieron el 73% de las licitaciones en obras de la provincia de Santa Cruz durante las presidencias de Néstor y Cristina de Kirchner. Se trata en total de 51 obras que representan 16.386 millones de pesos, de las que sólo se han finalizado 24 obras. Hasta diciembre de 2015, las empresas del Grupo Báez habían cobrado cerca de $9037 millones. Las obras adjudicadas a Báez tienen como características: duplicación de los plazos originarios establecidos, aumentos groseros de los costos y falta de cumplimiento de las condiciones de contratación, dijo la diputada.

La ruta del dinero K

Detuvieron a Lázaro Báez y a su contador en la causa por la ruta del dinero K
Lo ordenó el juez Casanello, quien acusa de lavado de dinero al empresario kirchnerista. El magistrado sostiene que Báez, que debía declarar el jueves, podía escaparse en avión.
Lázaro Báez durmió anoche en un calabozo común de la Policía Federal. La imagen del empresario kirchnerista esposado y con chaleco anti bala puso fin a doce años de protección por parte del poder político. Ayer cuando su avión privado matrícula BPL aterrizó en el Aeropuerto de San Fernando, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) le comunicó la decisión del juez Sebastián Casanello y del fiscal Guillermo Marijuán. Sin ocultar su molestia, el socio de la familia Kirchner fue trasladado a la División de Investigación Federal de Organizaciones Criminales (DIFOC) y finalmente, a una dependencia de la policía federal donde pasó la noche. Hoy declarará junto a su hijo Martín y el contador Daniel Pérez Gadín.
En tres días dos símbolos del kirchnerismo, fueron esposados y trasladados a dependencias policiales. Después de Ricardo Jaime ex secretario de Transporte, el empresario más polémico de la era K y con mayores vínculos comerciales con la familia Kirchner, quedó detenido y cada vez más acorralado por la Justicia en la causa por lavado de activos.
Veintiun días después que se conocieron las imágenes de la financiera "La Rosadita" que mostraron al hijo de Báez contando millones de dólares, la imagen más inesperada llegó. El empresario clave de los Kirchner tenía planeado reunirse hoy con sus asesores legales y preparar su declaración indagatoria fijada para el jueves. En el Lear Jet 35 LV-BPL parte de su flota de aviones privados que integran la empresa Top Air, viajó acompañado por su hijo Martín, Diego Navarro director de sus medios de comunicación, según confirmaron desde la fuerza policial, y cuando aterrizó en Buenos Aires, todo cambió.
Cerca de las 15 el fuerte operativo que montó la PSA en el Aeropuerto de San Fernando fue el primer indicio: el Juez Casanello había dictado una orden de detención nacional e internacional. La decisión se tomó por no contar con la plan de vuelo del Lear Jet, “desconociéndose su destino lo que dispara los riesgos de fuga", plantea la orden judicial.
La Policía Federal notificó a Lázaro de su detención que no ocultó su enojo y por varios minutos aún sin su campera puesta y caminando de un lado al otro, rechazó la medida. Sin embargo, nunca se opuso a cumplirla. Su hijo Martín observó a su lado, toda la situación. En pocos segundos el empresario K se colocó su abrigo e ingresó a la sede del Aeropuerto. A las 19 la imagen fue otra: desencajado, molesto y esposado, con un chaleco anti bala, dejó el edificio escoltado por la policía federal en una camioneta Ford Ranger color negra.
En simultáneo, se detuvo al contador de Báez, Daniel Pérez Gadín, para evitar la destrucción de pruebas. Responsable de las finanzas del holding, se lo ve en el video de la financiera SGI contando millones de dólares. Ambos fueron trasladados después de las 19, al DIFOC en Palermo, donde se le tomaron las huellas dactilares y se les hizo el ingreso policial. La noche la pasaron en medio de un fuerte operativo de seguridad en Madariaga y General Paz, en una sede de la Policía Federal.
La indagatoria que ya había sido adelantada, será finalmente hoy a primera hora, en medio de la ruptura del empresario con Cristina y Máximo Kirchner.
El mayor de los hijos varones del dueño de Austral Construcciones, quedó anoche con consigna policial y se reunió con sus abogados. Su indagatoria iba a realizarse el viernes, pero se adelantó para esta manaña. Lázaro también declararía en la causa que investiga a Ricardo Echegaray, ex titular de la AFIP y quien la semana pasada dijo que el empresario K iba a “terminar preso”.
A Lázaro le soltaron la mano y de eso ya no hay ninguna duda. Después de ser el principal benefactor de la obra pública durante el kirchnerismo con el 78,4% de las licitaciones y de cosechar millonarios negocios con Néstor Kirchner y que continuaron expandiéndose con la ex Presidenta y su hijo Máximo, ayer quedó detenido como símbolo de un fin de ciclo.

