POR DECRETO

Ampliaron por decreto el Presupuesto en 10 mil millones. Con un nuevo endeudamiento por 13.836 millones, el Gobierno nacional cerró el año con sesenta mil millones de pesos de gastos que no fueron aprobados por el Parlamento. A toda orquesta concluyó el Poder Ejecutivo en materia de decretos de necesidad y urgencia. Es que este martes la Presidenta firmó una nueva ampliación del Presupuesto nacional 2010, en este caso por 10.118 millones de pesos. El DNU establece además un incremento del endeudamiento por valor de 13.836 millones de pesos. Con esto, según los cálculos, la mandataria cierra 2010 con un total de 60 mil millones de pesos de gastos que no tuvieron aprobación del Congreso de la Nación. Esto indica un incremento del 22 por ciento de las erogaciones establecidas en la versión original de la denominada "ley de leyes". Se trata del DNU 2052/10, publicado en el Boletín Oficial, que establece un refuerzo de 10.118 millones de pesos en las autorizaciones para gastos corrientes y de capital, y de 27.698 millones en las aplicaciones financieras de la Administración Nacional, de acuerdo con el estudio realizado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP). Esos refuerzos fueron financiados mediante un aumento de 12.010 millones de pesos en el cálculo de recursos corrientes (principalmente, ingresos tributarios), de 13.836 millones en el endeudamiento y de 11.971 millones de pesos en otros pasivos, indicó la entidad. Así las cosas, el Resultado Financiero presupuestado se incrementa en 1.892 millones de pesos.

La distribución del incremento de gastos es la siguiente:

Ministerio de Trabajo: 29.124,9 millones de pesos, para la ANSES, para financiar el mayor gasto en personal por el incremento salarial, garantizar la continuidad del Programa Conectar Igualdad.com.ar, atender el pago del suplemento especial único para los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) e incrementar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del SIPA. Jurisdicción 91 - Obligaciones a cargo del Tesoro: 19.519,8 millones de pesos, para la atención del Fondo Federal Solidario, transferencias destinadas al financiamiento de ENARSA, Administración de Infraestructuras Ferroviarias, Empresa Argentina de Soluciones Satelitales., AySA, Ferrocarril Belgrano y Entidad Binacional Yacyretá, y para el pago de compensaciones a productores de petróleo. Ministerio de Planificación: 3.817,7 millones de pesos, para transferencias a empresas ferroviarias, aerocomerciales y automotoras, gastos en inversión y seguridad ferroviaria, adquisición de material ferroviario (Acuerdo con China), adquisición de combustibles (Convenio con Venezuela), transferencias para construcción de viviendas, transferencias a CAMMESA para la importación de energía eléctrica y combustibles, atención de mayores gastos de implementación y puesta en marcha del Sistema Unico de Boleto Electrónico (SUBE), transferencias para el financiamiento de obras de líneas de alta tensión, refuerzos para la Dirección Nacional de Vialidad. Jurisdicción 90 - Servicios de la Deuda: atención de vencimientos de servicios de la deuda. Ministerio de Agricultura: 350 millones de pesos, para pago de compensaciones a productores agropecuarios a través de la ONCCA. Ministerio de Justicia: 290 millones de pesos, para Gendarmería Nacional, para equipamiento en el marco de las Operaciones de Seguridad en la Provincia de Buenos Aires. Ministerio de Desarrollo Social: 224,3 millones de pesos, para el pago de un suplemento en el marco del Programa de Atención de Pensiones no Contributivas. Ministerio de Educación: 200 millones de pesos, para gastos de funcionamiento de las Universidades Nacionales.

Poder Judicial: 57 millones de pesos

Ministerio de Salud: 21,3 millones de pesos, para atención médica de pensionados no contributivos.

Jefatura de Gabinete: 17,8 millones de pesos.

Ministerio del Interior: 16,2 millones de pesos, para el Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas.

Ministerio Público: 7 millones de pesos, para la Procuración General de la Nación, para financiar mejoras salariales.