24 nov. 2016

Ya es ley la obligatoriedad de los debates presidenciales

Scioli y Macri debatieron antes del balotaje en el que se impuso el líder del PRO.
La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría y convirtió en ley el proyecto que establece la obligatoriedad de los debates entre candidatos presidenciales. La iniciativa, que recibió 152 votos positivos, 38 negativos y una abstención, fue rechazada por el Frente para la Victoria, que se quejó porque el proyecto fue tratado en el recinto sobre tablas "a libro cerrado" sin tener dictamen de comisión. La ley obliga a los candidatos presidenciales que hayan superado las PASO a presentarse a un debate público, la normativa estipula que dicho encuentro sea televisado y se realice entre 20 y 7 días antes de la elección general. Además, incorpora la obligatoriedad de un debate adicional antes del balotaje, en caso de que la elección no quede resuelta tras los comicios generales y se necesite una definición en esa instancia. En este caso, el debate deberá realizarse 10 días antes de la fecha de la segunda vuelta.
La iniciativa modifica el Código Electoral Nacional y establece que estarán obligados a debatir públicamente "todos los candidatos cuyas agrupaciones políticas superen el piso de votos establecido para las elecciones primarias abiertas".
Para ello, los candidatos que no cumplan con esa obligación "serán sancionados con el no otorgamiento de espacios de publicidad audiovisual" para la campaña.
Se establece además que la Cámara Nacional Electoral, designada como la autoridad de aplicación de la norma, convocará a los candidatos elegidos en las primarias, cinco días después de su proclamación, a fin de determinar su voluntad de participación en el debate.
El mismo tribunal, con asesoramiento de organizaciones del ámbito académico y de la sociedad civil, convocará a los candidatos o representantes de los partidos a una audiencia en la que se acordará el reglamento, los moderadores y los temas para los debates.
Los debates presidenciales serán transmitidos en directo por todos los medios pertenecientes a Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (R.T.A. S.E), agrega el proyecto.
El diputado del FpV-PJ Juan Carlos Díaz Roig propuso incorporar un artículo para establecer penas a aquellos candidatos que no cumplieran con las "promesas de campaña" asumidas en sus plataformas electorales a través de una declaración jurada ante la Cámara Nacional Electoral. Pero su propuesta fue rechazada.
• Avanza regulación del paso de mando
Por otro lado, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo para ordenar el traspaso de mando presidencial entre el gobierno entrante y el saliente.
Con 138 votos afirmativos, 49 negativos y 4 abstenciones, la Cámara Baja aprobó y giró al Senado en la madrugada de este jueves esta iniciativa que surgió a la luz del revuelo que se produjo en diciembre del año pasado respecto del acto de asunción de Mauricio Macri.
En aquella oportunidad, el líder del PRO terminó recibiendo los atributos de mando de manos del presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, al no ponerse de acuerdo con la exjefa de Estado Cristina de Kirchner respecto del momento exacto de recambio presidencial, así como tampoco en relación al lugar donde se llevaría a cabo la ceremonia.
El miembro informante del oficialismo y presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Tonelli, reconoció que el proyecto "está inspirado en las dificultades que hubo en la etapa de transición antes de que asumiera el actual presidente" cuando, según dijo, hubo una "absoluta falta de colaboración" del gobierno saliente.
El proyecto establece que el mandato del presidente entrante comienza "a las 0 horas del día siguiente al de la finalización del mandato del presidente saliente, independientemente del juramento que prestará ante el Congreso Nacional".
También indica que la transición comienza "el día de proclamación de la fórmula presidencial ganadora por la Asamblea Legislativa, y finaliza el día de la asunción presidencial del nuevo mandatario".
En sus fundamentos, la norma enuncia que tiene como finalidad "favorecer una transición pacífica, ordenada, eficiente y transparente", en tanto que precisa que el período de transición abarca las "acciones que resulten necesarias para facilitar el cambio de la administración, particularmente, el suministro a las autoridades electas de toda la información sobre el estado de situación del gobierno".
El jefe de Gabinete del gobierno saliente tendrá la responsabilidad de coordinación de la transición, convocando a los funcionarios de los gobiernos entrante y saliente para hacer efectiva la transmisión de información básica, que comprende mínimamente la nómina de autoridades y personal, la situación financiera de cada uno de los ministerios, las contrataciones públicas, licitaciones y concursos.
Según el texto de la norma, el ministro coordinador deberá "velar por el cumplimiento de todos los actos simbólicos de entrega de mando de conformidad con los usos, costumbres y protocolo vigentes".
A su vez, la ley obligará al Gobierno entrante a enviar un informe al Congreso a los seis meses de haber asumido la gestión, el cual será publicado en Internet e exhibirá "la información recibida del gobierno anterior y el estado de situación de los organismos y entidades".
En tanto, la iniciativa busca prohibir que la gestión saliente pueda contraer créditos de deuda con organismos financieros nacionales o internacionales durante el período de transición, a excepción de que el trámite ya estuviera concluido de antemano o expresamente autorizado por el Congreso.
Se impedirá además que la administración saliente pueda en el transcurso de dicho período hacer designaciones de personal permanente, temporario u ocasional, ni tampoco efectuar recategorizaciones, traslados, ascensos, ni contrataciones, a menos que tengan la autorización del Parlamento.
El diputado Juan Brugge (UNA) calificó como un "avance" el proyecto que ordena el traspaso presidencial, y rescató el hecho de que se hayan definido actos de Gobierno y administrativos que prohíben la toma de crédito público y la designación de nuevo personal en el período de transición.
En la misma línea, la diputada Margarita Stolbizer celebró que haya prosperado la iniciativa del Poder Ejecutivo para ponerle una "fecha cierta" al período de transmisión de mando, aunque manifestó que habría "preferido que en lugar de hacer recaer la tarea en el Jefe de Gabinete se hubiera constituido una comisión conformada por los equipos de ambos presidentes".
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