27 feb 2014

OPOSITORES CRITICAN EL ACUERDO

Opositores critican el acuerdo con Repsol y reclaman explicaciones en el Congreso
Piden conocer el costo financiero total de la expropiación de YPF y si el Gobierno contempló los incumplimientos por “inversión, vaciamiento empresario y daño ambiental”. Duras críticas a la empresa española.
Diversos legisladores del arco opositor salieron a criticar el acuerdo entre la Casa Rosada y Repsol por la expropiación del 51 por ciento de YPF efectuada en mayo de 2012 por decisión del Congreso y reclamaron inmediatas explicaciones del Poder Ejecutivo. De acuerdo con lo informado el martes por el ministro de Economía, Axel Kicillof, Argentina compensará a la empresa española con un mix de títulos públicos por un valor nominal de 5000 millones de dólares, si bien se contempla la posibilidad de ampliar el monto por hasta 1000 millones adicionales. La decisión permite cerrar la prolongada disputa económica, política, legal y diplomática que comenzó hace dos años y deberá ser ratificada por el Parlamento una vez que el Ejecutivo envíe el proyecto.“Durante meses los accionistas de Repsol tuvieron más información que el pueblo y el Congreso argentinos. Todavía no conocemos los pormenores de acuerdo, ni el costo financiero total que tendrá para el Estado argentino”, se quejó el presidente de la UCR en la Cámara de Diputados, Mario Negri, y destacó que “dados los extensos plazos de los bonos que se van a emitir, ya que algunos se pagarán hasta 2033, su impacto trascenderá por mucho al actual Gobierno”. Además de la compensación económica, el diputado radical Ricardo Alfonsín pidió saber si el Gobierno “efectuó o no en la Justicia las denuncias por incumplimiento de la obligaciones de inversión, por vaciamiento empresario y grave daño ambiental que habían formulado contra Repsol, en distintos ámbitos”. “En el caso de que no lo haya hecho, debe explicar las razones por las cuales desistió de ventilar en la Justicia la responsabilidad de la empresa por las acusaciones que se le formulaban", advirtió.
Otro radical, Enrique Vaquié consideró que “este arreglo sólo muestra la desesperación del Gobierno nacional por volver al festival de emisión de deuda pública”. Para el diputado, “este tipo de conducta se explica por las consecuencias que trae la alta inflación que acarrea desde hace más de seis años restricciones a las importaciones, cepo cambiario y, sobre todo, pérdidas de reservas”. Vaquié explicó que otro problema del acuerdo es que dado que la Argentina renunciaría a la posibilidad de reclamar en el futuro, no podrá denunciar y exigir la remediación de los pasivos ambientales que la empresa genere en nuestro país.“El Gobierno es responsable de obligar a la empresa a pagar la remediación de los pasivos ambientales y nos preocupa que hoy no vemos ninguna señal de que vaya a hacerlo”, advirtió.

En tanto, la senadora nacional Laura Montero (UCR) enfatizó que “Argentina va a pagar mucho más que 5.000 millones de dólares por YPF, porque el acuerdo se instrumenta con deuda a largo plazo, y al ser alta la tasa de interés en dólares promedio del 8 por ciento y largo el plazo, el costo final será de 10.500 millones de dólares”.

“Todavía no sabemos cuál fue el criterio para fijar el valor por el 51 por ciento de las acciones de Repsol y cuáles fueron los fundamentos técnicos”. “Además -continuó Montero- en el acuerdo se desiste de los juicios contra Repsol por lo que no vamos a poder reclamar por los daños ambientales”.

En este contexto, la senadora radical reclamó tratar un proyecto de ley integral de hidrocarburos, de su autoría, que establezca un plan estratégico con metas y promueva “el autoabastecimiento nacional, el uso racional de la energía y la protección del medio ambiente”.

El diputado Miguel Giubergia, también del radicalismo, pidió que el Gobierno haga pública la documentación del convenio firmado con la empresa Repsol para que “la letra chica no sea la sorpresa”.

“Lamentablemente no le puedo creer nada al ministro Axel Kicillof”, reconoció el diputado jujeño y amplió “se pagarán 5.000 millones de dólares sin la opinión del Tribunal de Tasación de la Nación, como lo establece la Ley de Expropiación que el mismo gobierno impulsó”.

