27 ene. 2017

Manzur le reclama $ 47 millones al intendente Alfaro

El Instituto de Previsión y Seguridad Social exige esa deuda por los aportes sociales y previsionales impagos de seis meses de 2015 El interventor del Subsidio solicitó que la Provincia descuente la deuda de los pagos por coparticipación destinados a la Intendencia. El conflicto político entre el Poder Ejecutivo (PE) y la Municipalidad capitalina por reclamos financieros promete calentar el año electoral. El Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (Isspt) solicitó que la Provincia le descuente a la Capital los fondos que le corresponden por coparticipación hasta que se salde una deuda de $ 46,8 millones que la Intendencia tiene con el Instituto. El interventor del Subsidio de Salud, Fernando Avellaneda, solicitó al Gobierno de la Provincia (por la resolución 433, firmada el 16 de enero pasado) que retenga las liquidaciones de fondos que le corresponden a la Municipalidad por coparticipación nacional y provincial, hasta saldar el pasivo por los pagos adeudados por la Intendencia por aportes previsionales. El Instituto reclama una deuda de $ 33,4 millones por la mora de Contribuciones Patronales y Aportes Personales de seis meses de 2015. En concepto de intereses (3% mensual), el Subsidio exige un adicional de $ 13,4 millones por la deuda, actualizados hasta noviembre de 2016. De esta forma, la deuda reclamada en este ítem a la gestión de del intendente, Germán Alfaro, alcanza $ 46,8 millones. En la resolución se consigna que el reclamo no incluye otras deudas históricas que el Subsidio exige a la Capital. La resolución de Avellaneda, ex número dos del Ministerio de Salud durante la gestión de Pablo Yedlin al frente de esa cartera, salió a la luz luego de que el Tribunal de Cuentas (TC) iniciara un expediente para someter ese instrumento a Control Preventivo de la Ley. Según el Acuerdo N° 145 del órgano de control, que lleva la firma del vocal Sergio Díaz Ricci, el TC solicita al Instituto de Previsión Social la planilla del cálculo de los intereses para su análisis.
El instrumento firmado por Avellaneda fue dictado semanas después de que trascendiera que la gestión de Alfaro había recibido un Aporte del Tesoro Nacional (ATN) por $ 40 millones. La ayuda financiera de la Nación para con una de las cuatro intendencias del Acuerdo para el Bicentenario-Cambiemos de la provincia había despertado las críticas de los demás intendentes del Partido Justicialista, que consideraron injusto el auxilio.
Mora de aportes
Los reclamos del Subsidio iniciaron en febrero de 2016. A través el expediente 1-1470-2016, se consignó que la Intendencia no había pagado los aportes sociales de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2015 de los empleados municipales (los últimos cuatro meses de la gestión de Domingo Amaya y los primeros dos de Alfaro). La suma alcanzaba $ 33,4 millones. La queja por escrito a la Municipalidad era el corolario de otras notificaciones enviadas a funcionarios capitalinos. Ninguna había sido respondida, de acuerdo al documento del instituto.
Según habían consignado funcionarios del Subsidio, la deuda equivale a un mes de prestaciones que la obra social debe abonar a las clínicas y a los sanatorios que atienden a sus afiliados. En toda la provincia hay alrededor de 148.0000 aportantes, con más de 315.000 afiliados. En la capital los titulares son 5.165, con 16.049 afiliados. El expediente separó esa deuda de un pasivo histórico de la Capital con el instituto previsional, entre octubre de 1995 y diciembre de 2003.
El expediente había sido reflotado por funcionarios provinciales en noviembre del año pasado, cuando los intereses llevaron la deuda a $ 41 millones. En ese momento, Alfaro insistía en su reclamo por modificar el régimen de coparticipación de impuestos nacionales y provinciales, en su cruzada por las autonomías municipales. “El presupuesto provincial para 2017 será de $ 54.600 millones. ¿Dónde están los recursos? Los puentes caídos por las inundaciones siguen caídos y los canales siguen sin repararse”, había disparado el jefe municipal. La réplica había sido cortesía del vicepresidente primero de la Legislatura, Guillermo Gassenbauer: “es sorprendente que el intendente no esté ocupado en su gestión y en revisar por qué hace meses no realiza los aportes sociales de sus trabajadores”, había cruzado el alperovichista.
Los funcionarios de la Municipalidad habían insistido en que las quejas por la deuda del Subsidio no estaban fuera de lugar. Según su postura, tras la firma del convenio de refinanciación de deuda con la Provincia, se había acordado que los equipos técnicos de Casa de Gobierno y del municipio continúen los trabajos para esclarecer otros pasivos cruzados reclamados, entre ellos, la deuda al Subsidio. En agosto, ambas administraciones habían acordado que el PE refinanciara $ 296 millones correspondientes al Fondo Fiduciario en 240 cuotas (20 años), con el 6% de interés y con un año de gracia (con la posibilidad de extender ese beneficio por otro año, de común acuerdo).
Oficiosamente, funcionarios del Ministerio de Economía habían aclarado que las deudas cruzadas que el municipio mantenía con organismos autárquicos no ingresaban dentro del acuerdo para el estudio de los pasivos, sino que debían tratarse por separado del convenio firmado.
Siete momentos del conflicto financiero
1- La Provincia refinanció a la Municipalidad $ 296 millones del Fondo Fiduciario a 240 cuotas (20 años), con el 6% de interés y con un año de gracia.
2- El primer vencimiento de la refinanciación vencerá el 31 de julio de este año. Puede postergarse un año más, con el común acuerdo de las partes.
3- Semanas después del convenio, el PE autorizó el envío de $ 20 millones a modo de préstamo hacia la Municipalidad, pagadero en seis cuotas sin interés.
4- A pesar del acuerdo, Alfaro encabezó junto con los intendentes del Acuerdo para el Bicentenario un reclamo para aumentar los recursos coparticipables.
5- La Intendencia le reclamó al PE $ 85 millones, que Alfaro consideraba le correspondía como porcentaje de un préstamo por $ 1.360 millones a la Nación.
6- Alfaro anunció la contratación del abogado Antonio María Hernández para demandar al PE, para garantizar la autonomía política y financiera del municipio.
7- La Municipalidad recibió un ATN por $ 40 millones los primeros días de enero. Trascendió que había recibido otro ATN por $ 25 millones en mayo de 2016.
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