A través de una carta documento dirigida al presidente de la Legislatura, Regino Amado, un ciudadano denunció presuntas irregularidades en el nombramiento de personal por parte de legislador alperovichista Iván Llorens Dip. Pablo Antonio Carabajal, con el patrocinio del abogado Gustavo Morales, pidió a Amado que "se revisen los contratos y designaciones realizados por Llorens Dip, especialmente en el caso de Walter Fabián ’Keko’ Sánchez, hermano del fiscal de instrucción de la IV Nominación de Concepción, Edgardo Leonardo Sánchez".
En la carta documento se consigna que el citado Keko Sánchez "no trabaja y cobra".
"Su única labor a la par del mencionado legislador es la de pertenecer a un grupo de choque, junto a otros sujetos con antecedentes delictivos, como un tal ’Poni’ Albornoz", se agrega. "Es de destacar que Walter Fabián Sánchez tiene numerosos procesos penales por delitos contra la propiedad -hurto, robo y robos agravados-, cuyas investigaciones permanecen paralizadas por influencia de su hermano, el fiscal arriba citado", puntualiza la denuncia. "En consecuencia, se solicita se disponga el cese de la relación laboral de la Legislatura con el cuestionado ’Keko’ Sánchez", finaliza la carta documento dirigida a Regino Amado.
Denuncia archivada
En mayo de 2013, en menos de una semana, un fiscal del Centro Judicial de Concepción decidió archivar una denuncia por estafas reiteradas y violación de los deberes de funcionario público contra el legislador oficialista Iván Llorens Dip, presentada por un grupo de ex empleados de comunas rurales. Luego de escuchar los testimonios de los ocho denunciantes, el fiscal de la IIIª Nominación, Jorge Echayde, desestimó la denuncia. En ella, se acusaba al parlamentario por exigir, cuando se desempeñaba como secretario de Coordinación de Comunas Rurales, un porcentaje de los salarios de los trabajadores comunales por el hecho de haberlos nombrado. El abogado de los trabajadores, Eduardo Monteros, criticó con severidad la decisión del funcionario judicial, a quien acusó de tratar a los denunciantes "como si fueran los victimarios".
"Sin investigar nada terminó archivando la causa", se lamentó el letrado.
Según la presentación judicial, realizada por Adrián Medina, Carlos Belmonte, Mariela del Valle Bulacio, Eduardo Navarro, Alejandra Acosta, Argentino Núñez, Andrea Zárate y Gustavo Rodríguez, Llorens Dip se habría apropiado en algunos casos de más de la mitad del salario de los trabajadores, y habría recaudado de esta forma -según Monteros- más de $ 400.000.
1 comentario:
Conozco a la gente denunciante, y me gustaría realizar una aclaración, que estimo pertinente. Los $400.000.- de los que allí se hablan, no sería el total percibido irregularmente, sino el monto estimativo que el Sr. Llorens recibía MENSUALMENTE, mientras ellos trabajaban en las comunas.-
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