Vuelve a fojas cero

Vuelve a fojas cero una investigación a un matrimonio de políticos tucumanos por graves delitos.
La Fiscalía General había iniciado actuaciones preliminares para detectar si la ex diputada María del Carmen Carrillo había incurrido en asociación ilícita, lavado de activos, peculado y negociados incompatibles con su función. Una investigación preliminar sobre una denuncia contra un matrimonio de políticos tucumanos fue declarada nula y las actuaciones volvieron a fojas cero tras un fallo de la Cámara Federal de Tucumán, que consideró que el fiscal General, Gustavo Gómez, no podía investigar el hecho. La investigación había comenzado con una denuncia que formuló el legislador provincial Ariel García ante el fiscal General el 24 de octubre de 2014. El parlamentario solicitaba que se investigue si la entonces diputada nacional María del Carmen Carrillo y su esposo, el ex intendente de Monteros Luis Alberto Olea, habían cometido los delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con sus funciones, peculado y lavado de activos. Gómez ordenó una serie de medidas para determinar si la conformación de la sociedad comercial Start Mont SRL había sido realizada para adquirir bienes de la entonces diputada e intervenir en la ejecución de obras públicas con fondos de origen nacional. Sin embargo, la Justicia declaró la nulidad absoluta de todas las actuaciones preliminares en marzo de 2015. Gómez interpuso un recurso de casación para que intervenga Comodoro Py, pero la Cámara Federal de Tucumán confirmó el 7 de marzo de este año que todo lo actuado es nulo y la investigación volvió a fojas cero. El magistrado Ernesto Clemente Wayar avaló el trabajo realizado por la Fiscalía General. Sin embargo, los jueces Fernando Luis Poviña, Marina Cossio de Mercau y Ricardo Mario San Juan consideraron que el Fiscal no puede investigar el hecho, por lo que la denuncia volvió a su estado inicial.

Exoneran a un empleado de los Tribunales de Concepcion

El ministro público Edmundo Jiménez apeló a las atribuciones que le confirió la Ley N° 8.735 (enmienda en forma parcial la Ley Orgánica de Tribunales) y dispuso la exoneración de Ricardo Sergio González González, empleado de la Defensoría Oficial N° 2 del Centro Judicial de Concepción. Luego de la sustanciación de un sumario administrativo, Jiménez consideró que correspondía aplicar la máxima sanción al agente, quien había sido denunciado por una mujer que acudía a la Defensoría para ser asistida en un proceso de violencia doméstica. La denunciante, cuya identidad es mantenida en reserva, dijo que González González la acosaba sexualmente. La resolución N° 20 del 10 de febrero no está firme. Fuentes ligadas al caso informaron que el empleado exonerado judicializará la decisión de Jiménez. Según el relato de la mujer, quien también denunció a González González en sede penal, el acoso sexual habría ocurrido dentro de la oficina judicial. La instructora del sumario y defensora María Carolina Ballesteros recabó pruebas testimoniales y periciales (mensajes de texto y de WhatsApp) que corroboraron el relato de la víctima. Estos elementos incluso constataron que el acusado había concretado “tratos indecorosos e indebidos” respecto de algunas de sus compañeras de trabajo. “Tal comportamiento resulta inconciliable con el estado de agente judicial, e incide y afecta directa e intensamente el orden, decoro y dignidad de la administración de justicia”, expresó Jiménez en la resolución, en la que consigna que el sumario respetó el debido proceso y el derecho de defensa de González González. El jefe de los fiscales y de los defensores oficiales objetó: “la denunciante se encontraba atravesando una situación de vulnerabilidad por cuanto se vio en la necesidad de acudir a la Defensoría Pública a los efectos de iniciar los procesos pertinentes para alimentos y protección por violencia doméstica. No sólo no encontró el amparo y el resguardo que representa el Poder Judicial, sino que atravesó situaciones de angustia y humillación”. Al disponer la exoneración (implica la separación del agente del Poder Judicial) de González González, Jiménez citó las atribuciones que le confiere el artículo 94 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial (6.238), cláusula añadida en virtud de la Ley N° 8.735. Esa norma dictada en 2014 amplió las potestades del ministro público sobre el control disciplinario de los empleados y funcionarios de las defensorías y fiscalías.

