PIDEN ELIMINAR EL IVA DE LA GARRAFA SOCIAL

El riojano Julio Martínez advirtió que en el norte ya escasea la garrafa social y que es “muy difícil conseguirla” al precio que fijó el Gobierno nacional. El diputado nacional Julio Martínez (UCR) denunció que en el norte del país ya escasea la garrafa social pese que estamos lejos del invierno y que además “es muy difícil conseguirla” al precio que fija la Secretaría de Energía: 16 pesos para las garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) de 10 kilos, 20 pesos para las de 12 kilos y 25 pesos para las de 15 kilos de capacidad. “No conocemos con exactitud cuánto destina el Gobierno para que la garrafa de 10 kilos llegue al consumidor a los precios indicados, pero esos valores sólo existen en la resolución oficial, ya que los usuarios pagan las garrafas a valores que en algunos casos duplican, triplican y hasta cuadruplican los precios estipulados que además sólo se cumplen cuando la garrafa se retira del mostrador”, alertó el legislador riojano. Martínez indicó que, por el contrario, “una garrafa de 10 kilo, por ejemplo, se vende a 42 pesos, sobreprecio que se intenta justificar como el flete”. “Este valor extra del traslado a domicilio sufre variaciones de acuerdo a la empresa distribuidora de que se trate, dado que este servicio adicional no fue regulado y por ende tampoco es controlado por ninguna entidad”, remarcó. Advirtió que “ese sobreprecio genera problemas adicionales provocados por el hecho de los frecuentes accidentes producidos por caídas de ciclistas y motociclistas que intentan llevar las garrafas cargadas en vehículos de por sí no aptos para dicho traslado”. Y agregó que “en este contexto, resulta un absurdo que, por un lado, el Gobierno subsidie el precio de la garrafa, y por otro, le cobre el 10,5 por ciento del IVA en un producto destinado a los sectores sociales más vulnerables. “Por eso pedimos su urgente eliminación”, insistió. “Queda claro que mientras el Gobierno nacional no controle la comercialización de la garrafa social ni garantice el acceso a los consumidores que verdaderamente la necesitan, el subsidio otorgado constituye un despilfarro que acentúa las inequidades existentes y favorecen objetivamente a los sectores medios y altos de la ciudad de Buenos Aires y su conurbano”, concluyó Martínez.