REPARTO DE LA BOLETAS

Polémica decisión del juez Blanco sobre el reparto de las boletas. El Estado no tendrá ninguna responsabilidad en la distribución de las boletas electorales en el ámbito bonaerense. Así lo resolvió el juez federal con competencia electoral Manuel Blanco, quien basó su decisión en las complicaciones que genera, para cumplir dicha tarea, la gran cantidad de partidos que se presentan. La resolución del magistrado con asiento en La Plata exime al Estado de la responsabilidad de distribuir las boletas en las próximas elecciones primarias del 14 de agosto. Según reza el escrito, el juzgado que conduce Blanco “no tomará a su cargo la distribución de boletas de sufragio, resultando la provisión de las mismas a las mesas electorales, y su reposición, exclusiva responsabilidad de las agrupaciones políticas a través de sus respectivos fiscales”. De tal modo, los distintos partidos que participen de la contienda deberán encargarse de la distribución de sus propias boletas el día del comicio en los más de 5.000 establecimientos dispuestos a lo largo y ancho de la provincia. Tan pronto como se conoció la resolución judicial, comenzaron a surgir las críticas: “Se ha dictado una resolución que entrega literalmente las mesas de votación a la acción de los intendentes bonaerenses y sus punteros”, señaló a través de un comunicado el Partido Obrero, una de las primeras agrupaciones políticas en protestar la medida. El comunicado del partido que lleva como candidato a presidente a Jorge Altamira destacó, luego, un hecho no menor, como es que “la mayoría de las fuerzas que participarán de las internas obligatorias” no tiene los recursos para asegurar la distribución de las boletas en todas las mesas. La decisión del juez Blanco hizo que el PO se sintiera discriminado, algo que la agrupación también plasmó en su documento al señalar que la resolución del doctor Blanco “agrava la proscripción que impone el requisito de alcanzar el 1.5% de los votos para poder participar en las elecciones de octubre”.
En tanto, desde la Coalición Cívica también hicieron escuchar sus reclamos. Precisamente, fue su candidato a gobernador bonaerense, Juan Carlos Morán, el vocero de la protesta: “Es una resolución que claramente tiene perjudicados y beneficiados: los perjudicados somos las nuevas fuerzas políticas que no tenemos extensión territorial en el ciento por ciento de la provincia”, expresó el diputado nacional de la CC, quien no dudó luego en afirmar que quienes se beneficiarán con la medida judicial serán “el oficialismo, Alfonsín y De Narváez”. Desde luego, y más allá de las protestas y chicanas políticas que por estas horas surjan de la oposición, algo es indiscutible: quien tenga una mínima experiencia en procesos electorales, sabe muy bien que son muy pocos los partidos que tienen la logística suficiente para abastecer todas las mesas de la provincia más grandes del país, el mismo día y a una misma hora. Asimismo, también son muy pocas las agrupaciones que pueden darse el lujo de contar con fiscales en todas las mesas. Y esas pocas agrupaciones tienen nombres propios: Frente para la Victoria, UCR (hoy, en la UDESO), Peronismo Federal (hoy en el Frente Popular) y, tal vez, el Partido Socialista (actualmente integrante del FAP). De modo que las protestas de los partidos minoritarios no parecen ser un mero capricho. Por último, no parece muy atendible el argumento del magistrado y mueve a hacerse algunas preguntas. ¿El Estado no puede distribuir las boletas porque son muchas? ¿Es que el juez acaba de darse cuenta de ello, no lo sabía hace un mes? ¿No pudo tomar a tiempo los recaudos necesarios? ¿Le importará a alguien que muchas personas no puedan votar por falta de boletas que, en realidad, no faltan sino que no han sido repartidas? Y finalmente: ¿qué clase de Estado es aquel que reniega de una responsabilidad porque ésta es “mucha”?.