"Cristina mandó a matar a Nisman"

"Stiuso dijo que Cristina mandó a matar a Nisman", confirmó el abogado de las hijas
El representante de las menores, Federico Casal, dio detalles de la declaración de ex espía. Qué dijo de los errores de Fein. El abogado de las hijas del fallecido fiscal Alberto Nisman, Federico Casal,aseguró que "Stiuso dijo que Cristina mandó a matar a Nisman". En ese sentido, consignó que "todos los elementos que están en la causa apuntan a lo mismo, que el fiscal Nisman fue asesinado".
Ayer, la jueza Fabiana Palmaghini se declaró incompetente para seguir al frente de la investigación sobre la muerte del fiscal especial de la UFI-AMIA tras escuchar la declaración de ex espía Antonio 'Jaime' Stiuso. La magistrada afirmó que la causa debía pasar a la Justicia Federal y apuntó contra la fiscal Viviana Fein por ocultar que en su primera declaración el ex agente había afirmado que a Nisman lo habían asesinado. En diálogo con radio El Mundo, Casal se refirió a esa actitud de Fein: "No es la primera vez que se da una situación de estas. Hubo una igual, la refirió expresamente la doctora Soledad Castro que le pasó lo mismo. En la primera declaración de ella en la que nosotros no intervenimos porque no éramos parte (de la causa) en este momentotambién se omitió consignar un montón de cosas que ella dijo". Consultado si Fein lo hizo por incompetencia o por órdenes provenientes de la Procuración General de la Nación, a cargo de Alejandra Gils Carbó, el querellante contestó "por qué lo hizo, no sé". No obstante, cuestionó a la funcionaria por otra decisión que tomó cuando ordenó que el criminalista Enrique Prueger interviniera como perito oficial en la investigación: "Se trata de un perito que públicamente ya había preopinado en cuanto a que la muerte del doctor Nisman se debía a un suicidio y que Nisman había tomado esta determinación cuando estaba en completo estado de ebriedad. Obviamente que alguien que ya se había pronunciado en estos términos públicamente no puede intervenir como perito oficial", afirmó. Asimismo, Casal acusó a Fein de haber mentido: "Cuando se estaba realizando la autopsia que suscitaba la expectativa de todo el mundo ella dijo 'acabo de hablar con el decano del cuerpo médico forense que me transmitió que de la autopsia surgía que en el hecho no habían intervenido terceros'. Nos mintió descaradamente y ante todos los medios”, sostuvo dado que ese mismo perito en el expediente "negó comunicarse" con la fiscal, y afirmó que "no es ese el resultado de la autopsia". Por ello, consideró que quizá la funcionaria podría haberlo hecho de forma intencionada: "Los hechos en una causa penal no pueden tomarse en forma aislada porque acá se van acumulando errores por parte de la fiscal Fein, y cuando los errores que se van acumulando tienen un único objetivo y una misma dirección da derecho a pensar que no se trata de errores". Cuestionado sobre la veracidad del testimonio de Stiuso, quien mantiene un enfrentamiento abierto contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, alegó: "No es la opinión de una persona que fue excluida y despedida y rechazada por el régimen saliente, sino que ya se va sumando mucha gente que tras el análisis de los elementos de la causa llegan a la misma conclusión, que fue un homicidio", en referencia al fallo del fiscal general de la Cámara del Crimen Ricardo Sáenz. Al ser preguntado sobre si Stiuso dijo que a Nisman lo mató el gobierno anterior, Casal afirmó "sí, correcto". Cuando se le insistió si por lo tanto se podría hablar de una conspiración, respondió: "Exactamente". Y puntualizó: "Eso no es más que sentido común que es lo que faltó en esta causa desde un primer momento". Sobre la aportación del ex espía a la causa, detalló: "Está acreditado en forma científica en el expediente que otra persona disparó el arma. La novedad que trajo Stiuso en su declaración es una imputación directa a los miembros de quienes ocupaban el poder Ejecutivo". E insistió: "La imputación directa a los autores es una novedad que trajo Stiuso".
En referencia a esa parte de la declaración de Stiuso, amplió: "Es muy difícil acreditar quien fue de forma directa. Hay que tomarlo en el contexto de todas las amenazas y de las muertes que alrededor de Stiuso tuvieron lugar, el 'Lauchón Viale', el atentado que sufrió Javier Fernández, las amenazas que recibió Nisman y su familia... Esto dice él que es el resultado de una campaña para evitar que el doctor Nisman siguiera investigando la pista iraní que según él manifestó tenía su origen en la Presidenta de la Nación".

