14 jul 2009

EL GRAN DESMOSTE SALTEÑO

El Gobierno salteño habilitó que puedan arrasarse 1,5 millones de hectáreas de bosques nativos. El Gobierno de Salta permitió que un millón y medio de hectáreas de bosques nativos puedan ser desmontados pese a la emergencia forestal existente. La medida surgió tras la culminación del Ordenamiento Territorial de la masa boscosa de la vecina provincia efectuada el 7 de julio pasado. Si bien la disposición asienta que el 80 por ciento de la selva salteña quedará protegido de las topadoras, agrupaciones ambientalistas advirtieron las consecuencias negativas de este Ordenamiento. “Es muy importante que Salta haya concluido el Ordenamiento Territorial y que se proteja el ochenta por ciento de sus bosques y los territorios que ocupan y utilizan las comunidades indígenas. Sin embargo, teniendo en cuenta la emergencia forestal en la que nos encontramos, consideramos excesiva la superficie que estará expuesta al desmonte, lo que permitirá a la provincia mantener su ritmo actual de deforestación por más de una década”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de la organización internacional Greenpeace.Mediante un decreto, el Poder Ejecutivo salteño reglamentó la ley provincial 7.543, aprobada en diciembre último, que incluye el mapa de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la provincia. Este establece: 1.294.778 hectáreas en la Categoría I – Rojo (áreas protegidas, no se permite desmonte ni aprovechamiento forestal), 5.393.018 hectáreas en la Categoría II – Amarillo (permite aprovechamiento forestal, no permite desmontes), y 1.592.366 hectáreas en la Categoría III – Verde (permite su desmonte parcial). Con esta zonificación, la futura autorización de desmontes para el desarrollo agrícola y ganadero en la provincia de Salta queda reducida a las zonas establecidas en la Categoría III – Verde (el 19,23% de sus bosques) previa aprobación de un estudio de impacto ambiental y la realización de una audiencia pública. Las zonas en las que podrán solicitarse habilitaciones para desmontes fueron concentradas en regiones que en los últimos años vienen sufriendo el avance de la frontera agropecuaria.

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