16 dic. 2016

Aybar “salvó” una actualización de los tributos

El presidente del Concejo desempató la polémica votación de la ordenanza tarifaria. El alfarismo volvió a necesitar del voto desempate de su principal aliado en el Concejo Deliberante: el presidente del cuerpo, Javier Aybar. El Acuerdo para el Bicentenario (ApB, afín a la Intendencia) no reunió los votos suficientes para aprobar la ordenanza tarifaria para 2017, que prevé incrementos en los mínimos de las actividades comerciales, y empató en nueve votos con Tucumán Crece-PJ y Fuerza Republicana. Aybar, como presidente, desempató con el doble voto previsto en el reglamento interno y en la Ley Orgánica de Municipalidades. La Intendencia envió hace una semana un proyecto para elevar la cantidad de urbanos (unidad de medida de los tributos municipales) y actualizar los mínimos de diferentes actividades. La iniciativa no plantea modificaciones en las alícuotas del TEM (Tributo de Emergencia Municipal) ni en el CISI (Contribuciones que Inciden Sobre los Inmuebles), pero prevé reducir las zonas de pago del CISI, de seis a cuatro.  “El plan para el ejercicio fiscal del año que viene no plantea elevar las alícuotas, salvo el caso del rubro Diversión, Espectáculos Públicos y Deportivos, en donde se incrementa de 1,23 a 1,50 la alícuota de Cinematógrafos y Teatros. Hace mucho tiempo que no se actualizan estos mínimos, y actualizar en un 30% cuando entre 2015 y 2016 hubo una inflación de casi el 80% me parece correcto”, defendió José María Franco, presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto. David Mizrahi (Tucumán Crece-PJ), Ricardo Bussi y Eduardo Verón Guerra (FR), salieron al cruce y coincidieron en tildar la medida de un auténtico tarifazo. “Pasar de seis a cuatro zonas de pago es igualar para arriba, porque no todas las personas que viven en la ciudad tienen el mismo poder adquisitivo ni la misma calidad de servicios. Por más que se haya mejorado la situación en estos 12 años, hay muchísimos barrios donde aún no se ha llegado”, cuestionó Mizrahi. Verón Guerra se tomó media hora para analizar los porcentuales de suba de cada actividad. “Si hablamos de políticas públicas serias debemos hablar de austeridad”, dijo el bussista.
Roberto Ávila (PRO), recogió el guante y defendió a Alfaro. “De qué impuestazo hablamos, si con el cambio de zonas de pago algunos pagarán hasta $20 más. Sacar el carnet de manejo en la Capital tiene un costo de $50 por año, y en cualquier municipio del área metropolitana cuesta $150. Es una actualización”, defendió.
intentaron cambiar el nombre de la avenida kirchner.- La concejal Sandra Manzone pidió tratar sobre tablas el proyecto para reemplazar el nombre de la avenida Néstor Kirchner, y que vuelva a llamarse Julio Argentino Roca. La edil había presentado el proyecto a comienzos de año junto con Ricardo Bussi. Esta semana obtuvo el dictamen positivo de la comisión Peticiones y Poderes. Si bien la iniciativa debía ser tratada también por las comisiones de Hacienda y Presupuesto (presidida por el peronista José María Franco) y por Moralidad (encabezada por la manzurista Dolores Medina Taljuk), algunos concejales del ApB y del bussismo intentaron tratarla ayer en el Concejo. Para ello, debían reunir dos tercios de los votos, pero la intentona fracasó: sólo Manzone, Bussi, Eduardo Verón Guerra y Agustín Romano Norri votaron a favor de su tratamiento.
Seguridad municipal.- Se aprobó por unanimidad el proyecto de ordenanza promovido por el macrista Roberto Ávila para la implementación del Sistema de Seguridad y Vigilancia por Cámaras de Video municipal.
Adhesiones a leyes provinciales.- Los concejales sancionaron por ordenanza la adhesión a la ley provincial 8.895, de Trato Digno a Consumidores y Usuarios. La normativa establece penas a dependencias públicas en las que los usuarios deban hacer filas por más de media hora. El municipio también adhirió ayer a la ley nacional 25.506, que incorpora la firma digital en los expedientes de la Capital.
Sanciones contra la violencia de género.- Los ediles sancionaron ayer la inclusión, entre los causales de sanciones disciplinarias de los empleados de la Muncipalidad, tener “condenas por sentencia judicial firme por delitos relacionados con la violencia de género”, según marca el texto de la ordenanza promovida por el radical Agustín Romano Norri.
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