El Gobierno pagará hoy con divisas de las reservas internacionales del Banco Central 250 millones de dólares correspondientes al segundo cupón anual de intereses del Bonar 2024, un título público denominado en moneda estadounidense y emitido bajo legislación argentina.
El pago de este bono, emitido como parte de la indemnización que el Gobierno le pagó a Repsol por la expropiación de YPF, impactará en el decreciente nivel de reservas de la autoridad monetaria, que el jueves pasado (último dato disponible) cayó a US$ 26.701 millones, la cifra más baja en más de nueve años. Al pago del bono habrá que sumarle, seguramente, las ventas de dólares que el BCRA viene haciendo para los demandantes de divisas, que la semana pasada superaron largamente los 100 millones de dólares por día.
El desembolso de US$ 250 millones llegará en un momento en que las reservas del Banco Central se encuentran en el menor nivel desde el 2 de agosto de 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner, cuando cerraron en 26.129 millones de dólares.
Al asumir la presidenta Cristina Kirchner, el 10 de diciembre de 2007, las reservas eran de US$ 45.566 millones, con lo que la pérdida en lo que va de su gestión es de US$ 18.865 millones, un retroceso del 41,4%.
El día de la asunción de la primera mandataria, la relación entre las reservas y la base monetaria era de 2,08 pesos por dólar, diez veces menos que la actual, de 21,01 pesos por dólar.
El Gobierno autorizó la emisión del Bonar 2024 en abril de 2014, por US$ 3550 millones, con una tasa de interés de 8,75% anual, con pago de intereses semestrales los días 7 de mayo y de noviembre de cada año hasta 2024.
El primer pago de intereses se realizó el 7 de noviembre de 2014 y continuará abonándose de ese modo hasta 2019, cuando comenzarán a amortizar capital seis cuotas, las primeras cinco de 16,66% y la restante de 16,70%.
El Bonar2024, cuya emisión fue ampliada en varias oportunidades por el Gobierno, quedó en la mira de los fondos buitre que mantienen una batalla judicial contra el país, ya que consideran que se trata de una colocación internacional, a pesar de estar denominado bajo ley doméstica. La ofensiva de los acreedores es liderada por el fondo NML, que procura que el pago de los intereses de este título público también sea bloqueado por el juez estadounidense Thomas Griesa.
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