Protección para los indígenas de Tucumán. El Estado argentino deberá responder por los actos de agresión a miembros de las comunidades. En noviembre del año pasado, Andhes (Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales) en representación de diez comunidades indígenas de la provincia, acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a fin de que solicite al Estado Argentino la inmediata adopción de medidas cautelares con el objeto de proteger derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Como primera medida, el organismo internacional le pidió al Estado Nacional que brinde un informe sobre la situación denunciada, "sin prejuzgar sobre la posible apertura de un trámite de medidas cautelares", según reza el escrito.
El Estado argentino deberá responder ante la CIDH sobre "las medidas que se han tomado para responder a los presuntos actos de agresión denunciados por los solicitantes (andhes) a miembros de las Comunidades India Quilmes, El Nogalito, Chuschagasta, Valle de Tafí, Diaguita El Mollar, La Angostura, Casas Viejas, Diaguitas de Anfama, Amaicha del Valle y Tolombón de la provincia de Tucumán, Argentina, o para prevenir la realización de desalojos en las comunidades denunciadas".
Además, deberá informar a la CIDH sobre "la implementación de la ley 26.160; si tal normativa prohíbe los desalojos de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas del país; y qué medidas se han adoptado para formalizar la titulación de las Comunidades".
El escrito aclara que la información solicitada se realiza "sin prejuzgar sobre la posible apertura de un trámite de medidas cautelares".
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