Con los votos de los vocales Vitar y Macoritto, la Cámara de Apelaciones avaló las detenciones de 11 piqueteros que habían sido pedidas por el fiscal Echayde. Según el camarista Enrique Pedicone, el Ministerio Público protege a los funcionarios estatales al incriminar solamente a los manifestantes.
El camarista Enrique Pedicone piensa que la persecución penal de los autores de la violencia que opacó el debut del radical Roberto Sánchez como intendente de Concepción debería alcanzar también a Osvaldo Morelli, el ex jefe municipal oficialista que se fue incorporando 500 empleados a la planta permanente. El magistrado sustentó esta posición al tratar el hábeas corpus presentado por la defensa de 10 de los piqueteros acusados de instigar la comisión de delitos contra la Municipalidad, sedición, atentado, resistencia a la autoridad y desobediencia judicial. “El Ministerio Público (a cargo de Edmundo Jiménez) no puede rebelarse ante los sectores más desprotegidos como un poder espectral que los disciplina privándolos de libertad, y mostrarse amigable con quien tiene privilegios constitucionales (Morelli)”, dijo el juez, que quedó en minoría puesto que los camaristas Liliana Vitar y Rafael Macoritto (reemplazó a Eudoro Albo) convalidaron las detenciones dispuestas por el juez Guillermo Acosta,previa solicitud del fiscal Jorge Echayde. En la resolución del 13 de noviembre, Pedicone dijo de entrada que se trataba de un tema grave, y recordó que el país se había comprometido a cumplir con la Convención Interamericana contra la Corrupción, que prescribe que los Estados deben instrumentar las medidas necesarias para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas, entre otras obligaciones. También manifestó que Acosta había autorizado la detención de un grupo de manifestantes nombrados “en forma intempestiva” por el “intendente anterior” y cesanteados por Sánchez. “Si bien el fiscal es el titular de la acción pública y el que debe -si corresponde- poner en marcha el proceso, (...) su actuación no resiste un análisis de logicidad. En estas actuaciones el fiscal acusa al menos de siete delitos a los manifestantes, pero no especifica qué conductas y quiénes las desplegaron en cada caso. Por otro lado incurre otra vez, pero al revés, en ilogicidad cuando observamos que, respecto del intendente saliente (Morelli), especifica y detalla su conducta sobre masivas designaciones días antes de su salida, que son pasibles de atribución de al menos tres delitos tipificados en el Código Penal, a lo que se suma la transgresión a la Ley de Administración Financiera N° 6.970. Sin embargo, nada dice sobre los tipos penales que pueden atribuirse a Morelli”, objetó Pedicone, que en el pasado se desempeñó como intendente de Monteros y legislador por el Partido Justicialista.
A diferencia del camarista disidente, que sentenció que había que hacer lugar al hábeas corpus, y apartar del caso a Echayde y a Acosta, Vitar y Macoritto coincidieron en que correspondía dar el visto bueno a las detenciones. En su carácter de preopinante, Vitar dijo que no había arbitrariedad en la decisión cuestionada: “la falta de fundamentación debe ser de tal entidad que la resolución resulte privada de razones suficientes, aptas y esencialmente idóneas para justificar la parte dispositiva”.
Privación de la libertad
La privación de la libertad ordenada por Acosta (previo pedido de Echayde) contra 11 manifestantes hace expresa referencia al hecho que se investiga, a las normas procesales y a los tipos penales, según el voto de la mayoría. “El derecho a la libertad no es absoluto: tiene las limitaciones de las leyes procesales. Desde esta perspectiva y correspondiendo en la instancia un análisis acotado, no puede tenerse como arbitraria o ilegítima la orden (cuestionada) ni como violatoria de garantías constitucionales”, afirmó Vitar. Macoritto, que hasta hace días se desempeñaba como relator del ministro público Jiménez, suscribió la posición de la jueza sin agregar consideraciones. La intervención del flamante vocal de la Sala III de la Cámara Penal -juró en el cargo actual el 10 de noviembre- procedió por sorteo.
Pedicone, que llegó a la magistratura en junio pasado, interrogó: “¿puede el juez de garantías concretar el poder punitivo del Estado en contra de la parte más débil del conflicto (los trabajadores)? ¿Puede el juez de control tolerar la arbitrariedad del fiscal al ignorar la responsabilidad del autor de las designaciones? (por Morelli). ¿Puede esta alzada no hacerse cargo de su obligación de hacer efectivas las garantías constitucionales ante la autocontradictoria decisión del juez de control que, reitero, describe actuaciones ilicítas de Morelli, pero no lo acusa y, a la vez, acusa a trabajadores, pero omite decir qué conducta desplegaron cada uno?”.
Este año, Morelli pasó de la intendencia de Concepción a la Legislatura, donde asumió como legislador alperovichista. “Me dejó una bomba”, dijo Sánchez, su sucesor, respecto de los 500 pases a planta que encontró. La decisión de revisar las designaciones “caso por caso” derivó en un conflicto de hecho: los afectados por la nueva política atacaron la sede municipal e impidieron la salida al intendente, que permaneció atrincherado. La noticia trascendió las fronteras con rapidez: en otras localidades de la provincia y del país, otros mandatarios salientes habían emulado a Morelli. La crisis del miércoles 11 de noviembre fue aplacada por el Poder Ejecutivo provincial, quien ofreció a Sánchez la posibilidad de seguir pagando los sueldos de los empleados que el ex intendente de Concepción había beneficiado a último momento, oferta que Sánchez aceptó de inmediato. A partir de entonces, la paz volvió a la segunda ciudad tucumana.
Pero el proceso penal sigue -sólo- contra quienes presuntamente participaron en el conflicto, entre ellos, Norberto José María Rodríguez, Pedro Nicolás Albornoz, Héctor Gabriel Ramón Albornoz, Héctor Pedro Delgado, Carlos Edgardo Rodríguez, Miguel Ángel Luna, Miguel Ángel Carrizo, Cristian Rojas, “Gary” Valdez y Sergio Muro. Ayer, todos quedaron en libertad previo pago de una fianza.
Los 11 imputados por sedición quedaron en libertad ayer
CONCEPCIÓN.- La Justicia resolvió ayer dejar en libertad, bajo una fianza personal de $ 50.000, a las 11 personas imputadas de incurrir en sedición, amenazas y daños durante la protesta laboral que protagonizaron la semana pasada frente a la intendencia local. La mayoría son municipales y otros allegados que los apoyaban en sus reclamos.
La causa se inició con la denuncia que formalizó el intendente Roberto Sánchez ante el fiscal Jorge Echayde luego de que, la semana pasada, varios manifestantes reaccionaran enfurecidos contra su decisión de anular decretos, firmados por el ex intendente Osvaldo Morelli, mediante los cuales habían sido incorporados a la planta de permanentes. Echayde logró individualizar a 11 personas que habrían tenido participación activa en hechos de vandalismo. Con esas pruebas solicitó al juez Guillermo Acosta que dispusiera de sus aprehensiones. La orden fue librada el jueves y el sábado, durante varios allanamientos, sólo fue aprehendido un hombre. Los restantes se presentaron voluntariamente ayer, acompañados por el letrado Pedro Brito. Todos prestaron declaración hasta después del mediodía. “Lo que se hizo es rechazar las incriminaciones y dejar en claro que se trató de una protesta en defensa del trabajo”, dijo Brito.
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