16 dic. 2014

FISCALES PROCESADO

Por no investigar a Báez, procesaron al fiscal Gonella
Había imputado solamente a Elaskar y Fariña. Es el titular de la Procelac, muy cercano a la procuradora Gils Carbó. Por la misma razón, el juez Martínez de Giorgi también procesó al fiscal Gabriel Orsi. Los acusan de prevaricato. El fiscal Carlos Gonella, uno de los principales colaboradores de la procuradora general Alejandra Gils Carbó y titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) fue procesado ayer junto con otro colega por la presunta comisión del delito de prevaricato, esto es el dictado de resoluciones contrarias a la ley.
La decisión fue tomada por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien les endilga no haber incluido al empresario kirchnerista Lázaro Báez en el requerimiento de instrucción de la causa abierta el año pasado contra el financista Federico Elaskar y el detenido “valijero” Leonardo Fariña por lavado de dinero luego de su aparición en el programa de TV Periodismo Para Todos (PPT). El otro procesado se llama Omar Orsi y trabaja junto a Gonella en la Procelac. Ambos fiscales se presentaron en los tribunales federales de Comodoro Py hace más de un año y medio para aportarle datos al dictamen que en ese momento formulaba contra Báez el fiscal Ramiro González, quien subrogaba a su colega Guillermo Marijuán, quien luego terminó imputando a Báez. Tras la visita de Gonella y Orsi, González modificó el dictamen que se había elaborado en la fiscalía de Marijuán y circunscribió el pedido de investigación sólo a Elaskar y Fariña, ya que los visitantes le habían arrimado información sobre ellos existentes en la Unidad de Información Financiera (UIF) a partir de reportes de operaciones sospechosas (ROS) emitidos por varios bancos.
Martínez de Giorgi, el mismo juez que mañana indagará al ministro de Justicia, Julio Alak, en otra causa, procesó a Gonella y Orsi por presunta violación del artículo 272 del Código Penal en función del artículo 271. Ambas disposiciones prevén multa e inhabilitación de hasta seis años para ejercer cargos públicos para “el abogado o mandatario judicial que defendiere o representare partes contrarias en el mismo juicio, simultánea o sucesivamente o que de cualquier modo perjudicare deliberadamente la causa que le estuviere confiada”. Esta última parte del Código es lo que aplica para la causa seguida contra Gonella y Orsi, según explicaron fuentes judiciales en base a las supuestas dilaciones de los fiscales para aportar datos sobre Báez al inicio de la causa abierta como consecuencia de la primera emisión 2013 de PPT. Allí, tanto Elaskar como Fariña admitieron haber lavado dinero de Báez, aunque luego se desdijeron en otro programa de TV y más tarde en la Justicia. Pero todas las denuncias que se presentaron en los tribunales de Comodoro Py tras la emisión del programa denunciaban concretamente a Báez, recordó el juez en su resolución, difundida ayer por el Centro de Información Judicial (CIJ). “El requerimiento presentado por los imputados representó un recorte a los proyectos que se confeccionaran en la Fiscalía nro. 9 en virtud de la inicial solicitud del Dr. Ramiro González y a los que ya se hiciera referencia, los que impulsaban la acción en similares términos y consideraciones al que efectuara luego de su licencia el Fiscal Guillermo Marijuan”, sostuvo Martínez de Giorgi. Según el juez, el requerimiento acotado hecho por Gonella y Orsi al inicio de la causa, una etapa fundamental, dijo, “fragmentó la plataforma fáctica de la investigación en trámite actualmente ante el Juzgado nro. 7 del fuero, ocasionando un direccionamiento en el trámite de ese proceso y con ello la imposibilidad de adoptar medidas de investigación pertinentes, útiles y urgentes sobre los hechos que no fueron alcanzados por el impulso de la acción penal”. El magistrado acusó a Gonella y Orsi –a quienes hizo referencia el sábado la presidenta Cristina Fernández de Kirchner– de “desviar la atención de la investigación” al haber “modificado intencionalmente el marco fáctico” de lo planteado en las cuatro denuncias que habían ingresado a Tribunales tras la emisión de PPT y que incluían al empresario favorecido por la mayoría de la obra pública en la provincia de Santa Cruz. “El direccionamiento de la investigación por parte de los imputados ocasionó una demora en la investigación –de casi veinte días desde la formulación de la primera denuncia– que conspiró contra la eficaz persecución de un delito complejo como el lavado de activos, perjudicándose la causa que le fuera confiada al generar la imposibilidad de adoptar las medidas de investigación pertinentes en relación a los hechos que no fueron alcanzados por ese impulso de la acción penal”, expresó el juez.
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