Alfaro afirma que prioriza la “honorabilidad”

“Mi declaración está a disposición de los concejales”
“He decidido presentar mi declaración jurada con el fin de dejar constancia del estado patrimonial desde el momento en que me hice cargo de la función de intendente de San Miguel de Tucumán. Este acto tiene como objetivo la comparación de mi estado patrimonial al cumplir mi mandato con el que inicié. Así lo establece la Ley Nº 3.981 que regula el sistema de declaraciones juradas de bienes patrimoniales, cuyo artículo 13 se refiere al carácter secreto de las declaraciones”. Los dichos corresponden al intendente Germán Alfaro, quien explicó de esa manera por qué dejó en sobre lacrado su detalle de bienes patrimoniales y no lo difundió públicamente.
El miércoles 28, el peronista disidente juró en el cargo y, en su discurso, dijo que había dejado una copia de su declaración ante la Secretaría del Concejo Deliberante. En esa ocasión, en rueda de prensa, haría público ese documento. “No tengo ningún problema. Dejé una copia en Secretaría del Concejo, a disposición de los concejales, y otra copia en la Municipalidad”, había explicado. Además, se le había consultado sobre qué mensaje quería dar con la presentación de su patrimonio.
“La sociedad reclama ejemplaridad, y quienes tenemos la representación de la gente, de los vecinos, tenemos la responsabilidad de ser absolutamente transparentes. Son recursos de los vecinos, en este caso. Y me lo tomo como una obligación”, había dicho el sucesor de Domingo Amaya.
Este miércoles, la prensa volvió a  preguntarle a Alfaro si daría a conocer el contenido de ese documento, y el intendente se excusó. “Cumplir con las normas es una obligación que tenemos todos los funcionarios. Toda mi vida he sido una persona que he puesto siempre por delante los valores éticos y los principios de honorabilidad. Por este motivo, mi declaración está a disposición del Concejo Deliberante y de la Justicia, para que en caso de un requerimiento administrativo o instancias judiciales puedan ser cotejados cuando finalice mi gestión. Ese el sentido de una declaración jurada”, justificó ayer Alfaro.
En la actualidad, los miembros de los tres poderes del Estado presentan una declaración jurada al inicio de la gestión y otra al final, las cuales son reservadas en una escribanía, en sobres cerrados y lacrados que sólo pueden ser abiertos por expresa disposición de la Justicia. La norma, cuestionada por organizaciones profesionales, rige desde 1973. En cambio, a nivel nacional rige una Ley de Ética Pública que obliga a los funcionarios a entregar a la Oficina Anticorrupción sus declaraciones, las que están al alcance de la sociedad.