TENES DOS SEMANAS CRISTINA

Moyano le dio 2 semanas a Cristina para definir el reparto de los $ 9.000 millones. Bajo la amenaza de amparos judiciales para exigir la urgente destribución de los fondos de obras sociales, y con un plazo de 2 semanas para una definición concreta, Hugo Moyano logró que Cristina reciba a la CGT "en los próximos días". Por ahora, sólo se supo que habrá promesas para cambios en Ganancias. Sobre los $9.000 millones hay aún demasiadas incógnitas.Ante la falta de una respuesta concreta del Gobierno, Hugo Moyano y los gremios enrolados en la CGT avanzaron con una fuerte ofensiva para presionar a Cristina Fernández por la distribución urgente a las obras sociales sindicales de alrededor de $ 9.000 millones retenidos por el Estado en el denominado Fondo Solidario de Redistribución (FSR). La amenaza por la vía judicial (la misma vía por la que el Gobierno busca alejarse de Moyano) contempla la presentación simultánea de recursos de amparo en la Justicia por parte de un grupo de obras sociales, encabezadas por la propia entidad de Camioneros que preside Moyano, exigiendo el reparto automático de esos millonarios fondos con el argumento de las dificultades financieras que atraviesan las prestadoras de salud sindicales.
Además, la ofensiva arriba con un ultimátum: se dio el plazo de 2 semanas para recibir un compromiso firme del Gobierno con un cronograma preciso para la distribución de esos recursos, según dijeron referentes sindicales al diario 'El Cronista' . "Hoy tenemos un retraso de 5 años en el reparto de los fondos. Si seguimos así en un año se quiebra el sistema", advirtieron desde la entidad.
"La decisión es jugar a fondo porque la situación es crítica y cualquier juez nos va a dar la razón porque la ley establece que el reparto es automático", indicó un referente sindical.
Las preocupaciones en el Gobierno se extendieron al punto que, según fuentes sindicales, comenzaron a producirse contactos informales entre Moyano y otros dirigentes con algunos funcionarios del Gobierno (algunas versiones mencionaron al secretario Legal y Técnico y hombre de máxima confianza de Cristina, Carlos Zanini) con el objetivo de abrir un canal de negociación que permita destrabar ambos reclamos y descomprimir la tensión instalada en la relación entre el Ejecutivo y los gremios.
Del resultado de aquellas conversaciones sólo se conoció que Cristina recibiría en los próximos días a la cúpula de la CGT, con Hugo Moyano a la cabeza, y que le tomará el reclamo sobre la suba del mínimo no imponible de Ganancias.
Según informa el diario 'Ambito Financiero', les dirá a los referentes gremiales que el Gobierno aplicará por decreto la medida, y que el monto al que será llevado el nuevo mínimo se anunciará en un acto en la Casa de Gobierno. Antes, otros funcionarios serán los encargados de explicar a los cegetistas la estrategia oficial. Los ministros de Trabajo, Carlos Tomada, y de Economía Amado Boudou, aclararán que se esperará al cierre de las principales paritarias de los gremios más grandes e influyentes (y cuyos afiliados son los más afectados por el tributo), para hacer el anuncio. Además aclararán que la aplicación de la mejora será retroactiva y comenzará a aplicarse desde enero de 2011.
No es lo que la CGT busca, pero se descarta desde el Gobierno, que se lo aceptará bajo la promesa oficial de una suba consistente. La foto, anticipan desde la casa de Gobierno, sería el fin de las hostilidades entre el Gobierno y el sindicalismo moyanista, a la espera de las elecciones de octubre. Por ello, los 14 diputados nacionales que obedecen y tienen extracción sindical no bajarían al recinto para apoyar hoy el proyecto de ley de la oposición que propone una suba del mínimo de Ganancias.
Sobre el reparto de los fondos no se supo nada. Sin embargo, el hecho de que Cristina los reciba en "los próximas días" responde al menos al ultimátum camionero.
Además, y en paralelo, en la CGT trabajan en la elaboración de un proyecto propio que promueve la reformulación total de la Administración de Programas Especiales (APE), el organismo estatal encargado de pagar los reintegros a las obras sociales por tratamientos de alta complejidad. Esa propuesta implicaría agilizar el pago de reintegros e incorporar a referentes de la oposición para controlar el manejo de los recursos.