18 jun. 2016

El abogado de Leandro Báez pide ir contra López, De Vido y Cristina

La ruta del dinero K
Con la detención de José López y después de las cinematográficas imágenes que expusieron casi nueve millones de dólares que buscaba ocultar el ex funcionario kirchnerista, la defensa de Leandro Báez hijo exige que el juez Sebastián Casanello “comience de una buena vez a investigar a los funcionarios de la obra pública” y señalan que los más vinculados “son López, De Vido y eventualmente los Kirchner”. “En incontables veces de “sobreprecios de obra pública” y “adelantos financieros” pero las personas que aprobaban dichos precios y efectuaban los diferentes pagos no han sido citadas y ni siquiera investigadas por el magistrado actuante”, disparó Báez hijo en el primer escrito presentado ante la Justicia. Así, y pese a la resistencia de su padre, puso en escena a la cadena de responsabilidades institucionales vinculadas a la obra pública que durante el kirchnerismo, a su padre, favoreció con el 78,4% de los contratos dirigidos a Santa Cruz. Sin vueltas y con el mismo espíritu de los escritos presentados por el menor de los hijos varones del empresario K, su abogado Santiago Viola fue taxativo al plantear que la detención de José López y el dinero con el que fue encontrado, “tiene que servir para impulsar la investigación sobre los funcionarios de la obra pública”, dijo en diálogo con la prensa. En ese mismo sentido remarcó que hay “una conexión bastante fácil de determinar, la gente más vinculada a la obra pública son López, De Vido y eventualmente los Kirchner”. Los Báez quieren que se investigue a los funcionarios que los beneficiaron con la obra pública: Durante el kirchnerismo el 78,4 % de los contratos licitados en Santa Cruz quedaron para el Grupo Austral (Kank & Costilla, Loscalzos y Del Curto, Austral Construcciones, Gotti, Biancalani), esto representó ingresos por $ 21.600 millones para contratos que en un 50 %, quedaron sin concluir. Así y todo, la familia exige que se investigue "a quienes armaron los pliegos, los licitaron, a quienes otorgaron y habilitaban las certificaciones", indicaron a la prensa.
El objetivo expresado en los dos escritos que ya están en la Cámara Federal, es la recusación del juez Casanello. “Hace tres años está la causa y no se encuentra nada en lo que consideran es la causa más grande del país”, describió Viola. Es por ello que pidieron su corrimiento de la causa ante la Cámara Federal. Báez hijo reitera en su entorno más cercano que sus argumentos eximen de toda responsabilidad a su padre, "que es el único detenido e investigado y no las autoridades responsables". Este planteo no es compartido con la defensa del titular de Austral Construcciones que por el contrario, consideran que "esto complica el escenario". Creen que indirectamente “está inculpando de Lázaro, porque no desmiente que se hayan cobrado sobreprecios”.
Vialidad Nacional, organismo que respondía a Julio De Vido y en Santa Cruz era direccionado por José López, benefició ampliamente al empresario K: las certificaciones de obras de cobraban a 30 días cuando al resto de las constructoras los pagos se les liberaban después de los 130 días. La discrecionalidad se observó en la licitación de obras que nunca concluyeron y en muchos casos, en otras que se fueron certificados sin los correspondientes avancen. El sobreprecio que se denunció ante el juez Julián Ercolini es de un 30 % sobre el monto total percibido.
“Ellos tienen un final en la cabeza y es elevar la causa antes de fin de año con Báez, Pérez Gadín y Martín, algo que se comprueba cada vez que no tiene sentido”, concluyó el abogado de Leandro Báez que ahora vuelve a apuntar contra el ex secretario de Obras Públicas y su jefe directo: Julio De Vido.
López y Lázaro son viejos conocidos, y la relación nunca fue la mejor: el ex funcionario exigía que en el sur todos los vinculados a la obra pública "reporten directamente a él, pero el Negro (como apodan a Báez) tenía línea directa con Néstor", contó un político santacruceño. Sin embargo, el ex secretario de obras Públicas sabía que el beneficiado era uno sólo en Santa Cruz al momento de licitar obras.
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