Concejales y funcionarios se harán estudios de drogas, avisó Alfaro
Desde los tres bloques anticiparon que acompañarán la medida. El debate por la obligatoriedad de funcionarios a realizarse un examen de drogas llegará a la Municipalidad. El intendente Germán Alfaro adelantó que en los próximos días enviará al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para adherir a la ley de la Legislatura. “Todos los funcionarios deberían estar obligados a hacerse los estudios para saber si consumen estupefacientes. En la semana remitiremos un proyecto para adherirnos a la ley 8.850”, anticipó Alfaro. Concejales de todas las bancadas coincidieron en la importancia de dar tranquilidad a los vecinos sobre la salud de los funcionarios municipales. “No fue planteado el debate en el Concejo, pero me parece una buena medida. En este momento la preocupación de gran parte de la sociedad es la problemática de las drogas y las adicciones, así que tomaremos en el cuerpo todas las medidas que aporten al caso”, apreció el macrista Roberto Ávila (dentro del interbloque Acuerdo para el Bicentenario -ApB-), vicepresidente segundo del Concejo.
El vicepresidente primero, Raúl Pellegrini (ApB), opinó en la misma línea pero aclaró que la medida no debe desviar la atención de la lucha contra el narcotráfico. “No es un tema que estaba en agenda, pero obvio que nos sumaremos si da transparencias y garantías a la gente. Adherir a esta medida no significa que con esto se combatirá al narcotráfico, lo que no debemos esconder es que el narcotráfico debe combatirse y que en la calle falta una política de seguridad con efectos considerables. Es gravísimo ver lo que ocurre en algunos barrios de la ciudad. El estado debe intervenir”, valoró el edil.
La Ley Antidrogas N° 8.850 fue sancionada en febrero en la Legislatura luego de la escandalosa detención del legislador Emiliano Vargas Aignasse. El peronista había girado en “U” en la ruta 9 antes de un control en Santiago del Estero y cuando un móvil policial lo detuvo le incautaron 47 gramos de marihuana. El juez federal de esa provincia,Guillermo Molinari procesó al parlamentario, al que se le otorgó una licencia en la Cámara. La semana pasada el Poder Ejecutivo (PE) publicó en el Boletín Oficial el decreto de reglamentación de la norma, donde establece que cada poder del Estado deberá definir su aplicación. La Legislatura dictó un día después un decreto por el que obliga a los legisladores y funcionarios (hasta el rengo de prosecretario) de realizarse al menos un examen de orina al año para detectar estupefacientes. Se dieron 90 días de plazo para realizar el primer análisis. El primer funcionario en someterse al control fue el gobernadorJuan Manzur.
David Mizrahi, vicepresidente del bloque Tucumán Crece (ex Frente para la Victoria), coincidió con sus pares del ApB: “los mismos fundamentos utilizados para la ley antidrogas en la Legislatura deberían correr para el ámbito municipal. La sociedad exige hoy transparentar la salud física y mental de los funcionarios, y una norma de estas características nos permitiría conocer, por caso, el estado de salud de cada edil respecto a las adicciones”.
“Estaremos plenamente de acuerdo, no se han suscitado los escándalos de la Legislatura, pero entiendo que todo tipo de medidas que tiendan a controlar el consumo de drogas nos parecen oportunas”, consideró Ricardo Bussi, titular del bloque Fuerza Republicana.
El único en plantear reparos fue el Secretario de Relaciones Institucionales de la municipalidad, José Luis Avignone. El funcionario expresó estar a favor de la medida, pero planteó el debate sobre su constitucionalidad. “Mi duda es si la norma no viola el derecho a la intimidad de las personas. De ninguna manera pretendo que se tome esta reflexión como que no estoy de acuerdo, pero no se puede tener reacciones espasmódicas por hechos de repercusión pública, cuando vemos que en distintos barrios de la ciudad hay guerras de clanes con muertes y heridos. Hace rato que la Iglesia puso el grito en el cielo y todos miraron para otro lado, porque hay suficiente sospecha que muchos llegaron con ayuda del narcotráfico”, finalizó.
