DONDE ESTAN LOS 7 MILLONES?

Investigan el desvío de $ 7 millones para realizar el digesto legislativo. En 1999, el Gobierno le adjudicó a la UBA el análisis de 135 mil leyes porque aún hoy no se sabe a ciencia cierta cuáles son las normas que están vigentes. Le pagaron por el trabajo, pero el estudio nunca apareció. Desde hace diez años, la excusa perfecta para prorrogar sistemáticamente un paquete de atribuciones propias del Parlamento al Poder Ejecutivo entre ellas, la ahora famosa facultad para fijar retenciones al agro es la falta de un nuevo Digesto Jurídico. Se trata de la actualización de las más de 135 mil leyes, decretos y resoluciones que se dictaron durante 150 años en el país porque –aún hoy– no se sabe a ciencia cierta cuáles son las normas que están vigentes. Detrás de esta maraña legal y la fuerte discusión que se dio en el Congreso hace dos semanas, cuando el Gobierno logró extender por un año más el plazo, hay una historia de desidia y sospechas de corrupción: la Justicia investiga si hubo “malversación de fondos públicos” por los más de siete millones de pesos que se pagaron por un Digesto de baja calidad que nunca se terminó. Además, hay una puja de intereses en la que la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), contratada para hacer el estudio, le reclama más dinero al Ministerio de Justicia porque considera que su trabajo finalizó con éxito.La historia comenzó con la reforma constitucional de 1994. Allí se fijó que cinco años después sería la fecha límite para que quedaran sin efecto todas aquellas leyes que delegaban facultades al Ejecutivo. Sólo estaban condenadas a sobrevivir las normas que el Congreso específicamente decidiera prorrogar, luego de un exhaustivo estudio jurídico. En 1999, el entonces ministro de Justicia menemista, Raúl Granillo Ocampo, gambeteó lo que establecía la ley –debía, primero, crear una comisión de juristas para armar un esquema de trabajo– y convocó directamente a un concurso público de plazos brevísimos (hubo apenas dos meses entre la venta de pliegos y la apertura de sobres), del que resultó adjudicataria la Facultad de Derecho, cuando el rector de la UBA era el radical Oscar Shuberoff, quien estuvo 16 años al frente de la casa de estudios y se alejó en 2002 con varias acusaciones, entre ellas, la de enriquecimiento ilícito. El contrato, que tenía como plazo de realización de la obra dos años y medio, no se cumplió, según dijeron a Crítica de la Argentina fuentes gubernamentales.La primera entrega de material preliminar que hizo la Facultad ante el Ministerio de Justicia fue en septiembre de 2005. “Rápidamente notamos que eso era insuficiente y plagado de errores”, aseguró un especialista que participó del cotejo de la información (ver recuadro). Pero la novela del Digesto trascendió las fallas técnicas para avanzar en terreno judicial. A raíz de un artículo del periodista Horacio Verbitsky publicado en Página/12, en el que denunciaba irregularidades y apuntaba contra el entonces responsable del proyecto, el ex decano de Derecho Atilio Alterini, se originaron de oficio dos causas penales que se unificaron en el juzgado federal de Rodolfo Canicoba Corral. El magistrado investiga la supuesta malversación de fondos públicos. La causa 8.170/2006, que acumula cinco cuerpos, avanzó a paso lento y no tiene imputados, sino que alcanza a “parte del rectorado de la UBA”, según confiaron fuentes con acceso al expediente. La explicación que da la universidad es que la grave crisis de 2001 “interfirió en el cronograma establecido y los costos” y, por eso, demandó que le giraran más fondos y así también argumentó el retraso.Lo que deberá determinar el juez es si –como sostiene una auditoría interna promovida por la cartera de Justicia– hubo egresos en varios conceptos no vinculados con el contrato (ofrendas florales, agencia de turismo, servicio de lunch, entre otros) y gastos “desmedidos” en contrataciones de personal y pasantías “con supuesto criterio de favoritismo político”.“La responsabilidad del seguimiento del tema está hoy en el ministerio y en la Justicia”, sostuvo la diputada Paula Bertol (Unión-PRO de Capital), quien hizo un pedido de informes al Poder Ejecutivo hace dos años en el que, entre sus fundamentos, solicita que se establezca si es cierto que entre los proveedores del Digesto hubo “empresas fantasma” y otras firmas “vinculadas con directivos de la Facultad” en ese momento.Hasta ahora, los sucesivos gobiernos –desde Carlos Menem hasta el mandato de Néstor Kirchner– desembolsaron 7.150.000 pesos. En diciembre pasado, la Facultad comunicó que dio de baja el seguro de caución que tuvo que contratar para hacer el trabajo porque considera finalizada su misión y, además, exige que le devuelvan el 10% del “fondo de reparo”, que, según la séptima cláusula del contrato, se liquida una vez finalizada la “obra”. Se trata de otros $ 795 mil por un Digesto que todavía no vio la luz.Incompatibilidad de softwarePocos pudieron ver el proyecto de Digesto Jurídico que llegó a elaborar la UBA. Una anécdota insólita ilustra el derrotero de este trabajo que, tras diez años y varios millones invertidos, permanece en las más absoluta oscuridad. En pleno debate por el pedido de prórroga de las facultades delegadas por parte de Cristina Fernández de Kirchner, el 29 de julio pasado se reunió la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para analizar el tema. Fue entonces cuando la legisladora que preside el cuerpo, Graciela Camaño, les comentó a sus pares que le habían enviado en un DVD el informe de la Facultad de Derecho pero que no lo podía abrir porque en el Congreso no tenía el software –la compleja base de datos Lotus Notes– para hacerlo.Una década de desidia y un decálogo de erroresEn la montaña de papeles que acumula el proyecto del Digesto Jurídico en el Ministerio de Justicia, hay 400 páginas que sólo contienen observaciones de errores de la facultad. Entre 2000 y 2005, un grupo de 24 juristas encabezados por Daniel Sabsay controlaron el material. “Lo hicimos ad honorem. Pero no nos renovaron el plazo”, explicó el constitucionalista. Ahora hay una unidad dentro del ministerio, con presupuesto propio, dedicada al tema.Éstos son algunos de los errores que hallaron:* Errores de numeración en el Código Penal. Por ejemplo, la disminución de la edad a 60 años (es de 70) para acceder a la prisión domiciliaria.* Omisión de párrafos íntegros del Código Nacional Electoral.* Tres versiones distintas de la ley de Defensa del Consumidor.* Montos de dinero que no han sido convertidos a pesos (hay cifras en australes).Por contrato, el trabajo incluía el análisis de vigencia y validez normativa de toda la legislación, sistematizada por ramas del Derecho, con la pertinente ordenación de textos, considerando las modificaciones y derogaciones expresas e implícitas. Además de eso, exigía la elaboración de un manual de técnica parlamentaria.