¿Metrogas seguirá tras los pasos de YPF? La petrolera participa de la empresa a través del Consorcio Gas Argentino en un 44,33% en tanto que en mayo vence la intervención del Gobierno. Con la expropiación de YPF, el Estado argentino lograría una mayor participación en la empresa Metrogas, ya que la petrolera participa con el 45,33 por ciento del Consorcio Gas Argentino SA (GASA), que posee el 70% del paquete accionario de la firma gasífera, que lleva más de 18 meses intervenida por el Gobierno. Puntualmente, el GASA está formado por YPF y el británico BG Group, que posee un 54,76 por ciento de los títulos de la porción mayoritaria de la compañía. El resto de la conformación accionaria de la prestadora del servicio de gas en el Área Metropolitana está en manos de la ANSES (8,3%), en las bolsas de Nueva York y Buenos Aires (11,7%) y los trabajadores de la compañía (10%). De concretarse la expropiación, el Estado dotará con nuevos títulos la porción minoritaria que ya posee a través del organismo jubilatorio, por lo que su presencia significaría un avance de consideración dentro de Metrogas. Al igual que con YPF, la relación del gobierno nacional con el Consorcio tampoco es buena. En enero último, el Ejecutivo intimó a la empresa a que se "presente en forma inmediata" a renegociar el contrato para la distribución de gas, luego de que un tribunal de los Estados Unidos anulara un laudo arbitral que condenaba al país a pagar 240 millones de dólares por presunto incumplimiento de contrato. La pelea, sin embargo, comenzó en 2010, cuando el Ejecutivo definió la intervención de Metrogas, luego de que ésta solicitara un concurso preventivo de acreedores, porque el "congelamiento" de las tarifas, justificaba, le impedía hacer frente a sus obligaciones. "La Sociedad no ha podido generar fondos líquidos suficientes para afrontar los vencimientos inminentes de su deuda financiera ni el pago de determinadas obligaciones comerciales e impositivas", dijo la empresa a través de una nota remitida al regulador de la Comisión Nacional de Valores. Desde el Gobierno, en simultáneo, se culpó a Metrogas por no administrar de manera correcta su deuda y dijo que este problema no se relacionaba con las políticas tarifarias de las empresas de servicios públicos del país. Previo a esa intervención, en 2007, el gobierno nacional intervino por 180 días y desplazó al directorio de la distribuidora Metrogas, por haber interrumpido el suministro a las industrias de su área de concesión, en el marco de la vigente Ley de Abastecimiento (N° 26.080). En este marco, en mayo vence el plazo de 120 días de la última intervención de Metrogas dispuesta por el Estado, en febrero pasado, a través del Ente Regulador del Gas (Enargas). En ese momento, o quizás antes, el Gobierno se decida a ocupar otro rol más destacado en la empresa, a través de su participación con accionista mayoritario de YPF.
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