Dejan cesantes a cuatro asesores del opositor Brodersen

Participaban en el caso por los gastos sociales.
El legislador Luis Brodersen (bloque PRO-A), como varios de sus pares, ya está de vacaciones, fuera de la provincia. Pero el macrista recibió una noticia que le dejó un sabor amargo en su descanso estival: la Legislatura, a través de un decreto firmado por el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, dejó cesantes a cuatro de sus asesores.
Se trata de los representantes legales del dirigente opositor en la acción declarativa de certezas que planteó por la legalidad o constitucionalidad de los subsidios legislativos; entre ellos, los ya derogados “gastos sociales” o ayudas sociales a personas. Esta semana, los abogados Carlos Correa (secretario del bloque PRO-A), Hernán Correa, Carlos Valls y Rafael Eduardo Rillo Cabanne, fueron notificados de sus despidos. Si bien el primero de ellos es quien estaba firmando los escritos de la demanda -que tramita la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo-, los restantes asesores del macrista habían sido habilitados para participar en la causa, que ha generado un clima de tensión entre el oficialismo legislativo y un sector de la Justicia.
Los decretos rubricados por el vicegobernador y por el secretario, Claudio Antonio Pérez, señalan que “han desaparecido las causales” que motivaban la designación de los asesores de Brodersen. Por lo tanto, a partir de mañana, 1 de enero, los cuatro quedarán fuera de la planta del personal temporario del Poder Legislativo.
Altas fuentes del cuerpo parlamentario justificaron la decisión adoptada por las máximas autoridades administrativas de ese órgano. “Se les dio de baja porque están litigando contra la Legislatura. No significa que el bloque (unipersonal) PRO-A pierda el cupo, sino que puede designar nuevos asesores. Pero estos abogados estaban trabajando para este Poder y, mientras tanto, estaban autorizados para actuar en la demanda (por los ‘gastos sociales’)”, señaló la fuente, aludiendo a una presunta incompatibilidad en sus tareas.
Estos argumentos, explicaron desde el espacio de Brodersen, no figurarían en los decretos que disponen el fin del vínculo laboral de los cuatro abogados con la Legislatura. Por lo tanto, plantearon un recurso de reconsideración a Jaldo para requerirle que deje sin efecto esa medida. “Ese instrumento fue dictado en exceso de facultades (del vicegobernador)”, señalaron los letrados. Remarcaron que el presidente del Poder Legislativo tiene la potestad de contratar y remover al personal temporario, pero aclararon que, según el reglamento interno, esas designaciones dependen “de la propuesta de la autoridad del bloque”. “En este caso no hubo pedidos de bajas por parte (de Brodersen)”, redactaron en el planteo. La semana próxima, los cuatro concurrirían al fuero contencioso para pedir una cautelar que suspenda los decretos.
La relación entre Brodersen y las autoridades del Poder Legislativo es tensa, sobre todo luego de que el macrista iniciara una demanda por los ya derogados “gastos sociales” (el radical Eudoro Aráoz había pedido el acceso a la información de los beneficiarios de esos subsidios). Brodersen sostiene que incluso las denuncias que formuló en su contra el ex legislador Pedro Balceda por presunto contrabando forman parte de esos ataques. La causa iniciada por Brodersen también generó duras acusaciones de los abogados de la Legislatura en contra de los camaristas Rodolfo Novillo, Carlos Giovanniello y Ebe López Piossek.