27 ene. 2017

El legislador Brodersen tiene miedo

Brodersen tiene miedo que desaparezcan pruebas
Reiteró el planteo para que se comunique a la Fiscalía Penal de Feria sobre la posible desobediencia judicial de la Legislatura El legislador persevera para que se cuiden los comprobantes de los gastos sociales otorgados en 2015 y en 2016. La única causa sobre los millonarios gastos sociales habilitada para su tramitación durante la feria judicial en los distintos fueros podría permanecer sin novedades procesales hasta el regreso del ritmo habitual en los tribunales. Y según el impulsor de esa demanda, el legislador Luis Brodersen (bloque PRO-A), esa espera podría poner en riesgo documentación clave para la resolución del caso. El macrista insistió con un planteo a través de su abogado, Carlos Correa, para requerir que se adopten dos medidas concretas de manera urgente durante la feria. En primer lugar, Brodersen remarcó que la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo dictó en noviembre pasado una cautelar ordenando al vicegobernador, Osvaldo Jaldo, el resguardo de los comprobantes de los gastos sociales ejecutados entre julio de 2015 y agosto de 2016. El opositor recordó que el oficio con la notificación de esa sentencia interlocutoria fue devuelto -y por lo tanto, rechazado- por las autoridades del Poder Legislativo. Según Brodersen, es clave la protección de esa documentación. “Es urgente que se ordenen las medidas necesarias para hacer efectiva la cautelar dispuesta (...). En lo que resta de la feria judicial, la documentación puede ser cambiada de lugar, como sucedió el año pasado”, señaló.
En segundo lugar, Brodersen destacó que el cuerpo colegiado lleva dos meses sin cumplir con la cautelar. Por ello, insistió para que se remitan copias del expediente a la Fiscalía Penal de Feria por la posible comisión del delito de desobediencia judicial por parte de las autoridades legislativas.
Asistencia en efectivo
En 2015, la Legislatura gastó $ 615,6 millones en supuestos subsidios. El año pasado, el presupuesto para los gastos sociales alcanzó los $ 150 millones. El régimen de ayudas fue derogado el 22 de agosto (siguen los aportes a ONG).
Brodersen inició una demanda en 2016 para que el fuero contencioso determine la legalidad de la entrega de subsidios por parte del Poder Legislativo, ya que no figura entre los deberes y atribuciones otorgadas por la Constitución provincial a los representantes del pueblo. En ese sentido, el macrista solicitó a modo de prueba las copias de los recibos de las ayudas sociales otorgadas entre julio de 2015 y agosto de 2016. La Sala II, integrada por Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello, dio lugar al planteo. Luego, Brodersen también requirió una cautelar para la protección y resguardo de la evidencia. El tribunal otra vez le dio la razón, pero fue recusado por los abogados de la Legislatura y del Poder Ejecutivo (en representación de la Provincia), quienes los señalaron por un supuesto “odio visceral” hacia el órgano legislativo.
Brodersen había requerido la intervención de la Justicia penal días atrás, por la posible desobediencia judicial. La Sala II, que actúa en la feria, se inhibió. El caso pasó al juez de feria en lo Civil y Comercial Común, en Documentos y Locaciones y de Apremios, Carlos Courtade. El vocal decidió que el planteo quedara reservado para su resolución por parte de los jueces naturales de la causa. Pero Brodersen insistió con una advertencia: “las medidas revisten urgencia”.
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