Desde los tres bloques anticiparon que acompañarán la medida. El debate por la obligatoriedad de funcionarios a realizarse un examen de drogas llegará a la Municipalidad. El intendente Germán Alfaro adelantó que en los próximos días enviará al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para adherir a la ley de la Legislatura. “Todos los funcionarios deberían estar obligados a hacerse los estudios para saber si consumen estupefacientes. En la semana remitiremos un proyecto para adherirnos a la ley 8.850”, anticipó Alfaro. Concejales de todas las bancadas coincidieron en la importancia de dar tranquilidad a los vecinos sobre la salud de los funcionarios municipales. “No fue planteado el debate en el Concejo, pero me parece una buena medida. En este momento la preocupación de gran parte de la sociedad es la problemática de las drogas y las adicciones, así que tomaremos en el cuerpo todas las medidas que aporten al caso”, apreció el macrista Roberto Ávila (dentro del interbloque Acuerdo para el Bicentenario -ApB-), vicepresidente segundo del Concejo.
El vicepresidente primero, Raúl Pellegrini (ApB), opinó en la misma línea pero aclaró que la medida no debe desviar la atención de la lucha contra el narcotráfico. “No es un tema que estaba en agenda, pero obvio que nos sumaremos si da transparencias y garantías a la gente. Adherir a esta medida no significa que con esto se combatirá al narcotráfico, lo que no debemos esconder es que el narcotráfico debe combatirse y que en la calle falta una política de seguridad con efectos considerables. Es gravísimo ver lo que ocurre en algunos barrios de la ciudad. El estado debe intervenir”, valoró el edil.
La Ley Antidrogas N° 8.850 fue sancionada en febrero en la Legislatura luego de la escandalosa detención del legislador Emiliano Vargas Aignasse. El peronista había girado en “U” en la ruta 9 antes de un control en Santiago del Estero y cuando un móvil policial lo detuvo le incautaron 47 gramos de marihuana. El juez federal de esa provincia,Guillermo Molinari procesó al parlamentario, al que se le otorgó una licencia en la Cámara. La semana pasada el Poder Ejecutivo (PE) publicó en el Boletín Oficial el decreto de reglamentación de la norma, donde establece que cada poder del Estado deberá definir su aplicación. La Legislatura dictó un día después un decreto por el que obliga a los legisladores y funcionarios (hasta el rengo de prosecretario) de realizarse al menos un examen de orina al año para detectar estupefacientes. Se dieron 90 días de plazo para realizar el primer análisis. El primer funcionario en someterse al control fue el gobernadorJuan Manzur.
David Mizrahi, vicepresidente del bloque Tucumán Crece (ex Frente para la Victoria), coincidió con sus pares del ApB: “los mismos fundamentos utilizados para la ley antidrogas en la Legislatura deberían correr para el ámbito municipal. La sociedad exige hoy transparentar la salud física y mental de los funcionarios, y una norma de estas características nos permitiría conocer, por caso, el estado de salud de cada edil respecto a las adicciones”.
“Estaremos plenamente de acuerdo, no se han suscitado los escándalos de la Legislatura, pero entiendo que todo tipo de medidas que tiendan a controlar el consumo de drogas nos parecen oportunas”, consideró Ricardo Bussi, titular del bloque Fuerza Republicana.
El único en plantear reparos fue el Secretario de Relaciones Institucionales de la municipalidad, José Luis Avignone. El funcionario expresó estar a favor de la medida, pero planteó el debate sobre su constitucionalidad. “Mi duda es si la norma no viola el derecho a la intimidad de las personas. De ninguna manera pretendo que se tome esta reflexión como que no estoy de acuerdo, pero no se puede tener reacciones espasmódicas por hechos de repercusión pública, cuando vemos que en distintos barrios de la ciudad hay guerras de clanes con muertes y heridos. Hace rato que la Iglesia puso el grito en el cielo y todos miraron para otro lado, porque hay suficiente sospecha que muchos llegaron con ayuda del narcotráfico”, finalizó.
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