7 oct. 2016

El Concejo adherirá a la ley antidrogas

El intendente envió al cuerpo un proyecto de ordenanza. Apoyo de ediles
Intendente, secretarios, directores y jueces de falta por la Municipalidad. Concejales, secretarios, prosecretarios y directores por el Concejo Deliberante. Todos esos funcionarios de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán deberán realizarse un examen antidrogas, de acuerdo al proyecto de ordenanza que remitió esta semana el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) al cuerpo deliberativo para adherir a la ley N° 8.850. El jefe municipal, Germán Alfaro, había adelantado hace dos semanas que enviaría la iniciativa para ser tratada por los concejales. Ediles de los tres bloques del cuerpo se habían mostrado a favor de la propuesta de adhesión, que será debatida en las comisiones de Salud, y Peticiones y Poderes. “El ejercicio de la función pública exige el compromiso personal e institucional de la lucha contra las adicciones a drogas ilegales. Certificar que un funcionario no está expuesto a situaciones de riesgo por causa de las mismas es un compromiso ético que debemos estar dispuestos a asumir institucionalmente”, expresa en los considerandos el proyecto.
La ley provincial fue sancionada en marzo en la Legislatura, luego de la escandalosa detención del legislador Emiliano Vargas Aignasse. El peronista había girado en “U” en la Ruta 9 antes de un control en Santiago del Estero. Cuando un móvil policial lo detuvo le incautaron 47 gramos de marihuana. El juez federal de es provincia, Guillermo Molinari, procesó al parlamentario, al que se le otorgó una licencia en la Cámara (fue extendida en tres oportunidades). A mediados de septiembre el Poder Ejecutivo (PE) publicó en el Boletín Oficial el decreto de reglamentación de la norma, donde establece que cada poder del Estado deberá definir su aplicación. El primer funcionario en someterse al control fue el gobernador Juan Manzur. Se dieron 90 días de plazo para realizar el primer análisis.
El artículo 4 del proyecto de ordenanza prevé un plazo de 30 días para que los funcionarios municipales para someterse al primera evaluación, que deberá repetirse anualmente. La iniciativa estipula que los estudios para determinar el metabolito de drogas ilegales en orina (DDO) deben realizarse en el laboratorio de análisis bioquímicos de la Dirección de Salud Municipal. Está prevista la posibilidad de una contraprueba con peritos de parte en caso de un resultado positivo.
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