UN SOL PARA LOS KIRCHNER

Ahora el gobierno analiza desalojar las antenas de Canal 13. Horacio Verbitsky reveló que sobre el histórico edificio Alas perteneciente a la Fuerza Aérea, Canal 13 y Telefé ubicaron antenas que emitirían radiaciones peligrosas. La ministra Nilda Garré analiza desalojarlos. Los curiosos precios del "alquiler". Horacio Verbitsky publicó este Domingo una extensa y muy minuciosa nota que revela ciertos incidentes de aparente contaminación por radioación, en las antes transmisoras que Clarín y Telefé ubicaron sobre un edificio del Estado (ver link).Se trata del histórico edificio Alas, ubicado en Leando N. Alem y Viamonte, perteneciente a la Fuerza Aérea. Y todo indica que el posible desalojo de estas antenas, sumará un nueva capítulo a la guera de Néstor Kirchner con el principal grupo de medios del país. La operadora del Canal 13 es Artear, sigla de Arte Argentino, una de las empresas del Grupo Clarín. En el edificio Alas posee ocho antenas ubicadas en la terraza, un departamento de un centenar de metros cuadrados en el piso 40 donde funciona la planta transmisora, otro de 30 metros cuadrados en el piso 39 y un espacio en el subsuelo para la instalación de un generador eléctrico, revela el periodista. En la terraza y los pisos 40 y 39 es donde se registraron las mediciones más altas. La ocupación de esos espacios comenzó en 1960, según contratos de los que la Fuerza Aérea no tiene constancia documental. En febrero de este año Artear adujo que la renovación del contrato era automática si ninguna de las partes lo denunciaba y solicitó una audiencia con la ministra Nilda Garré. En 2003 Canal 13 pagaba por esos espacios un canon de 5.500 pesos mensuales. En abril de este año el Tribunal de Tasaciones de la Nación lo fijó en 13.500 pesos mensuales. En la audiencia con Garré los directivos de ARTEAR dijeron que la antena y la planta transmisora eran “el corazón del canal 13”. En una segunda reunión se les notificó la conclusión de un sumario administrativo sobre los contratos. El único registrado se firmó en diciembre de 2003, venció en diciembre de 2008 y se prorrogó hasta fin de este año, pero soslayó el régimen de contrataciones públicas: no hubo expediente, publicidad ni licitación. Esto permitiría al Estado revocarlo, dada su absoluta nulidad. ARTEAR dijo que el ministerio actuaba de mala fe, con una actitud persecutoria, dado que de otro modo convocaría a una licitación pública para su regularización. El ministerio negó esa intencionalidad: desde la asunción de Garré está regularizando la situación de todos los edificios asignados al uso militar y en casos con menores irregularidades separó a los funcionarios que actuaron y los denunció ante la justicia, subraya el periodista. Según ARTEAR el traslado de las estructuras a un nuevo emplazamiento sin afectar la transmisión del canal no llevaría menos de seis meses, por lo cual pidió que se revisara la decisión. Ambas cuestiones, igual que la separación de los cables y las obligaciones de desinvertir en caso de aprobarse la ley que discute el Congreso, terminarán en la justicia, donde la ideología y la corrupción juegan en contra del intento de democratización del espectro de las comunicaciones, concluye Verbitsky.