EL CONGRESO NACIONAL NO DA RESPUESTAS A LA SOCIEDAD

A dos años del asesinato de Capristo, la ley Penal Juvenil sigue siendo un sueño. El Congreso nacional no brinda respuesta a una de las mayores demandas de la sociedad: los delitos protagonizados por menores de edad. Existe una media sanción del Senado pero Diputados no la trata. En un año electoral, la ley de responsabilidad penal juvenil quedó fuera de la agenda parlamentaria. Falsas promesas. En los calurosos días de enero, un nuevo hecho de inseguridad que involucró a delincuentes menores de dieciocho años desató la polémica sobre la situación de los menores que delinquen y la contemplación de las leyes vigentes. Al igual que en otros casos de inseguridad, las miradas de la sociedad y los medios de comunicación se centraron en el Parlamento y comenzaron a escucharse las opiniones de los políticos de distintos partidos a favor u en contra de la sanción de un nuevo marco legal sobre los menores en una situación comprometida con la Justicia. Sin embargo, son voces que no lograron retumbar en los recintos legislativos porque nunca se llegó al punto de convertirse en ley.
A pesar de la fuerte demanda que se revitaliza ante cada trágico hecho que se suma a una larga lista negra, el Congreso no brinda una respuesta concreta a la problemática social que se plantea con los menores delincuentes y su relación con las leyes actuales. Por eso, a dos años de la muerte del comerciante de Valentín Alsina, Daniel Capristo, a manos de menores asesinos, el Parlamento sigue en deuda y el reclamo de la sociedad es el mismo: "Ley Penal Juvenil Ya!".
En la actualidad, la agenda legislativa tiene como objetivo debatir temas en los cuales la oposición y el oficialismo encuentren mayores consensos y no convertir la Cámara baja y el Senado en una plataforma electoral de ningún color político. En realidad, esa decisión emana de las fuertes diferencias que surgieron el año pasado, lo que provocaron un Congreso paralizado debido a la paridad de fuerzas políticas.
Entonces, la tan reclamada ley Penal Juvenil se encuentra en la encrucijada política entre los sectores contrarios al Gobierno y los propios legisladores oficialistas, quienes además, tienen distintas posiciones respecto a ese tema. En la bancada kirchnerista s eencuentran divididos sobre la letra final del texto, aunque coinciden con los opositores en que es necesario “hacer algo” pero no son los mejores tiempos para discutir un flagelo que azota a la sociedad.
Por lo tanto, la ley Penal Juvenil seguirá siendo un sueño, salvo un nuevo hecho de inseguridad que sacuda a la sociedad y obligue a la Casa Rosada a demostrar su preocupación y voluntad política para sancionar dicha ley, lo que tendrá olor a una medida electoralista. Es por eso, que algunos oficialistas prefieren posponer el debate mientras que otros quieren dar una solución definitiva.
Cabe señalar también que no sólo la sanción de la ley se traba por una cuestión política y de tiempos de campaña electoral, sino que existe una pelea técnica entre aquellos que desean bajar la edad de imputabilidad a 14 años solamente y los que plantean crear un sistema de responsabilidad penal juvenil, para lo que se necesita mayor presupuesto, ya que se tendría que construir varias instituciones.
Pero, por la razón que fuera, la ley que ayudaría –no solucionaría definitivamente- a bajar la cantidad de hechos delictivos que tienen como protagonista a menores de edad no se encuentra en debate en el Congreso.
La promesa olvidada
Tras una recorrida por las obras de restauración del Palacio Legislativo antes de iniciar las sesiones ordinarias, el presidente de la Cámara baja, Eduardo Fellner aseguró ante los medios de comunicación que la ley Penal Juvenil iba a ser el primer tema a debatir en Diputados.
En esa oportunidad, Fellner afirmó: “Diputados tratará todos los temas que le preocupan a la gente” y ubicó como prioritario en el debate a la situación de los menores que delinquen. Por lo tanto, el primer tema debía ser la ley Penal Juvenil, pero una vez más la promesa fue olvidada no sólo por el titular de la Cámara sino por todos los legisladores sin distinción de partido político.
En pleno verano, el diputado del Peronismo Federal, Francisco De Narváez, quien enarbola la bandera de la lucha contra la inseguridad, llegó a pedir al Ejecutivo que se convoque a una sesión extraordinaria para debatir este tema. Sin embargo, desde el 1º de marzo que se inició el periodo legislativo no hizo mención alguna ni presionó para que se trate la ley penal juvenil.
La misma actitud que De Narváez lo han tenido varios diputados de la oposición. Entre ellos, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y el radical Juan Pedro Tunessi y el sector del macrismo.