El Ministerio pasó la lista de los asistentes al curso de los 800 mil pesos. Después de pasados 20 días, llegaron al Tribunal de Cuentas las nóminas de los beneficiarios de los cuestionados cursos que dictó la Fundación Salud (FunSal) en el Siprosa. El organismo de control había rechazado el pago de 800 mil pesos autorizado por el Ministro de Salud, Pablo Yedlin, a la mencionada fundación, debido a graves irregularidades detectadas.
Una de esas faltas era que la ONG se inscribió legalmente en la provincia tres meses después del comienzo del dictado de los cursos. Además se constató que puso como domicilio un departamento céntrico que se emplea como vivienda privada y el teléfono, pertenece a un colaborador del ministro de Salud de la Nación y vicegobernador en licencia, Juan Manzur.
Otra de las deficiencias que se constató fue que la lista que se elevó sobre los supuestos participantes carecía de los numeros de documentos, información imprescindible para saber fehacientemente quiénes fueron los beneficiarios reales de los mismos.
La situación derivó en denuncias penales, sin que hasta el momento la Justicia avanzara en el tema. La causa inclusive cambió de fiscal, ya que 17 días después María de las Mercedes Carrizo pidió apartarse de la misma y esta fue girada por orden del Ministro Fiscal, a la fiscalía de Carlos Sale.
Sin embargo y a pesar del tiempo transcurrido nunca se llamó a declarar a nadie ni se hicieron allanamientos en busca de material que pudiera aclarar lo ocurrido realmente.
Con esa tranquilidad, el cuestionado Ministerio de Salud de Tucumán, recién en la mañana de este martes completó la documentación sobre los participantes del curso con su DNI.
A partir de ahora el Tribunal de Cuentas deberá revisar la documentación solicitada para saber si está en condiciones de ser aceptada o rechazada.
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