18 sep. 2016

Tucumán, en el ranking con más jóvenes presos

En el país son 1300 los adolescentes que se encuentran privados de su libertad. En nuestra provincia solo hay dos institutos para albergarlos
ESTADÍSTICAS. Tucumán está en el 5° lugar a nivel país
Al menos 1300 adolescentes están privados de su libertad en unidades, comisarías de menores e institutos para jóvenes "en conflicto con la ley" de todo el país, en una coyuntura arrastrada durante décadas, que muestra pocos avances en términos de derechos para esa población de niños, la vigencia de regímenes punitivos y la falta de estadísticas confiables. De acuerdo con documentación de los organismos de los 24 distritos encargados de velar por los chicos en conflicto con la ley, existen 1.305 adolescentes de hasta 17 años alojados en establecimientos cerrados. Casi la mitad de ellos, en total 547, habita en los 19 institutos que tiene la provincia de Buenos Aires y, de ellos, los más poblados son los centros de Lomas de Zamora (79 chicos), Malvinas Argentinas (58), Nuevo Dique (47) y Almafuerte (38), estos últimos dos de régimen cerrado, una modalidad que creció en los últimos meses en el distrito.
En este contexto, Córdoba está segunda -detrás de Buenos Aires- en el ranking de distritos con mayor cantidad de adolescentes presos: tiene 193 en seis complejos. Le siguen Capital Federal (111 chicos en cuatro institutos); Mendoza (91 chicos en un solo centro); Santa Fe (79, en seis unidades); Salta (57, en cuatro); y Tucumán (50 adolescentes en sólo dos).
Sin embargo, estas estadísticas chocan con la realidad esbozada por un informe de Unicef que había detectado hasta diciembre del año pasado unos 2.915 niños en programas de "supervisión en territorio", otros 871 en unidades de privación absoluta de libertad y 122 en establecimientos de restricción de libertad.
Argentina es el único país de Latinoamérica que carece de un régimen de responsabilidad penal juvenil acorde con la Convención de los Derechos del Niño y mantiene vigente un decreto-ley de la última dictadura militar que no garantiza el estado de derecho para los niños y adolescentes en conflicto con la ley.
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