“Acá el problema no es que se cumplan con las normas y procedimientos, pero cuando sólo se muestra la carátula y no las páginas internas de los acuerdos, debemos estar atentos”, subrayó Giubergia y sentenció: “Espero que no tengamos delante de nuestras narices un nuevo nicho de corrupción”.

A su turno, el diputado José Cano advirtió que el Gobierno está violando una ley con el acuerdo de pago por la expropiación de YPF. Según el parlamentario tucumano, los anuncios realizados por el ministro de Economía, Axel Kiciloff, conforman una nueva estafa del kirchnerismo al patrimonio de todos los argentinos. “La ley de Hidrocarburos fija, en su artículo 11, que en los procesos de expropiación hay que regirse por los valores que indique el Tribunal de Tasaciones de la Nación ante eventuales indemnizaciones. Eso fue lo que anunció que haría el propio Gobierno, luego de ocupar la empresa y de bravuconear diciendo que no se les pagaría nada a los españoles. Dos años después aprueban pagar $ 28.000 millones extras en un acuerdo a oscuras realizado entre el ministro y las autoridades de Repsol. Están violando todas las leyes vigentes”, expresó el parlamentario radical.

Críticas desde la Izquierda

Por su parte, los diputados del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, Néstor Pitrola y Pablo López, manifestaron que “el acuerdo que aprobó el directorio de Repsol es un rescate de los vaciadores de YPF” y “Kicillof compromete una emisión de deuda de casi 10.000 millones de dólares, cuya garantía es el ajuste general de la economía que incluye tarifas de combustibles en dólares y a precio internacional”.

“Quienes debían resarcir al país por fugar todas las ganancias de YPF, por dejarla endeudada, por no invertir, al punto de colocarnos en la presente quiebra gasífera y petrolera, reciben este premio colosal”, denunciaron los militantes marxistas.

Para el PO, “este acuerdo leonino es el primer paso de un nuevo ciclo de endeudamiento que pagaremos con sudor y lágrimas: Club de París, fondos buitres, juicios ante el Ciadi”. “Pretenden que el Congreso discuta el tema bajo la extorsión del directorio de Repsol que dicta las condiciones. Reclamamos urgente debate”, disparó Pitrola.

“Otra vez el Gobierno miente”

Mientras tanto, la diputada Victoria Donda (Libres del Sur-FAP) aseguró que “otra vez este Gobierno le miente a los argentinos” porque “cuando se expropiaron las acciones de la empresa dijeron que se iba a tomar el pasivo ambiental como parte del costo que Repsol le hizo pagar a nuestro país”. Además remarcó que “el Tribunal de Tasaciones de la Nación iba a ser el organismo encargado de establecer el precio por el que nuestro país debía resarcir a Repsol”.

“Sin embargo nada de esto ocurrió y hoy el Gobierno anuncia como si fuera una conquista nacional y popular, que va a pagar todo el dinero que reclaman los españoles”, denunció la diputada y precisó que “lo que se presenta como una conquista o un logro no es más que una nueva concesión de la Argentina a una empresa que aprovechó la ola privatizadora de los ’90 para enriquecerse a costa de los recursos naturales de nuestro país”.

“YPF fue privatizada por el PJ durante los 90 con Parrilli como vocero. Y vaciada en connivencia con los Kirchner desde el 2003 hasta el 2012”, sostuvo por su parte Margarita Stolbizer, quien se preguntó “si renunció (Axel) Kicillof”.

“Compramos 51% de YPF con bonos por u$s5500 millones y el total de intereses a pagar a Repsol en los próximos años será de u$s3500 más”, señaló, advirtiendo que “vamos a pagar más de u$s9000 por la mitad de la empresa” y se preguntó por los pasivos ambientales, el Tribunal de Tasaciones y las denuncias de vaciamiento?”.

A su vez, el diputado Alberto Asseff consideró “ilegal” comprometer el pago de la expropiación sin la previa intervención del Tribunal de Tasación. El legislador dijo que “el ministro Axel Kicillof debe venir a la Cámara a explicar cómo se llego a 5.500 millones de dólares”, y agregó que “más allá de las contradicciones de Kicillof y la mala praxis en este asunto, siempre es positivo que el país resuelva estos litigios y pueda abrir las corrientes de inversión”, afirmó.

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