Con el cambio de gobierno se reactivaron numerosas causas judiciales contra ex integrantes del gobierno del Frente para la Victoria. El procesamiento dispuesto el jueves por la Justicia contra ex jefes de Gabinete K por incumplir sus deberes públicos en el control de fondos de Fútbol para Todos (FPT) engrosa una nómina de ex funcionarios del Frente para la Victoria implicados en causas judiciales, reactivadas en los últimos meses con el cambio de gobierno. Además de los ex jefes de Gabinete Jorge Capitanich, Juan Manuel Abal Medina y Aníbal Fernández fueron procesados por la jueza María Servini de Cubría el ex gobernador bonaerense Gabriel Mariotto y el ex coordinador de FPT Pablo Paladino en una causa por incumplimiento de deberes por no haber controlado el uso de fondos en ese programa. Fernández carga con otro procesamiento en una investigación por supuestas irregularidades en la licitación del plan Qunita, que lleva adelante Bonadio, en la que ya se dictó la falta de mérito a favor del ex ministro de Salud y actual gobernador, Juan Manzur. El jueves también el juez Ariel Lijo procesó al ex superintendente de SaludHéctor Capaccioli por supuesto “lavado de activos”, a raíz de aportes de dinero por parte de droguerías, cuyo origen pudo ser el tráfico de efedrina, a la campaña presidencial de 2007 de Cristina Fernández. Pero la lista de ex funcionarios K implicados en delitos se abrió con el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, condenado por sustracción de pruebas y por recibir dádivas de empresarios, y en diciembre de 2015, por su responsabilidad en la tragedia de Once. En el recuento, el caso de Ciccone Calcográfica está complicando el ex vicepresidente Amado Boudou, procesado y a la espera del juicio oral por irregularidades detectadas en la venta de la empresa. Cristina también integra la nómina de procesados desde mayo último cuando el juez Bonadio dictó su procesamiento -junto al ex ministro de Economía Axel Kicillof, al ex titular de la Comisión Nacional de Valores Alejandro Vanoli y a otros 15 funcionarios- en el marco de la causa dólar futuro. Vanoli, al igual que el ex secretario de ComercioGuillermo Moreno, fue acusado por Bonadio por incitación a la violencia colectiva.
En esa causa corren la misma suerte el ex vicepresidente de la CNV Hernán Fardi y los ex directivos Héctor Helman, Rodolfo Iribarren, Matías González y Mabel D’Orazio Cebey.
Cristina, en tanto, se libró de una imputación con gran peso mediático. Es la que había formulado en su contra el fallecido fiscal Alberto Nisman por supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA, que fue desestimada por el juez Rafecas, para quien “no hay un sólo elemento de prueba” de delito.
En cambio, otro procesado del gobierno K fue el ex titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) José Sbatella. Según la Cámara Federal incurrió en violación de secreto al develar parte de una investigación interna que del organismo contra joyerías.
La tragedia de Once recibió como respuesta judicial la condena de los ex secretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi (8 años) y Jaime (6 años) por el delito de estrago culposo agravados y administración fraudulenta contra el Estado en un juicio de 2015. A ello se sumó que el mes pasado, el juez Bonadio procesó al diputado nacional Julio de Vido por “descarrilamiento de tren agravado” y “administración fraudulenta” y le trabó un embargo por $ 600 millones.
Jaime y De Vido comparten responsabilidad también en una causa abierta por la compra de trenes inservibles a España y Portugal en 2005, en la que el ex secretario ya fue procesado. Ayer, efectivos policiales allanaron el departamento que el ex ministro tiene en Palermo y una chacra en Zárate, en busca de documentación y cajas de seguridad. Esto se produjo a menos de 24 horas de que Diputados avalara su realización, pero sin desafuero de De Vido.
Las sospechas de enriquecimiento ilícito que sobrevuelan a varios ex funcionarios tuvieron un capítulo inédito la semana pasada con el arresto del ex secretario de Obras Públicas José López -investigado por Rafecas- cuando intentaba deshacerse de U$S 9 millones y un arma en un monasterio de General Rodríguez. En abril último el diputado y ex secretario General de la Presidencia, Eduardo “Wado” De Pedro, fue imputado por presuntos sobreprecios en los gastos de viajes al exterior en 2015 de la ex presidenta Cristina.
El ex gobernador bonaerense Daniel Scioli también tuvo que declarar en los tribunales de La Plata en 2015, por una causa por enriquecimiento ilícito, cuando competía por la Presidencia. Más lejos, en 2014, resultó procesada la ex secretaria de Medio AmbienteRomina Picolotti, a quien Servini de Cubría investigó por administración fraudulenta por haber pagado compras, almuerzos y viajes aéreos con dinero de la secretaría. También en 2014 Servini procesó a tres ex funcionarios de la Sedronar en una causa por falta de controles en la importación de efedrina: José Granero (ex titular y también ex director de Enarsa), el asesor Gabriel Abboud y el ex director del registro de precursores químicosJulio De Orué. El abanico de denuncias incluye la que presentó el titular de Subterráneos de Buenos Aires, Juan Pablo Piccardo, contra el ex ministro de Trabajo Carlos Tomada, a quien acusó por privación ilegítima de la libertad y abuso de autoridad por haberse visto obligado a asistir a un encuentro entre Metrovías y la UTA.
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