La decisión del Poder Legislativo de devolver el oficio que ordenaba el cumplimiento de una medida cautelar de custodia de documentación sensible sobre los gastos sociales fue objetada por un legislador opositor en los tribunales. El macrista Luis Brodersen (bloque PRO-A), quien plantea una demanda para que se determine la legalidad o no de los subsidios legislativos, aseguró en un escrito presentado ante la jueza de feria en lo contencioso administrativo, Ebe López Piossek, que la Legislatura “no cumplió con la orden judicial” expresada en la sentencia dictada el 25 de noviembre por la Sala II de ese fuero. Por ello, a través de su abogado, Carlos Correa, Brodersen requirió a López Piossek que remita copias del expediente “a la Fiscalía Penal de Feria para la investigación del delito de desobediencia judicial por parte de las autoridades de la Honorable Legislatura de Tucumán”. Y le aseguró a la magistrada que “permitir este verdadero atropello a la Justicia por parte de las autoridades de uno de los poderes del Estado, implicaría atentar contra la democracia y la división de poderes”. El diario la gaceta reveló que en 2015 la Legislatura desembolsó $ 615,6 millones para supuestos subsidios. En 2016, el presupuesto para los gastos sociales alcanzó los $ 150 millones, aunque ese régimen fue derogado en agosto de ese año por el vicegobernador, Osvaldo Jaldo. Dos meses después, el testigo Hernán Mitre reveló que autoridades del cuerpo colegiado le habían alquilado de modo informal un local de calle Corrientes 45. El comerciante hizo certificar con escribana las cajas con la leyenda “subsidios 2015-Poder Legislativo” que estaban en su depósito y entregó la documentación y un recibo por el pago del alquiler a la Justicia Federal. A raíz de esto, Brodersen pidió a la Sala II del fuero contencioso, integrada por Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello, que dicte una cautelar para ordenar el resguardo de los comprobantes por las supuestas ayudas sociales, a las que el macrista considera prueba clave en el juicio que tramita. El tribunal le dio lugar al planteo del legislador y designó depositario judicial de la documentación a Jaldo. Sin embargo, la Legislatura no aceptó la recepción del oficio que notificaba la medida, alegando -entre otros argumentos- que Novillo y Giovanniello habían sido recusados. Según el escrito presentado por Brodersen esta semana ante López Piossek, las autoridades de la Legislatura respetaron una orden judicial. “La cautelar debió ser cumplida en la forma ordenada, algo que no ocurrió”, remarcó el legislador, a través de su abogado. También requirió a López Piossek que “dicte las medidas necesarias” para que se respete la sentencia de la Sala II sobre el resguardo de los recibos.
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