Dos jueces de Instrucción, Pisa y Pérez, ya se inhibieron de intervenir en el expediente Dardo Caciccio, padre de la bebé fallecida por una desnutrición, formuló la denuncia contra el ex gobernador y la senadora. Pasaron tres años desde la muerte de la bebé Morena Guadalupe Caciccio Fernández por un cuadro fatal de desnutrición. En su momento, Dardo Caciccio, padre de la niña, atribuyó el deceso a la imposibilidad de usar el avión sanitario de la provincia debido a que este estaba ocupado por la familia del ex gobernador José Alperovich. Días antes de que finalizara el mandato del ex titular del Poder Ejecutivo, Caciccio se presentó ante Diego López Ávila, fiscal Nº4, para pedir una pesquisa relativa al uso que el matrimonio Alperovich dio a la aeronave. El 26 de octubre, el titular de la Fiscalía solicitó a Juan Francisco Pisa, juez de Instrucción Nº3, que abra y dirija la correspondiente investigación jurisdiccional, proceso especial previsto para cuando existen obstáculos fundados en privilegios constitucionales.
“Ilegal”
El requerimiento indica que Caciccio dijo que Alperovich, senador electo, y su esposa, la senadora saliente Beatriz Rojkés, habrían utilizado en forma ilegal el avión sanitario para viajes de placer con sus familiares directos y habrían impedido los fines nobles para los que este bien está destinado. “Dichas circunstancias habrían provocado pérdidas irreparables de vidas humanas privadas de un traslado sanitario en tiempo oportuno, como ocurrió con la bebé Caccicio Fernández en octubre de 2012. Pese a ello, el matrimonio citado continuó usando el avión de la provincia para actividades de esparcimiento familiar”, expresa la denuncia, según el relato de López Ávila. El denunciante, que se presentó con el patrocinio del letrado Gustavo Morales, afirmó que las conductas de los cónyuges estarían encuadradas en el delito de peculado.
“La denuncia resulta verosímil y requiere necesariamente de la apertura de la etapa tendiente a verificar los hechos expuestos en el sentido de corroborar si la niña se vio impedida de utilizar el avión sanitario en octubre de 2012 o si su estado de salud se agravó por un traslado tardío por encontrarse el avión sanitario en uso del matrimonio gobernante o de otro sujeto para actividades de esparcimiento”, dijo el fiscal Nº4 a Pisa, juez de Instrucción Nº3. López Ávila manifestó que, al haber funcionarios públicos implicados, se veía impedido de practicar medidas de prueba. Al respecto citó la resolución reciente que la jueza Nº5, Mirta Lenis de Vera, emitió en una causa que involucra al ex fiscal Guillermo Herrera (la resolución completa no trascendió, pero fuentes judiciales dijeron que aún no había quedado firme). El fiscal expresó que la magistrada le había reprochado la actividad investigativa desplegada previa al pedido de una investigación jurisdiccional y que, por ello, en este caso se limitaba a evaluar la denuncia de Caciccio para que sea el juez de Instrucción quien lleve adelante la pesquisa.
Pero a poco de andar la causa tropezó con la inhibición de los magistrados. El abogado Morales confirmó que Pisa se había apartado del expediente -el letrado había denunciado antes a ese juez por un supuesto cohecho- y que el caso pasó al juez Nº4, Víctor Manuel Pérez, que también hizo lo propio por otra controversia con el letrado. Como Lenis de Vera está de licencia, el requerimiento de López Ávila ingresaría en el Juzgado Nº1 que encabeza Alejandro Tomás. El eventual conflicto de competencia entre los jueces de Instrucción debería ser decidido por la Cámara de Apelaciones que integran Eudoro Albo, Liliana Vitar y Enrique Pedicone.
Polémica aérea
El dictamen del fiscal Nº4 expresa que la Ley 8.350 regula el uso del avión sanitario y que esta fue sancionada en 2010 -por un Poder Legislativo con mayoría alperovichista-. El artículo 2 de esa norma prescribe que se consideran vuelos oficiales los traslados de ciudadanos por cuestiones de salud y por requerimiento de la autoridad sanitaria provincial (inciso 1); de servicios asistenciales para personal docente y sanitario estatal (inciso 2); para atender necesidades ocasionadas por fenómenos climáticos, catástrofes, accidentes, búsqueda y rescate de personas (inciso 3); para atender solicitudes del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) y por razones humanitarias (inciso 4); del gobernador y de sus acompañantes, cualquiera sea su destino, en razón de su investidura (inciso 5); de funcionarios nacionales, legisladores nacionales y provinciales, y autoridades de otras provincias (inciso 6), y de funcionarios, empleados públicos o contratantes del Estado en una misión oficial (inciso 7).
López Ávila sostuvo que esta norma debe ser interpretada por el juez competente para determinar si efectivamente existió un viaje en el avión sanitario por parte del ex gobernador y su consorte, u otra autoridad, en misión oficial; si la misión oficial se considera sólo por la investidura del entonces mandatario o si exige otro requisito específico, o si, por el contrario, existió una utilización potestativa de la aeronave para viajes de placer o de cualquier otra naturaleza que exorbite el supuesto de la misión oficial. “Tal circunstancia indiscutiblemente merecería el reproche penal contenido en el delito de peculado”, opinó antes de proponer una serie de medidas de prueba. Y agregó: “dados los alcances del artículo 2 debería indagarse si no existe un límite establecido para el uso de las aeronaves del Estado provincial o si existieron vuelos alternativos de líneas comerciales que permitan el citado cumplimiento de ‘la misión oficial’ sin entorpecer los intereses particulares y superiores de los ciudadanos, más todavía si se trata de una niña que sufría una presunta disminución de capacidad en su estado de salud general”.
El requerimiento del fiscal Nº4 ingresó al Juzgado de Pisa tres días antes de que Juan Manzur relevase en el Gobierno a Alperovich. El acto de juramento del nuevo mandatario, que convocó a más de una decena de gobernadores y funcionarios kirchneristas, entre ellos al presidenciable Daniel Scioli, sacudió la polémica por el uso de los jets provinciales: ese 29 de octubre, hubo al menos 13 aeronaves provinciales estacionadas en la pista de aterrizaje del aeropuerto Benjamín Matienzo.
REPERCUSIONES
“SE HIZO TODO LO POSIBLE POR SALVARLA”
Los padres de la bebé Morena Guadalupe Caciccio sostienen que esta falleció porque fue trasladada tarde al hospital Italiano de Buenos Aires y en un avión que no estaba preparado. En una sesión legislativa, el ex parlamentario José León aseguró que sólo una persona con “mala fe” y “poco hombre” podía deslizar que su primo, el ex mandatario José Alperovich, era responsable del deceso ocurrido en 2012. El legislador ultraalperovichista Guillermo Gassenbauer agregó: “se hizo todo lo posible para salvar a la niña”. En medio de la polémica, Sara Alperovich dijo que su padre era desprestigiado injustamente. En junio de este año, Washington Navarro Dávila, fiscal N°5, ordenó el archivo de una causa penal iniciada al respecto y acusó a Juan Robles, abogado de la familia Caciccio y dirigente radical, de hacer política con el caso.
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