ES INSUFICIENTE EL ANUNCIO

Consideran “insuficiente” el anuncio presidencial sobre radarización. Respecto del operativo Escudo Norte, la diputada Gambaro advirtió que la medida no alcanza “sin un plan integral contra el narcotráfico”. Gil Lavedra, por su parte, calificó a la medida de "maquillaje" de cara a las elecciones. La diputada nacional Natalia Gambaro celebró el anunció del programa de radarización "Escudo Norte" aunque consideró insuficiente la medida “si no se realiza en el marco de un plan integral de lucha contra el narcotráfico” y manifestó la necesidad de lograr una Ley de protección del espacio aéreo. “Hay un vacío legal. Hoy un avión de la Fuerza Aérea no puede hacer nada contra uno ilegal”, sostuvo. "Apoyamos la fabricación de radares locales, pero creemos que la incorporación de un radar 3D en 8 años constituye una falencia en materia de protección de fronteras y soberanía, por ello planteamos la necesidad de incorporar radares de forma urgente hasta tanto se adquieran los nacionales”, destacó la legisladora que pertenece al espacio de Francisco de Narváez. “Argentina necesita dejar de implementar parches como estos y centralizar la lucha contra el narcotráfico con una agencia de índole federal, con capacidad operativa y capacidad para ser desplegada a lo largo del país”, reclamó Gambaro y agregó: “Se instala sólo un radar, aún no homologado y en estado experimental”. Además, la diputada reclamó la implementación de una agencia federal antinarcóticos ya que “el consumo de drogas en el país aumentó entre 200% y el 300 % en los últimos 10 años según la ONU”.  Gambaro impulsa en el Congreso Nacional una Ley de protección del espacio aéreo que establece cuándo un avión es considerado hostil y puede ser derribado e implica que para hacerlo se deben agotar previamente siete medidas de disuasión, y luego de ellas sólo el Presidente o autoridades de la Fuerza Aérea Argentina pueden autorizar el derribo. Por su parte, el titular del bloque de diputados nacionales de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, expresó que “el lanzamiento del plan Escudo Norte es un nuevo intento por encubrir la pasividad kirchnerista en materia de seguridad y lucha contra la criminalidad organizada”. Gil Lavedra, remarcó que “la ausencia de medidas relevantes de este Gobierno en la lucha contra la delincuencia organizada tras 8 años es denunciada incluso por algunos de sus propios organismos”.
“A meses de las elecciones, se pretende maquillar estas deficiencias apelando a medidas efectistas y al manejo abusivo del aparato de comunicación estatal”, sostuvo.
“Desafortunadamente -agregó- ya nos hemos acostumbrado a este tipo de maniobras. El Gobierno nacional obstaculiza cualquier discusión sobre el tema en el Congreso, desoyendo los reclamos de las distintas fuerzas y de muchos legisladores de las provincias más afectadas por esta problemática. Luego decide unilateralmente inversiones millonarias escapando a cualquier tipo de control, en ocasiones violando la división de poderes, y sin habilitar ninguna instancia de debate”
El diputado consideró que “la ausencia de una visión integral del problema es evidente. Con semanas de diferencia, vemos a la presidenta afirmar su voluntad de luchar contra el narcotráfico y afectar a miles de gendarmes que, precisamente, deberían garantizar la seguridad de nuestras fronteras, a resolver los graves problemas de inseguridad que existen en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires como consecuencia de la corrupción policial”.
“Con absoluta liviandad, también, se habla de articulación entre las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas para la lucha contra el narcotráfico, desconociendo que éstas últimas sólo excepcionalmente pueden estar afectadas a tareas de seguridad interior”, explicó el legislador.
Paradójicamente, Gil Lavedra, consideró que “el mismo Gobierno que llama a no criminalizar la pobreza y tiene un jefe de Gabinete que predica públicamente la despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal, sostiene una legislación y un accionar de las fuerzas de seguridad que en lugar de perseguir las grandes redes de tráfico, capta a consumidores y pequeños vendedores y encarcela en masa a mujeres pobres que son explotadas como mulas en zonas fronterizas”.
“Mientras tanto las estadísticas oficiales indican un aumento del consumo y los juzgados federales siguen saturados de causas”, finalizó.