El legislador y referente de ATSA espera por asesores y fondos para ayudas, al igual que sus pares. Cheques por $ 490 millones “Adquirimos compromisos y no los pudimos cumplir”, dijo Ramírez.
Entre enero y septiembre, la Legislatura desembolsó $ 490 millones bajo el concepto de “ayudas sociales a personas”. Más allá de la potestad del cuerpo colegiado de reasignar partidas presupuestarias, en esa caja de uso discrecional quedaban $ 15,5 millones para afrontar el último trimestre del año. Y aunque el vicegobernador Osvaldo Jaldo les anunció a los empleados de la Cámara que sus sueldos están garantizados, los nuevos legisladores están sintiendo en carne propia la herencia financiera que les dejó la anterior composición parlamentaria.
“Estamos con mucha presión por eso (N. de la R.: alude a la falta de recursos), porque hay personas con las que ya adquirimos el compromiso de ayudarlas con chapas o para cambiar el colchón. Y hasta ahora no lo he podido cumplir”, le contó el oficialista Reneé Ramírez. En su primera experiencia en una banca legislativa, el secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) todavía no percibió fondos de la partida “ayudas sociales a personas” ni le asignaron asesores, al igual que al resto de sus pares. A dos meses y medio de las tensas elecciones provinciales, en el cuerpo colegiado la situación económica apremia a más de uno. Pero Ramírez fue el primero que puso sobre el tapete, con su nombre y apellido, aquellas preocupaciones. “Recién nos estamos acomodando, hace una semana que nos dieron la oficina y mañana (por hoy) me voy a reunir con el titular del bloque oficialista (Julio Silman) y con el presidente de la Cámara, el vicegobernador Jaldo”, indicó el referente de la sanidad. Los 49 legisladores reciben dos clases de recursos del erario: por un lado la dieta -está prevista en la Constitución provincial y es equivalente al sueldo-, que está fijada en unos $ 25.000; por otro, los fondos para “ayudas sociales a personas”, conocidos como gastos sociales, que son dineros de uso discrecional cuyo reparto en el edificio de Muñecas 951 es un misterio desde hace años. Sí se sabe que es el único tipo de pago que se efectúa en mano en la Cámara.
Mediante fotos, registros bancarios, testimonios y otros documentos, El Diario LA GACETA reconstruyó cómo era el sistema para llevar el dinero a la Legislatura. A menudo, un empleado de Tesorería retiraba una o más valijas con efectivo de la sede de calle San Martín al 700 del Banco Tucumán-Grupo Macro. Con escolta policial pero sin identificación especial, llevaban el dinero al palacio legislativo en una Toyota Hilux (dominio LWT-252) registrada a nombre de la Cámara. Mediante este sistema, en junio fueron extraídos $ 47 millones de la cuenta N° 200 98043/8, denominada Honorable Legislatura de Tucumán. En julio, otros $ 53 millones. En agosto, mes de las PASO y de las elecciones provinciales, fueron retirados $ 91,7 millones.
Los fondos habrían sido desembolsados bajo la figura “ayudas sociales a personas”. El abogado Oscar López hizo una denuncia por un supuesto uso irregular de esos fondos ante la Justicia provincial, y acusó al ex vicegobernador y actual mandatario, Juan Manzur, al ex secretario y hoy legislador, Juan Ruiz Olivares, y al tesorero generalClaudio Pérez, entre otros. Además, el fiscal federal general Antonio Gómez inició actuaciones preliminares con el objetivo de constatar si hubo algún delito vinculado con el lavado de activos.
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