El Gobierno utilizará más de $100 millones eludiendo las licitaciones públicas.El que haya sido la última sesión de la Legislatura provincial antes del recambio de las autoridades electas en los pasados comicios del 28 de agosto, no significó que, como se ha tornado tradicional a lo largo de los últimos ocho años, las rispideces entre oficialismo y oposición se hayan centrado en el debate por la metodología en el manejo de los fondos públicos. En este sentido, una vez más, la trillada estrategia o decisión encarada por el Ejecutivo comarcano de apelar a las contrataciones directas para la ejecución de obras de infraestructura, obviando los mecanismos constitucionales que esgrimen la necesidad de que tales temáticas sean abordadas mediante licitaciones, fue puesta sobre el tapete de la discusión.En esta ocasión, dos fueron los proyectos que obviamente cosecharon el respaldo masivo de la bancada alperovista y sendas objeciones de los sectores refractarios a la gestión actual. Por un lado, el parlamento facultó al Sistema Provincial de Salud (SIPROSA) a realizar en forma directa las contrataciones necesarias para encarar la remodelación de la planta baja y subsuelo del Hospital de Niños. Al respecto, los fondos destinados para tal fin corresponden a un subsidio entregado por el Ministerio de Salud de la nación a la provincia por un monto que oscila los 6,9 millones de pesos.
Por otra parte, se creó el programa denominado "Pavimento para Todos" que tiene como objeto la concreción de obras de infraestructura vial en el territorio provincial (ya sea que abarque tanto municipio y/o comunas). De esta forma, son 100 millones de pesos los que se asignaron para el cumplimiento de esta iniciativa, recursos provenientes del Fondo Federal Solidario (constituido por el dinero que se obtiene a través de la aplicación de retenciones a las exportaciones de soja).
Vinculado a este proyecto, se esgrime que en las obras a realizarse por medio de terceros, los organismos ejecutores se encuentran homologados para promover un sistema de contratación directa, pero con la particularidad que previamente se deberá incurrir en un cotejo de precios.
"Siempre subyace en el oficialismo esta rara característica de transformar en mala una buena noticia. Resulta repudiable que se incurra en esta forma de contrataciones. Al parecer, los legisladores convierten en ilegales los actos de gobierno, solamente afianzados por la voluntad popular. Los votos no los legitiman para que hagan lo que quieran ", indicó Ricardo Bussi (Fuerza Republicana).
Asimismo, el radical Federico Romano Norri adujo que "la excepción se convirtió en regla desde que asumió este Gobierno. La más loable de las intenciones se torna poco transparente y se empaña por esta manera de actuar y legislar. Tenemos que volver al texto constitucional y exigir que se cumpla con la licitación pública que garantiza la transparencia y la austeridad en el manejo de los recursos".
En tanto, desde el laborismo, su representante, Osvaldo "Renzo" Cirnigliaro apeló a la ironía para denostar lo planteado por el alperovismo en cuanto al sistema de gestión de los dineros públicos. "Por qué no aprovechan la mayoría con la que cuentan (el justicialismo y aliados) y modifican la ley de Administración Financiera (donde se establece la aplicabilidad de las licitaciones), en lugar de seguir confundiendo a la Constitución con un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU)", se preguntó quien ocupó por última vez su banca al no poder retenerla en las elecciones.
La impunidad de los votos
En la defensa argumentativa de las iniciativas en tratamiento, el primero que expresó sus consideraciones fue Gregorio García Biagosch, quien sostuvo que "mejorar la calidad de vida implica la búsqueda de celeridad para dar las respuestas inmediatas y por ello se hace necesario la aplicación y utilización de excepciones que no están contempladas en el marco legal. Esto surge de la responsabilidad que nos dan los votos para actuar con premura pero sin transgredir las normas", alegó.
Asemejado con el discurso que se baja a escala nacional, el peronista Sisito Terán apuntó sus cañones a los medios de comunicación por ser los que fogonea este tipo de debates donde el oficialismo acapara las mayores críticas y utilizó como ejemplo el tópico referente al programa de obras viales. "La prensa utiliza términos peyorativos para los proyectos de gestión de Alperovich. Como si el pavimento tuviera connotaciones negativas, términos que forman parte de esa prensa adversa y crítica a nuestro gobierno. Sin embargo, es la población la que nos da indicios de nuestro accionar a través de su respaldo", indicó Terán.
