SENADORES OPOSITORES QUIEREN QUE SEA REPUESTO EN SU CARGO

Piden en el Senado por la reposición de Sosa. Legisladores de la oposición presentarán hoy lunes un proyecto para que el ex procurador santacruceño sea repuesto en el cargo, tal cual reclamó la Corte Suprema. Mientras en la Cámara baja siguen analizando los pasos a seguir con el conflicto desatado por la negativa de las autoridades santacruceñas a reponer al ex procurador de esa provincia en el cargo del que fue despedido hace quince años, presentarán este lunes el primer proyecto sobre el tema en la Cámara alta. La iniciativa sugiere la intervención de la provincia y es promovida por los senadores Gerardo Morales, Rubén Giustiniani y Adolfo Rodríguez Saá, titulares de las bancadas radical, socialista y peronista federal, respectivamente. El proyecto es acompañado por las firmas de los senadores radicales Ernesto Sanz y Alfredo Martínez, y señala que "queda de pleno derecho repuesto en el cargo de Agente Fiscal de la Provincia de Santa Cruz el doctor Eduardo Emilio Sosa, cesando en dicha función la persona que actualmente la ejerza". El proyecto señala que "nos hallamos en presencia de una notoria y flagrante desobediencia a reiterados fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por parte de las autoridades de una Provincia". "Admitir esta conducta sería tanto como desconocer la autoridad del máximo tribunal de la República y, por esa vía, transformar en letra muerta a la propia Constitución Nacional", puntualizaron los legisladores a través de un comunicado. El proyecto remarcará "el largo itinerario procesal que Sosa debió recorrer en busca de que el ilegal y arbitrario apartamiento de sus funciones fuera revocado efectivamente", y recuerda que "en un gesto que merece destacarse, rechazó la indemnización que las autoridades provinciales le ofrecieron como sustitutiva de su reincorporación, demostrando de esa manera que no lo movía en su infatigable trajín judicial el ánimo de un provecho económico, sino sólo el cumplimiento de las constituciones provincial y nacional, en cuanto garantizan la vigencia del derecho de inamovilidad en el cargo.