20 ene. 2015

DENUNCIAN UNA ESTRUCTURA DE ENCUBRIMIENTO PARA FAVORECER A LÁZARO BAEZ

El fiscal Moldes, luego de un investigación preliminar, presentó una denuncia que cayó en el juzgado de Oyarbide. En octubre pasado los diputados del PRO Laura Alonso, Patricia Bullrich y Federico Pinedo le presentaron una denuncia al fiscal de la Cámara Federal porteña Germán Moldes. A partir de una nota publicada en el diario La Nación, los legisladores consideraron que debía denunciarse que la AFIP al mando de Ricardo Echegaray no investigaba a las empresas de Lázaro Báez por tener relación con usinas de facturas truchas de la zona de Bahía Blanca. En la denuncia los diputados recuerdan la "relación comercial" entre Báez y la presidente Cristina Fernández de Kirchner. Los legisladores establecieron en la denuncia la existencia de "un protocolo" en toda la administración pública para proteger a "Báez y a la Sra. Presidente". Moldes hizo una investigación preliminar a partir de la denuncia, juntó material y judicializó el caso que cayó por sorteo en el juzgado de Norberto Oyarbide. El fiscal, en una denuncia a la que accedió Infobae en fuentes judiciales, fue citando las causas en las que Báez y su entorno de negocios está bajo investigación. La causa que tiene el juez Sebastián Casanello por la ruta del dinero K, la del juez Claudio Bonadio por la empresa Hotesur, están entre las citadas por Moldes. Para el fiscal en esos expedientes "se aprecian curiosas coincidencias de personajes y situaciones en distintos pero equivalentes escenarios. Una única finalidad recorre transversalmente todo el paisaje: explotar al máximo la protección de los organismos del Estado para sacar a Báez de todo atisbo de investigación o limitar sus consecuencias dispersando las diligencias al papel de actores secundarios. Hasta dónde llegan esos auxilios y a quiénes benefician los mismos será el objetivo ineludible de la prosecución de esta línea de investigación". Moldes señaló que "Echegaray sería una pieza clave en la ocultación maliciosa de la panoplia delictiva (no sabemos aún a ciencia cierta en qué nivel de participación y con qué grado de decisión efectiva) de Lázaro Báez, sus asociados y sus cómplices punibles, cuya diferenciación se torna frecuentemente difusa e imprecisa. El fiscal agregó que "esa empresa criminal investigada en varios tribunales del país y del extranjero ha diversificado sus negocios ilícitos a una pluralidad de explotaciones que van desde la industria de la construcción hasta el usufructo de la obra pública, desde las sociedades hoteleras hasta la inversión inmobiliaria". Moldes reseñó la causa por facturas truchas en Bahía Blanca para mostrar -según su criterio- la actividad de la AFIP destinada a encubrir a Báez.
Para Moldes "ese conjunto de actividades criminosas , esa diversidad de orquestas de maniobras ilícitas podría constituir el famoso delito precedente cuya indefinición conspira contra el éxito de la causa por lavado de dinero que investigan jueces en Argentina, Estados Unidos Uruguay, y, hasta que no tengamos noticias confirmadas de una resolución definitiva, Suiza....Hemos visto en más de una ocasión la aparición de esa red de protección y no han sido pocas las veces que su cometido resultó exitoso y tanto el escurridizo Báez como sus opulentos secuaces terminaron cubiertos con el afrentoso manto de la impunidad".
La causa está en manos de Oyarbide. Moldes -antes de que se supiera en qué juzgado cayó- escribió que "Un juez podrá eventualmente avanzar por un camino que, garantizo no será de rosas. No será fácil; la tarea a desarrollar se anuncia intrincada y cuantiosa y no faltarán enormes tensiones para los que se decidan a abrir esta caja de Pandora pues no hay dudas de que en todos los niveles se desarrollarán ingentes esfuerzos para que, otra vez, todo quede en la nada. Los trágicos acontecimientos de las últimas horas no hacen más que agregar dramatismo a estas prevenciones". La referencia de Moldes a la muerte del fiscal Alberto Nisman está en su presentación.
Apuntó a Echegaray pero también a la Procelac creada por la procuradora general Alejandra Gils Carbó. Lo hizo al recordar que el fiscal a cargo de la Procelac, Carlos Gonella, y uno de sus colaboradores, Omar Orsi, fueron procesados por su actuación al inicio de la investigación sobre lavado de dinero de Lázaro Báez.
"Cabe concluir -cierra Moldes- que las acciones delictivas desarrolladas por el conglomerado Báez en la ejecución de obra pública sobrefacturada y la actividad hotelera e inmobiliaria no hizo más que viabilizar la circulación de dinero, producto de una actividad criminal con la intención de reinyectarlo en el mercado y el propósito de dotarlo de apariencia de legalidad. Para eso utilizan facturas apócrifas, se evaden impuestos, se compran inmuebles caros y se venden baratos, se lava dinero, etc. Todo ello es posible gracias a un encubrimiento sistemático del que evidentemente forma parte entre otros, el Sr. Echegaray".
En la descripción de las maniobras que deben ser investigadas, Moldes le dedicó un párrafo a la hotelera: "en lo específicamente referido a las sociedades hoteleras, hay que decir que la actividad criminosa de Báez, sus socios o personas comercialmente relacionadas (la denominación que quiera dársele no cambia las cosas), aquellos que de cualquier manera resulten ser sus cómplices, secuaces y encubridores, los que han obtenido beneficios aprovechando que quienes tenían la responsabilidad de controlarlos se hacían los distraídos, deben ser investigados a fondo sin importar ni su jerarquía institucional ni sus lazos afectivos o familiares".
Moldes concluye que "alguien con un gran poder de decisión debe impartir las órdenes (tan celosamente obedecidas por otra parte) para que estos acontecimientos se repitan alegremente y la cubierta protectora de Báez y su conglomerado económico no se agriete. Pero el globo se ha inflado demasiado y se ha hecho muy visible. No habrá "relato" ni argucia ni reforma capaz de evitar que tarde o temprano todo salga a la luz. Cuanto antes nos pongamos en camino, antes llegaremos a destino, Después de todo, de nosotros depende".
La causa por encubrimiento quedó a cargo de Oyarbide y del fiscal federal Guillermo Marijuán.
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