Alberto Nisman fue asesinado

Alberto Nisman fue asesinado, según el dictamen del fiscal Ricardo Sáenz
El 18 de febrero se realizó una nueva movilización para pedir justicia por la muerte violenta del fiscal Alberto NismanCrédito: Nicolás Stulberg
El fiscal general de la Cámara del Crimen Ricardo Sáenz sostuvo hoy que Alberto Nisman fue "víctima del delito de homicidio" y pidió que la causa por la investigación de su muerte pase a al fuero federal. "El objeto procesal de esta causa hasta el momento, lo constituye la hipótesis de que Alberto Nisman ha sido víctima del delito de homicidio", sostuvo Sáenz en un dictamen al que accedióInfobae. Es la primera vez que desde la Justicia dan una opinión sobre qué pasó con Nisman la noche del 18 de enero del año pasado cuando fue encontrado muerto en el baño de su departamento de Puerto Madero con un disparo en la cabeza, cuatros días después de haber denunciado a la entonces presidente Cristina Kirchner, al canciller Héctor Timerman y a otras personas de su gobierno de encubrir a los acusados del atentado a la AMIA. Hasta ahora tanto la fiscal del caso, Viviana Fein, como la jueza de instrucción Fabiana Palmaghini habían dicho que no descartaban ninguna hipótesis de suicidio u homicidio.
Con su dictamen, Saénz adhirió a las posturas de las dos querellas de la causa –las hijas de Nisman Iara y Kala, por un lado, y la madre del fiscal, Sara Garfunkel– que sostienen que el fiscal fue asesinado por su trabajo en la investigación del atentado a la AMIA y por eso el caso debe ser investigado por la justicia federal y no la de instrucción.
Saénz presentó su dictamen en la Sala VI de la Cámara del Crimen, integrada por los jueces Marcelo Lucini, Mario Filozof y Rodolfo Pociello Argerich, que el próximo 18 de marzo realizará una audiencia para decidir en qué fuero debe tramitar el expediente.
Si la Cámara avala el cambio, la causa pasará a los tribunales de Comodoro Py, el fuero más político donde tramitan las causas de corrupción. Es el mismo fuero donde actúa Sandra Arroyo Salgado, ex mujer de Nisman, pero en distinta jurisdicción ya que ella es magistarda de San Isidro.
En su dictamen, Saénz –uno de los fiscales que impulsó el año pasado la marcha del silencio para recordar a Nisman– sostuvo que a su criterio hay varios elementos para considerar que su colega fue asesinado y que ese crimen se dio "en un contexto de zona liberada.... para neutralizar su actuación profesional".
Entre esos elementos, resaltó que el arma que produjo la muerte de Nisman deja residuos de disparo pero en la mano del fiscal no se encontró ninguna deflagración. "Por ende, no caben dudas ya de que no fue Alberto Nisman quien disparó el arma que le dio la muerte, lo que necesariamente lleva a concluir que fue víctima de un homicidio", sostuvo.
También destacó las declaraciones como testigos de las entonces diputadas nacionales Patricia Bullrich y Laura Alonso, del dirigente de la comunidad judía y legislador del PRO Waldo Wolff y de los custodios de Nisman y su secretaria Soledad Castro, respecto de que el fiscal, "lejos de hallarse angustiado o deprimido, se encontraba satisfecho, de buen ánimo, plenamente convencido de la justicia de sus acciones, y abocado a la presentación que iba a efectuar ante los legisladores aquel 19 de enero".
El fiscal señaló la "seria presunción de que el fiscal fue asesinado" al enumerar algunos resultados periciales: la localización del disparo, el hematoma en la zona occipital izquierda del cráneo, la lesión en la cara interna del tercio distal de la pierna izquierda, las declaraciones del médico y la enfermera de Swiss Medical que ingresaron al departamento y dijeron que el cuerpo de Nisman fue movido y que el contenido de su celular fue borrado.
Archivo. Entrevista a Lagomarsino de la televisión española. El técnico informático quedó en la mira del fiscal Sáenz
Sáenz volvió a apuntar contra Diego Lagomarsino, el técnico informático que le dio el arma a Nisman de la que salió el disparo con el que murió. Para el fiscal debe estar imputado por la muerte y no solo por la entrega del arma.
La jueza Palmaghini rechazó a mediados de enero el pedido para que la causa pase al fuero federal por considerarlo "prematuro" ya que no hay elementos que determinen que Nisman fue asesinado en función de su rol como fiscal del caso AMIA.
La magistrada también sostuvo que restan medidas de prueba por realizar en la causa, entre ellas una junta interdisciplinaria con expertos en criminología. Además, el próximo lunes está previsto que vuelva a declarar el ex agente de inteligtencia Antonio "Jaime" Stiusso, tras su regreso al país.
"El lineamiento elucubrado por las querellas no debe ni puede transformarse en un medio para apartar a la justicia de instrucción del conocimiento de la causa que por ley le ha sido atribuida", había dicho Palmaghini en su resolución.
Para la jueza, "el pensar de los pretendientes parece ajustarse más bien a deseos personales tendientes a lograr que la encuesta peregrine por una única y estrecha dirección: la hipótesis del homicidio, atada a su vez de manera casi matemática a la actividad funcional de quien en vida fuera, como se sabe, un Fiscal de la Nación".