LA MUNICIPALIDAD ES MIA

Una mujer de 86 años exige que le devuelvan la sede de la Municipalidad de Graneros, usurpada por Bussi. El Estado también debe responder por los derechos de propiedad lesionados durante la última dictadura militar. Aferrada a esa tesis, Adina Nóbile de Villamil, de 86 años, exige la devolución del terreno supuestamente usurpado en 1976 donde funciona nada menos que la sede de la Municipalidad de Graneros. La hija de Argentina Magdalena Bertelli de Nóbile -última titular de aquel fundo según el Registro Inmobiliario de Tucumán-, pidió la restitución de la tierra a diversas dependencias del Estado, pero sólo obtuvo respuestas vagas y dilaciones. Tras tres décadas de gestiones infructuosas, ha decidido llevar su caso a la Justicia Federal y, aunque no desconoce los intereses institucionales comprometidos en su asunto, conserva la esperanza de que una orden del juez Daniel Bejas le permita recuperar el inmueble. La pretensión de Nóbile de Villamil se apoya en informes emitidos por la Dirección de Catastro, el Ministerio del Interior, la Legislatura y el propio Municipio de Graneros. "De todos ellos surge que la única titular del terreno es la señora Bertelli, y que no hay rastros de alguna transmisión de dominio en favor de la Municipalidad, ni ningún acto de expropiación que justifique la ocupación de la propiedad", asegura Eduardo Terán, abogado de la heredera de Bertelli. El único documento oficial vinculado con la creación del Municipio ubicado en el sudeste de la provincia es, según el letrado, un decreto del 13 de mayo de 1976 firmado por el general Antonio Domingo Bussi y el coronel Julio Ernesto Balloffet, respectivos gobernador, y ministro de Gobierno y Justicia de Tucumán. Aquel texto de tres artículos dispone escuetamente que la decisión de establecer una Municipalidad en el territorio correspondiente a la Comuna de Graneros obedece a una "necesidad" fundada en el acta para el Proceso de Reorganización Nacional. El terreno en cuestión -valuado fiscalmente en $272.529,82- estaba desocupado cuando el Gobierno de Tucumán decidió edificar allí la sede municipal, de conformidad con el relato de Nóbile de Villamil. La heredera, que alega que la usurpación tuvo lugar mediante intimidaciones y abuso inaudito de autoridad, especifica que su madre fue amenazada cuando quiso cuestionar la disposición de las autoridades de facto. Recuperada la democracia y superado el temor a las represalias, la familia de Bertelli hizo nuevas gestiones para obtener la restitución del fundo o, en su defecto, una indemnización.

Amplio o restringido
El reclamo llegó a la Fiscalía de Estado y a la Secretaría de Derechos Humanos, pero nunca prosperó, pese a que el mismo intendente de Graneros, Roque Héctor Graneros, reconoció en septiembre de 2009 que no había archivos ni documentación del acto administrativo que acreditasen que el Estado tucumano había adquirido el dominio del mencionado inmueble. En el expediente radicado en el Juzgado Federal Nº1 consta que el jefe del Ejecutivo municipal alegó que aquella situación podía obedecer a dos motivos: que la propiedad haya sido adquirida con anterioridad a 1976, cuando todavía existía la Comuna, en cuyo caso la documentación obraría en los archivos de la Provincia, o que esta haya sido adquirida a partir de 1976, y que los papeles hayan desaparecido como consecuencia de las inundaciones sufridas entre esa fecha y el presente.
El caso encuadra en la hipótesis de delito de lesa humanidad, según el fiscal federal Emilio Ferrer, que requirió la instrucción penal sobre los hechos que planteó Nóbile de Villamil y consideró que procede la restitución anticipada del inmueble que esta solicitó en septiembre de este año. "Los delitos de lesa humanidad son aquellos hechos delictivos que, aisladamente, pueden ser considerados delitos comunes, pero que, al perpetrarse en el contexto de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, se constituyen como tales y, por lo tanto, no prescriben por el paso del tiempo", postuló Ferrer. El fiscal imputa la coautoría del supuesto delito a Bussi; a Luciano Benjamín Menéndez, ex jefe del III Cuerpo del Ejército; a Norberto Fernández o Jorge Antonio Fernández y Víctor Antonio Izarduy, ex secretarios de Estado del Interior de Tucumán, y a Arturo César Navarro, ex intendente interino de la Municipalidad de Graneros. Ferrer, que vinculó la creación de ese Municipio con la teoría de "las aldeas estratégicas" fundadas durante el régimen militar (para controlar el territorio), recordó que la Cámara Federal de Apelaciones ha considerado que corresponde extender la calificación de crimen contra la humanidad inclusive a los delitos contra la propiedad, cuando estos se hayan cometido aprovechando el aparato represivo instaurado en el contexto del terrorismo de Estado. Argumentando la verosimilitud del derecho reclamado y la edad avanzada de la denunciante -es decir, que la prolongación del trámite judicial puede derivar en una sentencia definitiva inútil-, los letrados Terán y Carlos Casal han solicitado a Bejas que restituya el inmueble a Nóbile de Villamil. La eventual concesión de la medida cautelar no sólo implicaría dejar al Municipio de Graneros sin sede física: fuentes de los tribunales federales han comentado que una decisión favorable al planteo de Nóbile de Villamil sienta un valioso precedente jurídico para las acciones prescriptas de un número indeterminado de víctimas de usurpaciones ocurridas durante la última dictadura."Hay que definir si un mero abuso de autoridad entra dentro de la categoría excepcional del delito de lesa humanidad", explica un funcionario judicial más bien partidario de una interpretación prudente -o acotada- de la imprescriptibilidad de la acción penal. El final de una supuesta usurpación de 34 años de antigüedad depende de que en la decisión de Bejas prevalezca, justamente, el criterio contrario.
El caso en cinco pasos

1- Bertelli de Nóbile adquiere en 1951 la propiedad de un fundo ubicado en el centro de la entonces Comuna de Graneros.
2- El Gobierno de facto a cargo de Bussi crea la Municipalidad de Graneros en 1976 e inmediatamente construye la sede en el terreno de Bertelli.
3- Adina Nóbile de Villamil, una de las herederas de Bertelli, paga los impuestos de la propiedad ocupada mientras gestiona su devolución.
4- En 2009, Nóbile de Villamil denuncia la supuesta usurpación en la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal N°1.
5- Nóbile de Villamil, que tiene 86 años, pide al juez Daniel Bejas la restitución del inmueble en el carácter de medida cautelar.