La diputada nacional María Luisa Storani (UCR), la asesora general tutelar de la ciudad de Buenos Aires, Laura Musa, y el presidente de la Fundación Sur Argentina, Emilio García Méndez, presentarán este jueves el proyecto de ley de “Prohibición de privación de libertad de personas menores de edad en comisarías, dependencias policiales o de otras fuerzas de seguridad”. Será en una conferencia de prensa que se realizará a las 11 en la Sala José Luis Cabezas de la Cámara de Diputados de la Nación, y que contará también con la presencia de Marta Maurás, miembro del Comité de Naciones Unidas para la Convención de los Derechos del Niño. La propuesta legislativa tiene como objeto adecuar el ordenamiento jurídico interno a la normativa nacional e internacional de derechos humanos como así también hacer efectivas las directrices, recomendaciones y observaciones en materia de justicia penal juvenil. En este sentido, el Informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en septiembre último señala, con respecto a la problemática en cuestión, lo dispuesto por la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 37, que advierte sobre “la necesidad de que los niños privados de libertad estén alojados en lugares distintos que los adultos, es decir, en centros especializados”. Asimismo, la Comisión indicó en el documento que también la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre este aspecto expresando que “para salvaguardar los derechos de los niños detenidos, especialmente su derecho a la integridad personal, es indispensable que se les separe de los detenidos adultos”. De esta manera el proyecto establece en su articulado que toda privación de libertad, detención, alojamiento o aprehensión de personas menores de edad deberá ser efectuado en un lugar adaptado y especializado para la ejecución de estas medidas de corta duración, distinto a los centros de privación de libertad de las personas adultas, bajo la custodia y control directo de personal debidamente capacitado en materia de derechos de la infancia, que no porte armas ni tenga relación de dependencia con ninguna fuerza de seguridad. En consecuencia, la propuesta de ley pretende evitar hechos por los cuales el Estado argentino ya ha sido condenado. Sucesos recientes, como el caso de Luciano Arruga, detenido en una comisaría de la provincia de Buenos Aires y aun con paradero desconocido, vuelven a advertir sobre la necesidad de contar su sanción. La iniciativa lleva las firmas de los diputados nacionales María Luisa Storani, Ricardo Alfonsín, Mario Fiad, Jorge Chemes, Horacio Piemonte, Virginia Linares, Victoria Donda, Cecilia Merchán y Remo Carlotto.
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