El concejal opositor Claudio Viña (Fuerza Republicana), intimó mediante una nota al intendente de San Miguel de Tucumán, Domingo Amaya, para que presente ante el cuerpo la Cuenta Inversión correspondiente al ejercicio 2011. Apelando a la ironía, el edil opositor aseguró que dicho expediente, en el cual figuran los datos sobre los ingresos y egresos financieros de la comuna capitalina, “es más difícil de analizar que el Código Da Vinci”. El edil opositor sostuvo que el plazo de presentación del informe se encuentra en mora, por lo que se estaría violando el artículo 47, punto 7 de la ley Orgánica de Municipalidades. En tal sentido, Viña le recordó a Amaya que “en los dos ejercicios anteriores este informe contable, fundamental para controlar cómo y en qué se gasta en el municipio, no pudo analizarse ni aprobarse o rechazarse en el Concejo porque no fue puesto nunca en tratamiento”. A su vez, el concejal aludió que este incumplimiento se relaciona con los cambios aplicados en las áreas específicas encargadas de analizar y elevar los informes requeridos. Al respecto, remarcó que “entiendo que con el Contador General (José Francisco Correa), puesto a medida, luego del insólito despido de la Contadora anterior (Patricia Beltrán de Salido), no debería haber problemas para poder tomar contacto y poder analizar cada uno de los ítems de gastos del municipio, atendiendo especialmente a que el año 2011 fue un año electoral donde el propio Intendente fue candidato”, lanzó. Ante esta situación, Viña indicó que elaboró un proyecto orientado a modificar la ordenanza de Contabilidad en su artículo 102 y de esta manera evitar que la Cuenta de Inversión quede aprobada de hecho, por el mero transcurso del tiempo y sin ser tratada en el recinto de sesiones, como viene sucediendo hasta la actualidad. Para finalizar, el concejal republicano sostuvo que “no podemos permitir que una administración pública, como la municipal, no sea sometida al control del Tribunal de Cuentas, con un Contador General surgido de entre los funcionarios municipales, y que además no se pueda analizar y aprobar o rechazar la rendición del destino de los casi 1.000 millones de pesos de todos los vecinos que maneja el Intendente cada año”, sentenció.
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