El concejal Ramón Santiago Cano, en reemplazo de Domingo Amaya, promulgó la ordenanza que elimina los pulmones en edificios de altura. La oposición a la norma fue en vano. Finalmente, está en vigencia la ordenanza que permite la edificación de cocheras en los corazones de manzana de los edificios de altura ubicados dentro de las cuatro avenidas. La norma -lleva el número 4.425- fue promulgada por el concejal Ramón Santiago Cano (PJ). Ocurre que el presidente del Concejo Deliberante capitalino estuvo a cargo del Ejecutivo municipal hasta el lunes debido a que el intendente Domingo Amaya se encontraba en Chile. Apenas fue sancionada por el Concejo Deliberante capitalino, la modificación al artículo 28 del Código de Planeamiento Urbano (ordenanza 2.648/98) generó el rechazó de los ediles opositores, de arquitectos especialistas en urbanismo y del Colegio de Arquitectos de Tucumán (CAT). El origen del proyecto para eliminar el pulmón de manzana -un espacio verde que debe quedar libre de construcciones- había sido pergeñado en la Intendencia. En octubre del año pasado, Amaya había enviado al cuerpo una iniciativa para que los centros de manzana del microcentro puedan ser ocupados por galerías comerciales. En diciembre, el texto había sido modificado por concejales oficialistas. Los ediles ampliaron entonces la zona de influencia y el destino del proyecto, de manera tal que los pulmones pudieran ser transformados en estacionamientos dentro de las cuatro avenidas. El oficialismo defendió el proyecto con el argumento de que contribuiría a resolver la problemática de la contaminación vehicular en el microcentro, como consecuencia de la falta de estacionamientos privados. La ordenanza había sido aprobada el jueves con el voto de 10 concejales oficialistas. Los opositores Roque Mendía y José Luis Avignone (Unión Cívica Radical), Claudio Viña (Fuerza Republicana), Sandra Manzone (Democracia Cristiana) y Roberto Ávila (PRO) se habían opuesto para intentar frenar el proyecto. Arquitectos habían advertido que la ordenanza no favorecía al bien común de los vecinos y que la norma traería consecuencias como mayor contaminación del aire o un aumento en la temperatura de la ciudad. Por su parte, la institución que los nuclea, el CAT, había requerido su veto. Su presidente Juan Ramazzotti había argumentado que la "liviandad" y la "inconsistencia" de los justificativos usados por los ediles para su aprobación evidenciaron la falta de análisis y de debate por parte de especialistas, clave para modificar una norma de impacto social, según consideró. También había deslizado que los métodos inconsultos y las decisiones apresuradas, "lejos de expresar una legítima voluntad de mejoramiento, alientan suspicacias acerca de posibles contenidos espurios que eventualmente podrían interpretarse como mandatos provenientes de presiones ejercidas por intereses privados allegados al poder o con reconocida capacidad de lobby".
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