LA PRIMERA SESION DE LA LEGISLATURA

La educación, en el centro del debate legislativo.
En la primera sesión ordinaria de la nueva integración parlamentaria, un proyecto de adecuación presupuestaria disparó los principales cruces. Sólo el demócrata cristiano Páez votó en contra de una iniciativa que prevé separar $ 612 millones de los recursos de coparticipación. Escuelas y delegación de facultades. Cuando parecía que el encuentro pasaba sin pena ni gloria, de sopetón un proyecto de ley de adecuación presupuestaria se convirtió en el eje de un debate en el que se puso en tela de juicio la política educativa del gobierno de José Alperovich, y la coparticipación federal. Se trata del único proyecto de ley de la primera sesión ordinaria de la nueva conformación de la Legislatura, que fue aprobado por todo el cuerpo, excepto por el demócrata cristiano José Páez. La iniciativa establece separar de la coparticipación nacional en 2012 casi $ 51 millones por mes ($ 612 millones en el año) y destinarlos a Educación. Esto se efectúa cada año para cumplir con la afectación de un 17% del total de recursos que Tucumán recibe por coparticipación. Y, de esa forma, cumplir la meta de financiar esa área estatal con un 6% del Producto Bruto Interno (PBI). La que encendió la mecha fue la radical Silvia Elías de Pérez, que recordó que Tucumán está penúltima en el ranking de calidad educativa, superando sólo a Santiago del Estero. Los oficialistas, en distintos momentos, le respondieron que la mejora de Educación se evidencia en inserción escolar y en cantidad de escuelas, entre otros aspectos. La legisladora, no obstante, votó a favor del proyecto, aunque, como el resto de los opositores (salvo Páez) en la votación particular votó en contra del artículo segundo. Este faculta al Ejecutivo a "realizar los ajustes presupuestarios necesarios, tendientes a cumplir con los objetivos fijados en la Ley de Financiamiento Educativo". Del proyecto se desprende que los recursos coparticipables que recibirá Tucumán en 2012 son unos $ 3.600 millones (el 17% equivale a $ 612 millones). Federico Romano Norri (UCR) objetó que no se explique el destino de los fondos. "No sabemos si es poco o mucho, ni para qué se utilizará específicamente; salarios, escuelas, infraestructura o materiales. Además, la afectación debería figurar en el propio Presupuesto de la provincia que está por tratarse", planteó el opositor, y pidió que los proyectos vinculados con dineros públicos vengan con un mayor nivel de precisión. A su turno, el oficialista Gerónimo Vargas Aignasse le respondió que basta con leer la ley de Financiamiento Educativo: "esto no se discute en ningún lugar del país; nos oponemos con sofismas y vuelos gallináceos. Son recursos fundamentales para que los chicos se sigan educando en Tucumán". Y admitió que el artículo segundo de la ley "no es el más feliz". "Pero tenemos la facultad de hacerlo y tenemos la mayoría necesaria. No es en contra del Poder Legislativo. A veces conviene delegar facultades por la dinámica de las políticas públicas", justificó. El opositor Ricardo Bussi, en cambio, fustigó la delegación de facultades. "La Legislatura pasada supo hacer tres cosas: expropiar inmuebles; posibilitar que se eludan las licitaciones públicas, ya que siempre se hacen contrataciones directas, en beneficio de los amigos del poder; y delegar facultades. Ahora, igual", aseveró. Páez, a su vez, se preguntó por qué el proyecto no pasó por la comisión de Educación. "Es una manganeta para quitarles $ 600 millones a los municipios y comunas para usarlos para cualquier cosa", concluyó.