9 oct. 2016

El caso sobre evasión con los gastos sociales

El caso sobre evasión con los gastos sociales llega a la Cámara Federal de Apelaciones.
El juez federal elevó el expediente para que el tribunal resuelva un planteo del fiscal federal.
El caso federal que investiga la posible evasión impositiva mediante la entrega de subsidios de la Legislatura en el 2015 electoral pasó, al menos por el momento, a la Cámara Federal de Apelaciones.
El juez federal Daniel Bejas adoptó la medida a raíz de un recurso de apelación planteado por el fiscal federal Carlos Brito. El representante del Ministerio Público había cuestionado que se le diera participación en la causa al presidente subrogante de la Legislatura, el oficialista Julio Silman, quien se había apersonado el mes pasado en los tribunales para formular objeciones procesales; entre ellas, la remisión de la documentación presentada ante el Tribunal de Cuentas para la rendición de gastos por los millonarios subsidios repartidos en 2015.“No se entiende cuál sería el rol que desempeñaría en esta investigación la Honorable Legislatura, a la cual el juez federal de Instrucción trae al proceso sin haberlo requerido”, había redactado el fiscal federal en un dictamen que rechaza los planteos de Silman. Y había considerado que los cuestionamientos jurídicos del titular subrogante de la Cámara y del ex legislador Iván Llorens Dip (representado por el abogado Nicolás Pedro Brito) tenían un espíritu dilatorio. El juez federal desechó la revocatoria efectuada por el representante del Ministerio Público en cuanto a la aceptación del Poder Legislativo en la causa. “Como custodio del debido proceso por mandato constitucional, me corresponde imperativamente la merituación de cualquier presentación que efectúen los sujetos involucrados en un proceso cuando consideren afectados y/o lesionados sus derechos”, explicó Bejas en la resolución, firmada el lunes pasado. Y afirmó que, “en definitiva, quien otorga intervención en la causa a la Honorable Legislatura es el propio fiscal federal, al solicitarle información” sobre las rendiciones de los subsidios otorgados.
El juez federal de todas formas aceptó la apelación que había solicitado subsidiariamente el representante del Ministerio Público. Así, el expediente pasó a la Cámara Federal de Apelaciones para que resuelva si la aceptación del Poder Legislativo en la causa corresponde, como entiende Bejas, o debe ser revocada, como sostiene Brito.
El juez federal, ante esto, difirió la resolución sobre los planteos procesales -efectuados en paralelo por Silman y por el abogado del ex legislador Llorens Dip- hasta tanto el tribunal de grado superior dirima la cuestión en pugna.
Los oficialistas se apersonaron en la causa el mes pasado, luego de que el fiscal federal le otorgara al vicegobernador Osvaldo Jaldo una prórroga de 10 días para que girara la documentación respaldatoria por los subsidios repartidos en junio, julio y agosto de 2015. Según el denunciante, Oscar López, esos recursos no fueron destinados a ayudas sociales, sino a “sobresueldos” por la anterior conformación legislativa. Así, se habría evadido impuestos y perjudicado al fisco.
En sendos planteos, Silman y el abogado de Llorens Dip objetaron la competencia del fuero federal en el caso; se calificó la pesquisa como una “excursión de pesca”, debido a la supuesta falta de delimitación de un objeto específico de investigación; se calificó además de “autoincriminatorio” el pedido de informes al vicegobernador; se solicitó la nulidad de esos oficios; se reclamó la posible vulneración de la autonomía provincial; y se requirió la exclusiva intervención del Juzgado Federal en el caso.
El fiscal federal Brito, en un escrito redactado el viernes, consideró que “aparecen improcedentes” los motivos expresados por Bejas para no resolver los planteos efectuados por los oficialistas. “No tienen incidencia ni están relacionados respecto de lo peticionado por la Legislatura; antes bien, parecen configurar una manifiesta intención de afectar la celeridad de los actos procesales”, indicó el representante del Ministerio Público. Y requirió que, mientras la Cámara de Apelaciones dirime la eventual participación del Poder Legislativo en la causa, se le posibilite avanzar con la pesquisa en cuestión.
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