NOSOTROS NO COMPROBAMOS NINGUN ILÍCITO

Pese a las denuncias, el IPACYM no pudo corroborar irregularidades en planes sociales. El titular del organismo, Regino Racedo, aseveró que se realizaron investigaciones sobre las cooperativas sospechadas de exigir dinero a sus beneficiarios pero no pudieron dilucidar la presencia de ilícitos. Pese a ello, recalcó que elevaron los informes a la justicia. Críticas hacia Clarín y el fiscal Antonio Gómez.  El año se inició con el escándalo y los ecos aún repercuten en los tramos finales de este 2010. Lo que se ideó como una política de estado enmarcada en un objetivo social e inclusivo que presentaba una alternativa para combatir la tendencia clientelar que caracteriza a este tipo de programas, no pudo salir indemne de las denuncias y sospechas que recayeron sobre su aplicación. Luego del informe televisivo emitido por el segmento "Telenoche Investiga" que se emite por la pantalla de la señal de cable TN y Canal 13, donde se reflejaban irregularidades en el plan nacional "Argentina Trabaja" ejecutado en nuestra provincia, donde punteros políticos del oficialismo, según el informe, habrían exigido a los beneficiarios del programa de cooperativas una proporción del sueldo que ellos cobran por los trabajos que realizan a cambio de mantenerlos inscriptos en tal iniciativa, en defensa de este sistema salió el titular del Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (IPACYM), Regino Racedo. El funcionario, en diálogo con la prensa, al tiempo de descalificar el informe periodístico reconoció que desde su repartición, si bien es cierto que recibieron denuncias al respecto e iniciaron averiguaciones, aún no pudieron dilucidar ni comprobar fehacientemente la presencia de algún tipo de ilícito.
Investigaciones 
"Nosotros atendemos a la gente cuando llegan a plantearnos oralmente lo que les sucede y tratamos de averiguar si es cierto, o no, las denuncias que nos manifiestan. Sin embargo, nos encontramos con el problema que no nos proporcionan nombres, por el miedo a que se tomen represalias, por lo que les recomendamos (a los beneficiarios) que se dirijan a la justicia federal o provincial", recalcó Racedo.
Asimismo, aclaró que el organismo que él preside, en un primer momento se encargó de participar en la conformación de las cooperativas, el otorgamiento de las matrículas habilitantes y la carga al sistema de los beneficiarios, pero, actualmente, su función se limita a la de colaborar con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, que es el organismo facultado para recibir los fondos y entregar los materiales para el desarrollo de las obras que se digiten y que deben ser ejecutadas por los que se inscribieron en el programa. En este sentido, deslindó las responsabilidades en la profundización de la investigación a esta dependencia, al tiempo de señalar que "más allá de nuestra función específica, tuvimos seis casos en los que se argumentaba que personas exigían dinero, pero no se las identificaba".
En relación a esto último aclaró que el único dato con el que el IPACYM podía contar era la denominación de la cooperativa involucrada en las posibles desvanescencias. "De este modo realizamos un seguimiento profundo de la situación, más que nada para hacernos notar e intimidar a los personajes que estarían realizando estos pedidos de dinero. Pusimos suma atención y un ojo especial (sic) con el fin de que cesen las irregularidades. Pero no llegamos a comprobar estos hechos", e insistió en que pese a ello, facilitaron estas denuncias y el listado de las cooperativas con la totalidad de los socios que las integran a la rama judicial para su intervención.
Por otro lado, cargó enfáticamente contra el programa televisivo que difundió el informe y circunscribió el mismo al contexto que enfrenta al Grupo Clarín (las señales aludidas forman parte de este multimedios) con el Gobierno nacional. "Aprovecharon un tema sensible que indigna a la gente porque se toca el abuso hacia los más humildes, pero es una de las tantas infamias más que realiza este grupo, acostumbrado a distorsionar, tergiversar y ensuciar a todo el mundo alegremente y con total impunidad", bramó.
Medidas contra-ofensivas
En otro tramo de su alocución, Racedo no asumió culpas de lo acontecido y destacó el accionar por él iniciado una vez que se conocieron originariamente las denuncias (enero de este año): "En el informe me hacen responsable a mí, por el sólo hecho de mostrar tendenciosamente dos o tres casos y de allí generalizar como si todo funcionara mal. Cuando en realidad son 15 mil los afiliados a este sistema en Tucumán, ¿qué esperaban (por Clarín), que los acompañe a cada uno de ellos a la puerta del banco para cobrar y así averiguar quiénes son los sujetos que les solicitaban el dinero? Todo se debe a la mala intención del medio", argumentó. En esta misma línea, aseveró que en la causa judicial "yo no estoy mencionado" y destacó su presencia ante la justicia en dos oportunidades (con los fiscales Carlos Brito y Antonio Gómez) con el objeto de declarar y remitir información atinente a los acontecimientos.
Racedo, también apuntó sus dardos contra el fiscal Gómez, quien fue una de las fuentes consultadas por el programa periodístico en cuestión: "Sus declaraciones fueron poco felices porque sabe muy bien que yo no tengo nada que ver en esto. Lo que sucede es que esperó que Canal 13 le pusiera un micrófono y así intentar salvar sus propias ineficacias e irresponsabilidades". Por estas situaciones, no descartó que su organismo inicie demandas judiciales tanto contra el canal televisivo como contra el propio Gómez. "Evaluaremos las medidas necesarias a adoptar porque esto de ninguna manera quedará así", indicó contundentemente.
Al caracterizar continuamente de "injustas" las sospechas que recayeron sobre el "Argentina Trabaja", el funcionario alperovista justificó que se trabaja arduamente para el mejoramiento constante de este plan social "para tratar de pelear contra aquellos pícaros que se quieran aprovechar, pero reitero a los beneficiarios que no se dejen presionar ni intimidar". En este sentido, remarcó que en ningún momento se concretaron posturas que infrinjan los derechos adquiridos por parte de los cooperativistas: "En 10 meses que llevamos con el plan no se ha dado de baja a nadie, sólo a los que no cumplen con sus labores, que es el 10 por ciento del total, porque queremos evitar que los inescrupulosos les impongan el miedo a la gente", finalizó.