5 sep. 2016

Un fiscal le exige a Jaldo recibos de gastos sociales

Brito le giró un oficio al vicegobernador pidiendo los comprobantes de rendición de cuentas por subsidios de junio, julio y agosto de 2015. Investigan fondos ejecutados como subsidios en la gestión de Manzur. El fiscal federal N° 1 de Tucumán, Carlos Alfredo Brito, envió un oficio al vicegobernador, Osvaldo Francisco Jaldo, para solicitar la documentación oficial respaldatoria de los fondos ejecutados por el Poder Legislativo bajo la figura de ayudas sociales a personas durante junio, julio y agosto de 2015. El presidente de la Cámara, que anunció hace dos semanas la eliminación de esos cuestionados subsidios, deberá entregar los comprobantes por $ 207,7 millones, según los datos de la cuenta N° 200 980 43/8 del Banco Tucumán-Grupo Macro, de donde salían los fondos para los “gastos sociales” del cuerpo legislativo. Brito lleva adelante la investigación por presunta evasión impositiva mediante el sistema de ayudas sociales a personas. El autor de la denuncia, el ex candidato a legisladorOscar López, del peronismo disidente, sostiene la hipótesis de que se utilizaba el régimen de subsidios para solventar el pago de “sobresueldos” o de sueldos en negro entre legisladores y funcionarios de la Legislatura. Con el oficio N° 1.107/2016, girado el jueves pasado, el fiscal federal tratará de obtener la documentación que indique el destino dado a ese dinero. Brito le indicó a Jaldo que, según lo informado por el Tribunal de Cuentas (TC), el procedimiento para la rendición de subsidios y subvenciones otorgados por el Estado está regulado por el acuerdo 987/2008, modificado luego por el acuerdo 2.489/2008. El ente de contralor, presidido por Miguel Chaibén Terraf, destacó -según el oficio- que los recibos y demás papeles son analizados en el despacho de la delegación fiscal del TC, ubicada en el edificio legislativo. Una vez que se le estampa el sello de “intervenido”, la documentación es devuelta a las autoridades administrativas de la Cámara. El fiscal federal le pidió al vicegobernador “la remisión en forma urgente” de: a) ejemplar del balance para el Tribunal de Cuentas donde se detalla el número de beneficiario, número de orden de pago, fecha de acreditación o de pago de la Tesorería General de la Provincia e importe abonado o acreditado; b) planilla de rendición de comprobantes donde se detallaron cada una de las entregas efectuadas a los distintos beneficiarios; c) ejemplar del comprobante mediante el cual se cancelaron los fondos por parte de la Tesorería General de la Provincia para hacer efectivo el pago; d) recibo de entrega a cada uno de los beneficiarios; e) copia autenticada del acto administrativo mediante el cual se dispuso el otorgamiento del subsidio o subvención al beneficiario solicitante y su imputación contable; f) copias autenticadas de los comprobantes que demuestren la aplicación del subsidio o subvención en los destinos que fueron otorgados, según la reglamentación existente para cada circunstancia; y g) cualquier otra documentación que sea considerada necesaria para aclarar o justificar la suma efectivamente otorgada, señala el oficio judicial. Debido al volumen de la información, el magistrado no requirió todos los datos anuales, sino los de los tres meses previos a las elecciones provinciales de 2015. Según los detalles de la cuenta bancaria para gastos sociales, en junio del año pasado salieron por ventanilla de la sucursal céntrica $ 52 millones; en julio, $ 63 millones; y en agosto, mes de los comicios provinciales y de las PASO nacionales, el monto alcanzó los $ 92,7 millones. Mediante fotos, se demostró que esa plata era llevada en valijas desde una sucursal céntrica hasta la sede parlamentaria de calle Muñecas 951. Por entonces, la Presidencia de la Legislatura era ejercida por el actual gobernador, Juan Luis Manzur, y la secretaría legislativa estaba a cargo del hoy legislador oficialista Juan Antonio Ruiz Olivares, titular de la comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara. El tesorero era Claudio Antonio Pérez, quien reemplazó a Ruiz Olivares en esa oficina clave. Hace dos semanas, en entrevista con este diario, Jaldo anunció que el Poder Legislativo eliminará la subpartida 514, denominada “ayudas sociales a personas”. Sí continuarán aportando dinero a instituciones, aseveró el vicegobernador. Todavía no se dio a conocer qué pasará con los $ 156 millones presupuestados para esos subsidios, ni cuál ha sido el monto utilizado hasta el momento por la actual composición legislativa. La hipótesis que investiga el fiscal federal es si, además de la dieta dispuesta por la Constitución provincial (unos $ 32.000 por mes en la actualidad), los legisladores recibían alguna remuneración extra sobre la cual no se pagaron tributos federales, como Ganancias.  Brito no le puso plazo a Jaldo para que envíe la respuesta, aunque aclaró que aguarda la contestación de manera “urgente”. Si bien pidió informes sobre $ 207,7 millones, el año pasado fueron ejecutados $ 615,6 millones como supuestos subsidios (el 40% del total de gastos de la Cámara en 2015).
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