Polenta de planes sociales, a los chanchos: tras varios años elevan la causa a juicio oral. La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Hugo Gatti y Héctor Lobo al ser considerados autores responsables de los delitos de fraude y malversación de fondos públicos en perjuicio del Estado.Tanto Gatti como Lobo son los dos únicos procesados en la causa que logró trascendencia nacional en agosto de 2005, 12 toneladas de polenta en mal estado pertenecientes a los planes sociales que administra la Secretaría de Políticas Sociales de la provincia, eran arrojados para alimentar cerdos en una finca privada ubicada sobre la ruta 305, en Burruyacu.
Pese a la gravedad de esta situación, el fiscal federal que investigó la causa, Emilio Ferrer (ya jubilado) nunca encontró elementos para imputar a los funcionarios del gobienor de Jose Alperovich, Joaquín Ferré, ex secretario de Desarrollo Social (actual defensor del Pueblo adjunto), y a Beatriz Mirkin, entonces secretaria General de Políticas Sociales y, paradójicamente, actual ministra de Desarrollo Social. De esta forma, la Justicia Federal sólo vio motivos para procesar a dos estatales de menor rango: Hugo Andrés Gatti, subsecretario de Administración del Ministerio de Desarrollo Social, y Héctor Ángel Lobo, ex encargado del depósito de la secretaría de Políticas Sociales. “En Tucumán, investigar un delito federal de corrupción puede llevarte diez años...y encima solo caen perejiles”, bramó a través de su cuenta de twitter el fiscal general federal, Antonio Gustazo Gómez, quien estuvo a cargo de la investigación preliminar de la causa iniciada por los ex legisladores Gumersindo Parajón (Pueblo Unido) y Alejandro Sangenis (MP3). “La primera etapa de investigación se demoró años y temo que existe serio riesgo de que esta causa prescriba. Es probable que esto pase. Además es risible el papel que tuvo el Tribunal de Cuentas que apenas aplicó una multa de alrededor 6 mil pesos”, afirmó el fiscal Gómez .
“El mensaje que se da con todo esto a la ciudadanía es que se puede robar tranquilamente y estafar con recursos del Estado sin consecuencia penal y con garantía de total impunidad”, afirmó el fiscal. Los allanamientos concretados entonces por Gendarmería Nacional confirmaron el inescrupuloso destino de miles de kilos de polenta y trigo provenientes del Programa de Nutrición y Alimentación Nacional. Esos alimentos debían haber sido distribuidos para cubrir las necesidades nutricionales de niños de hasta 14 años, embarazadas, discapacitados y ancianos de hasta 70 años en situación de pobreza, en tiempos en los que Tucumán todavía estaba en boca de todo el mundo a raíz del flagelo de la desnutrición. Durante la investigación, el Ministerio Público concluyó que la mercadería hallada en mal estado había costado $ 5.922,80, y que esta consistía en 18.180 paquetes de polenta "Bonillo" y 300 paquetes de trigo "La Española", entre otros productos.
Pese a la gravedad de esta situación, el fiscal federal que investigó la causa, Emilio Ferrer (ya jubilado) nunca encontró elementos para imputar a los funcionarios del gobienor de Jose Alperovich, Joaquín Ferré, ex secretario de Desarrollo Social (actual defensor del Pueblo adjunto), y a Beatriz Mirkin, entonces secretaria General de Políticas Sociales y, paradójicamente, actual ministra de Desarrollo Social. De esta forma, la Justicia Federal sólo vio motivos para procesar a dos estatales de menor rango: Hugo Andrés Gatti, subsecretario de Administración del Ministerio de Desarrollo Social, y Héctor Ángel Lobo, ex encargado del depósito de la secretaría de Políticas Sociales. “En Tucumán, investigar un delito federal de corrupción puede llevarte diez años...y encima solo caen perejiles”, bramó a través de su cuenta de twitter el fiscal general federal, Antonio Gustazo Gómez, quien estuvo a cargo de la investigación preliminar de la causa iniciada por los ex legisladores Gumersindo Parajón (Pueblo Unido) y Alejandro Sangenis (MP3). “La primera etapa de investigación se demoró años y temo que existe serio riesgo de que esta causa prescriba. Es probable que esto pase. Además es risible el papel que tuvo el Tribunal de Cuentas que apenas aplicó una multa de alrededor 6 mil pesos”, afirmó el fiscal Gómez .
“El mensaje que se da con todo esto a la ciudadanía es que se puede robar tranquilamente y estafar con recursos del Estado sin consecuencia penal y con garantía de total impunidad”, afirmó el fiscal. Los allanamientos concretados entonces por Gendarmería Nacional confirmaron el inescrupuloso destino de miles de kilos de polenta y trigo provenientes del Programa de Nutrición y Alimentación Nacional. Esos alimentos debían haber sido distribuidos para cubrir las necesidades nutricionales de niños de hasta 14 años, embarazadas, discapacitados y ancianos de hasta 70 años en situación de pobreza, en tiempos en los que Tucumán todavía estaba en boca de todo el mundo a raíz del flagelo de la desnutrición. Durante la investigación, el Ministerio Público concluyó que la mercadería hallada en mal estado había costado $ 5.922,80, y que esta consistía en 18.180 paquetes de polenta "Bonillo" y 300 paquetes de trigo "La Española", entre otros productos.
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