La UNT informará sobre delatores. El Rector ordenó que se pusiera a disposición de la Justicia toda la información que fuera necesaria por el caso "Cacho" García. Después de la publicación en la que se consigna que Osvaldo "Cacho" García, jefe de informativo del Canal 10, actuaba como agente de inteligencia del batallón 601 del Ejército durante la dictadura militar, el rector de la Universidad Nacional de Tucumán, Juan Alberto Cerisola, decidió que el directorio de Canal 10 ponga a disposición de la Justicia o de cualquier organismo oficial que lo requiera, la información que fuera necesaria.
La misma publicación consigna que otro periodista tucumano, Felix Roberto Alvarez, también está incluido en la larga lista que, además, abarca a otros periodistas, profesionales y civiles que fueron activos colaboradores de los hechos de represión que enlutaron a la provincia durante la dictadura militar. Alvarez se desempeña actualmente como periodista en el Congreso de la Nación.
A raíz de la enorme repercusión de la nota, la UNT no podía quedar ajena al hecho ya que García es un encumbrado funcionario del Canal de televisión propiedad de la casa de estudios en sociedad con el Estado Provincial.
Fue así que en el transcurso del sábado, la Universidad emitió un comunicado en el que expresa textualmente que: "El rector Juan Cerisola instruyó al directorio de Canal 10 para que ponga a disposición de la Justicia, o cualquier organismo oficial que así lo requiera, toda la información pertinente al caso reflejado por el diario La Gaceta en su edición del día de la fecha ("Abrieron archivos de los años 70"), sobre un periodista tucumano presunto agente de inteligencia del Ejército durante la dictadura militar. También ordenó al directorio impulsar todas las medidas que sean necesarias tendientes a esclarecer esta situación".
La Gaceta del domingo informa además que "la causa de los informantes de Inteligencia del Ejército está en manos del fiscal federal Emilio Ferrer, como un desprendimiento del llamado "caso Arsenales II", en el cual se amplió la investigación sobre el funcionamiento de un centro clandestino de detención y exterminio en el ex arsenal Miguel de Azcuénaga. En ese expediente, se investiga la responsabilidad de más de un centenar de militares.
Si Ferrer considera que hay motivos suficientes de imputación penal respecto de alguna persona, debe requerir al juez federal subrogante Daniel Bejas que la cite, eventualmente, a declaración indagatoria, dice el matutino tucumano.
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