Además, caracterizó que defender esta iniciativa "es nuestro deber cívico esencial, porque cualquier otros sistema (que no sea el de la adjudicación directa) conduciría a la inutilización del pavimento". Acto seguido, tiró una frase que llamó la atención, al destacar que "las disquisiciones quedan soslayadas ante el respaldo popular masivo".
Finalmente, estos proyectos fueron aprobados con los votos de la mayoría oficialista y las manifestaciones en contra de los opositores aludidos.
Por otra parte, se creó el programa denominado "Pavimento para Todos" que tiene como objeto la concreción de obras de infraestructura vial en el territorio provincial (ya sea que abarque tanto municipio y/o comunas). De esta forma, son 100 millones de pesos los que se asignaron para el cumplimiento de esta iniciativa, recursos provenientes del Fondo Federal Solidario (constituido por el dinero que se obtiene a través de la aplicación de retenciones a las exportaciones de soja).
Vinculado a este proyecto, se esgrime que en las obras a realizarse por medio de terceros, los organismos ejecutores se encuentran homologados para promover un sistema de contratación directa, pero con la particularidad que previamente se deberá incurrir en un cotejo de precios.
"Siempre subyace en el oficialismo esta rara característica de transformar en mala una buena noticia. Resulta repudiable que se incurra en esta forma de contrataciones. Al parecer, los legisladores convierten en ilegales los actos de gobierno, solamente afianzados por la voluntad popular. Los votos no los legitiman para que hagan lo que quieran ", indicó Ricardo Bussi (Fuerza Republicana).
Asimismo, el radical Federico Romano Norri adujo que "la excepción se convirtió en regla desde que asumió este Gobierno. La más loable de las intenciones se torna poco transparente y se empaña por esta manera de actuar y legislar. Tenemos que volver al texto constitucional y exigir que se cumpla con la licitación pública que garantiza la transparencia y la austeridad en el manejo de los recursos".
En tanto, desde el laborismo, su representante, Osvaldo "Renzo" Cirnigliaro apeló a la ironía para denostar lo planteado por el alperovismo en cuanto al sistema de gestión de los dineros públicos. "Por qué no aprovechan la mayoría con la que cuentan (el justicialismo y aliados) y modifican la ley de Administración Financiera (donde se establece la aplicabilidad de las licitaciones), en lugar de seguir confundiendo a la Constitución con un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU)", se preguntó quien ocupó por última vez su banca al no poder retenerla en las elecciones.
La impunidad de los votos
En la defensa argumentativa de las iniciativas en tratamiento, el primero que expresó sus consideraciones fue Gregorio García Biagosch, quien sostuvo que "mejorar la calidad de vida implica la búsqueda de celeridad para dar las respuestas inmediatas y por ello se hace necesario la aplicación y utilización de excepciones que no están contempladas en el marco legal. Esto surge de la responsabilidad que nos dan los votos para actuar con premura pero sin transgredir las normas", alegó.
Asemejado con el discurso que se baja a escala nacional, el peronista Sisito Terán apuntó sus cañones a los medios de comunicación por ser los que fogonea este tipo de debates donde el oficialismo acapara las mayores críticas y utilizó como ejemplo el tópico referente al programa de obras viales. "La prensa utiliza términos peyorativos para los proyectos de gestión de Alperovich. Como si el pavimento tuviera connotaciones negativas, términos que forman parte de esa prensa adversa y crítica a nuestro gobierno. Sin embargo, es la población la que nos da indicios de nuestro accionar a través de su respaldo", indicó Terán.
Además, caracterizó que defender esta iniciativa "es nuestro deber cívico esencial, porque cualquier otros sistema (que no sea el de la adjudicación directa) conduciría a la inutilización del pavimento". Acto seguido, tiró una frase que llamó la atención, al destacar que "las disquisiciones quedan soslayadas ante el respaldo popular masivo".
Finalmente, estos proyectos fueron aprobados con los votos de la mayoría oficialista y las manifestaciones en contra de los opositores aludidos.

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